El requerimiento fue presentado en la capital departamental, San José del Guaviare, por líderes del resguardo que acoge cerca de 22 familias de la comunidad Jiw y otras 42 de la Tukano del Oriente, dedicadas la agricultura y la pesca en el río Guaviare.

«Esto es una alegría (instauración de la demanda) producto del trabajo de las comunidades y todo el resguardo, estamos seguros de que este proceso es demorado pero va a salir adelante», manifestó a Efe el capitán del resguardo, José Antonio Méndez.

La Fuga posee en la actualidad 3 mil 680 hectáreas después de que en 1979 el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) redujera mediante una resolución oficial el total de tierras destinadas para esas comunidades, el cual era de 8 mil 360 hectáreas.

Méndez aseguró que su comunidad perdió los terrenos durante el conflicto armado y por la influencia en esa zona del grupo guerrillero FARC, quienes junto a los terratenientes emplearon sus tierras para la siembra de cultivos ilícitos.

El Guaviare, una extensa región selvática, fue en los años 90 una de las principales zonas productoras de coca del país y escenario de conflictos sociales así como de enfrentamientos entre el Ejército y distintos grupos al margen de la ley.

«Somos conscientes de que es un proceso largo, tenemos claro que no es solo restituir tierras sino también de restituir los derechos territoriales», apuntó Méndez.

Durante el acto, presidido por Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) del Gobierno colombiano, curanderos de los pueblos aborígenes del Guaviare llevaron a cabo el «ritual de los payes» con el cual buscan el respaldo de la naturaleza para recuperar los terrenos.

Sabogal afirmó que por primera vez en este departamento las comunidades indígenas tienen herramientas que les permitan defender sus territorios con la compañía y asesoramiento del Estado colombiano.

«Es un acto con mucho contenido, es la primera vez que ocurre esto, una entidad del Estado que viene a defenderles su territorio el cual nunca debieron haber perdido por cuenta del conflicto», añadió Sabogal.

El funcionario aseguró que el departamento posee el terreno suficiente para entregar a las comunidades un espacio propio y también para que los «colonos de la región» continúen con sus actividades ganaderas y agrícolas.

Con este acto, la URT ha radicado ante jueces de restitución de tierras un total de 18 demandas para proteger a poblaciones minoritarias, 12 de ellas para grupos indígenas y 6 más para poblaciones negras.