Durante su ejercicio como Procurador, que inició el 25 de mayo de 2014, Alejandro Jaime Gómez Sánchez ha sido señalado por omisiones no sólo por el expediente Tlatlaya sino también por no actuar en casos de tortura y represión en contra de jóvenes y activistas.
Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Procurador de Justicia del Estado de México, quien durante las investigaciones del caso Tlatlaya aseguró que no existían pruebas de que se hubiera alterado la escena donde fueron ejecutados 22 civiles por parte de elementos del Ejército, podría convertirse en Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Su nombre aparece en una de las dos ternas que propuso al Senado el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado 13 de noviembre para ocupar los lugares que dejarán vacantes el próximo 30 de noviembre Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, quienes concluyen sus periodos.
Peña Nieto presentó dos ternas: la primera de las ternas está integrada por: Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle. La segunda terna está conformada por: el Magistrado Álvaro Castro Estrada, el Procurador Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Laynez Potisek.
“Para nosotros, como organización de derechos humanos, se nos hace preocupante que se postule a una persona para algún cargo de tal envergadura, cuando en violaciones a derechos humanos en el Estado de México existen dos rubros negros que deben de ser atendidos antes de que quien conduce la Procuraduría piense en instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación: el primero es que existe una práctica sistemática de la tortura en el Edomex, ya sea para arrancar declaraciones inculpatorias de las personas detenidas o bien para acusar a personas mediante testimonios obtenidos bajo tortura, y esas dos rutas son bastante frecuentes”, señaló a SinEmbargo José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
El representante de la organización, que opera en el Edomex, aseguró que la práctica de la tortura no solamente es una constante por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) sino que ésta es generalmente contra jóvenes de familias de escasos recursos, “es decir, hay una política pública e institucional de aplicar la tortura con los sectores mas vulnerables, creyendo que el costo social mediático va a ser menor porque al fin de cuentas son personas excluidas”.
Por su parte, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Basave Benítez, expresó ayer en conferencia de prensa que en el caso de la Suprema Corte, en la terna masculina «se lanzó una bola de humo con el Procurador del Estado de México para atraer la atención hacia su persona como alguien cuestionable, vetable por su cercanía con el Presidente de la República para dejar allanar el camino a otro candidato que es Laynez, de quien también sabemos o de cuya cercanía también conocemos con el gobierno y con el Secretario de Hacienda – Luis Videgaray Caso- en particular».
Consideró que existe un «proyecto para revertir la de por sí inconclusa transición democrática que vivimos, me parece que estos inminentes nombramientos en estos órganos nos están corroborando algo que nos preocupa a muchos, es ese retorno de el control presidencial de prácticamente todo en este país, como lo era antes, como lo era en el antiguo régimen, en donde no se movía la hoja de un árbol en el país sin la voluntad del Presidente».
GÓMEZ SÁNCHEZ Y TLATLAYA
En un breve perfil difundido por la agencia Notimex, se señala que Alejandro Jaime Gómez Sánchez es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. “Actualmente se desempeña como Procurador General de Justicia del Estado de México (PGJEM), donde antes fue Subprocurador Jurídico en una administración distinta. En la Procuraduría General de la República (PGR) desempeñó con cuatro procuradores distintos diversos cargos”.
Su nombre se vio envuelto en la polémica a mediados de 2014 cuando se dio a conocer que 22 civiles habían sido víctimas de una ejecución extrajudicial el 30 de junio de 2014.
Durante las primeras investigaciones, el ahora aspirante a Magistrado de la Corte, afirmó que no existían indicios de alteración de la escena del crimen, ni evidencias de que las 22 personas hubieran sido ejecutadas o fusiladas.
“De las diligencias practicadas por el Ministerio Público del fuero común no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o el posible fusilamiento”, explicó.
Después fue desmentido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que concluyó que al menos 15 de los 22 civiles fallecidos en Tlatlaya fueron ejecutados por militares.
El pasado 13 de octubre, durante su comparecencia en la Legislatura mexiquense, con motivo de la glosa del Cuarto Informe del Gobernador Eruviel Ávila Villegas, quien en su momento trató de reservar la información sobre el caso, Gómez Sánchez admitió que su investigación tuvo deficiencias.
Señaló que al momento que llegaron sus elementos a la bodega en la que supuestamente se registró un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y militares, había “condiciones adversas” al estar ya presentes una gran cantidad de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Tuvimos seguramente deficiencias, omisiones e insuficiencias en la forma de procesar el lugar de los hechos en tanto debido a las circunstancias adversas en las que nos encontrábamos. Fueron varias horas de trabajo lo que tuvieron que hacer –el personal de la PGJEM-, llegó el momento en que se nos oscureció, en que cayó la noche y la propia Secretaría de la Defensa Nacional lo señaló: no podemos permanecer en el lugar por el riesgo mismo de inseguridad que había en esos momentos y en la zona”, explicó a los legisladores.
El 20 de octubre de este año, antes de ser incluido en la terna de aspirantes a la Corte, Gómez Sánchez anunció indemnizaciones para las víctimas de Tlatlaya y de San Salvador Atenco, en atención a una recomendación emitida por la CNDH.
“El monto es algo que no les voy a poder proporcionar porque las ponemos en riesgo, ellas eventualmente estarán en condiciones de aceptar o no en primer momento, y en segundo de darlo a conocer, pero el monto sería imprudente darlo a conocer”, señaló a la prensa.
Sobre el caso de los civiles ejecutados por militares, afirmó que ya estaba instalado el Comité Técnico encargado de estimar el momento de la indemnización a las víctimas, integrado por la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas, la Consejería Jurídica, la PGJEM y Organizaciones No Gubernamentales.
NO SÓLO ES TLATLAYA
Por su parte, Clemente Valdés, especialista en derecho constitucional, afirmó la semana pasada en declaraciones al diario La Jornada, que sería ‘‘terrible’’ que alguien como Gómez Sánchez llegara a la Corte. ‘‘Sólo con el lamentable papel que jugó para cubrir las irregularidades en la investigación del caso Tlatlaya es suficiente para impedir que sea Ministro’’.
Lara Duque afirmó que no solo es el caso Tlatlaya, la organización que encabeza ha documentado siete casos de jóvenes torturados durante la Procuraduría de Gómez Sánchez.
“El problema es que el Procurador fue totalmente omiso a estos problemas, ha demostrado muy poco apertura para poder dialogar y entrarle a los temas”, exclamó.
Afirmó que la dependencia encabezada por Gómez Sánchez sigue siendo un instrumento de persecución política, que además de tener como objetivo a los jóvenes de bajos recursos, también se ha encargado de emprender una campaña en contra de quienes se oponen a los llamados megaproyectos que se construyen en la entidad.
La organización lanzó el mes pasado la campaña #SuLibertadEsSuDerecho a través de la cual denunció 20 casos de persecución política por parte de la PGJEM.
La última de estas detenciones fue la de José Humberto Pérez Espinosa, líder del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna, detenido el 4 de noviembre, tras denunciar reiteradamente el uso de la fuerza por parte de elementos de las policías municipal y estatal tras desalojarlos con violencia de un predio en Cuautitlán Izcalli.
-Con información de Shaila Rosagel
