Pekín, 24 nov (EFE).- El Gobierno de Pekín confió en que los ciudadanos chinos acusados hoy por un tribunal tailandés de colocar el pasado 17 de agosto una bomba en un céntrico templo de Bangkok, que causó 20 muertos y más de cien heridos, «rindan cuentas».
Un tribunal militar tailandés presentó hoy cargos contra los dos únicos detenidos por el suceso de agosto, Mohamed Bilal y Yusufu Mieraili, identificados por las autoridades del país como uigures, la minoría étnica musulmana de la región china de Xinjiang (noroeste).
El fiscal militar imputa a los acusados diez cargos, incluidos los de conspiración, asesinato premeditado y posesión de explosivos, aunque no les acusó de terrorismo.
El portavoz de Exteriores chino mostró su apoyo a las autoridades tailandesas y lamentó que en el atentado del pasado verano, el más grave en la historia de Tailandia, «se perdieron muchas vidas inocentes».
Una de las teorías planteadas por la policía tailandesa como posible razón del atentado de Bangkok vinculó este ataque con la deportación a China de más de un centenar de uigures que tuvo lugar en julio, unas semanas antes de que estallara la bomba.
Esta decisión fue criticada por terceros países y organizaciones defensoras de los derechos humanos, pero Pekín la respaldó argumentando que los deportados eran «contrabandistas».
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denunció hace unos días que otros dos activistas chinos, Jiang Yefei y Dong Guanping, han sido extraditados desde Tailandia al gigante asiático pese a su estatus de refugiados.
Sin embargo, el Gobierno chino defendió este lunes su deportación y los acusó de ser culpables de «actos criminales», sin ofrecer más detalles.
