La iniciativa secesionista que pretende avanzar hacia una «república catalana» fue aprobada por 73 de los 135 escaños de la Cámara: los 62 votos de Junts pel Sí (Juntos por el sí) -grupo del presidente catalán Artur Mas- y los diez de la CUP (radicales de izquierda).

De inmediato, el Gobierno activó los trámites legales para recurrir esa iniciativa ante el Constitucional y lo primero que hizo fue solicitar el informe preceptivo del Consejo de Estado (máximo órgano consultivo).

Ayer, esa institución avaló por unanimidad el recurso, al considerar que «existen fundamentos jurídicos suficientes» para ello porque la resolución catalana tiene una clara «voluntad de desobediencia o desacato» a la Constitución y al orden institucional.

Asimismo consideró que contraviene los principios de soberanía nacional y unidad de la nación española.

Una vez que el Ejecutivo presente hoy ante el alto tribunal ese recurso, habrá un pleno del organismo y con toda probabilidad lo admitirá a trámite, lo que producirá la suspensión de la resolución del Parlamento catalán, tal como establece la Constitución.

Después, los magistrados tendrán un período de hasta cinco meses para dirimir la inconstitucionalidad o no de la moción de los secesionistas catalanes y llegar a una sentencia.

Tras aprobarse la citada resolución independentista, considerada por el Gobierno un desafío, Rajoy trató ayer la situación de Cataluña con el rey Felipe VI en su reunión semanal.

También se reunió con el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, quien le ratificó su apoyo a la presentación del recurso de inconstitucionalidad.

No obstante, el dirigente socialista apeló a la necesidad de buscar una vía dialogada al problema tras las elecciones generales convocadas para el 20 de diciembre.