En la comunidad de Portezuelos, en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, en noviembre de 2011, exhumaron 28 cadáveres de unas fosas clandestinas, con el mayor sigilo, sin que nunca el Gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte de Ochoa, hiciera pública una sola línea. Sobre el entierro clandestino sólo las autoridades de Veracruz y los habitantes de esa comunidad sabían. Unos guardaron silencio por miedo, otros por cálculo político.
Por Ignacio Carvajal
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo/BlogExpediente).- Fue en noviembre de 2011: docenas de camionetas blancas, escoltadas por policías, con binomios caninos y especialistas forenses, arribaron a Portezuelos, localidad de Manlio Fabio Altamirano, para desenterrar el horror que los delincuentes habían ocultado durante meses en ese pequeño poblado de 290 habitantes.
De dos fosas las autoridades exhumaron 28 cadáveres en avanzado estado de putrefacción. De este hallazgo, pese a que se hizo en plena batalla contra la delincuencia, por la operación Veracruz Seguro, no hay registros públicos. El Gobierno de Veracruz no emitió ni una sola línea. Ni un comunicado. Las personas que desde entonces buscan a familiares desaparecidos en el contexto de la violencia, no tuvieron oportunidad de buscarles en este panteón clandestino.
Hasta hoy la matanza de Portezuelos era un secreto que sólo las autoridades de Veracruz y los habitantes de ese pueblito sabían. Unos guardaron silencio por miedo y los otros, por cálculo político.
A esa matanza le antecedieron las de septiembre en Plaza Américas, con saldo de 35 víctimas, y la de dos casas de seguridad en Boca del Río, en octubre, con 31 víctimas, en la víspera de una reunión de procuradores de la república con la entonces fiscal nacional, Maricela Morales, cuando la violencia en Veracruz alcanzaba su punto de ebullición.
La información sobre la matanza fue confirmada por la Procuraduría General de la República (PGR) mediante la solicitud de información 0001700251115 en la que expone que el sangriento hecho se ubicó “en noviembre de 2011, con el hallazgo de dos fosas ubicadas en un mismo terreno, la primera con 11 hombres y cuatro mujeres; la otra, con seis hombres y una mujer”.
En el documento obtenido por medio de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la PGR indica que hasta la fecha, “los restos de 27 cadáveres se encuentran en el laboratorio de Genética Forense de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, siendo que sólo se logró la identificación de los restos óseos de un cadáver, mismo que ya fue entregado a sus familiares”.
Es decir, todos esos restos están allí a la espera de que algún familiar los reclame. Desconocidos para las madres que se han organizado a la búsqueda de sus hijos y los de otras en Veracruz, pues para la administración duartista, simplemente, fue mejor el silencio de las fosas.
“Fueron encontrados de acuerdo al dictamen de medicina forense, restos óseos que corresponden a 28 individuos. De dichos fragmentos o restos óseos, se obtuvieron 22 perfiles genéticos, los cuales corresponden a 17 hombres y 5 mujeres”, indica el documento, que en su análisis resulta escueto y sin contexto.
Un ex funcionario del gobierno de Veracruz, comisionado a tareas relacionadas a la seguridad en aquellos días, confirma que “desde Xalapa dieron la orden que ni nos acercáramos, que el trabajo se efectuaría por directrices desde la capital en apoyo al personal de la PGR. Todo tenía que llevarse en absoluto silencio y sin que se fuera a filtrar a los periodistas”.
Los trabajos de exhumación –relata la misma fuente- se efectuaron durante tres noches. De día no se hizo nada. A penas despuntaba el alba, y con ello comenzaban a salir los campesinos al surco y los ganaderos a la ordeña, el equipo y los especialistas eran desplazados a Veracruz para su descanso; caía la noche y cobijados por ella regresaban los hombres de traje blanco y tapaboca azul a sus oficios entre tinieblas en un predio ubicado cerca del basurero de Portezuelos, sobre la carretera Oluta-Soledad de Doblado.
En medio de la inmundicia los elementos de la desaparecida Agencia Veracruzana de Investigaciones ayudaron a forenses federales para la extracción de los restos humanos, en su mayoría puro esqueleto y carne podrida. En ese sitio, mientras duraba la noche, los oficiales eran alimentados por otros que se dedicaban a traer suministros de las tiendas cercanas, y siempre, siempre, sin dirigir la palabra a los locales.
Antes de ingresar al predio, los oficiales eran revisados escrupulosamente para quitarles teléfonos celulares o cámaras. Al terminar, también eran inspeccionados acuciosamente para evitar fugas de información.
«La mayor parte de los cuerpos, estaban hechos pedazos y decapitados. Había hombres y mujeres que fueron enterrados con todo y ropa. Había por lo menos cuatro que tenían ropa de militar, no sé si marinos o militares, pero traían uniformes. Por eso se volvió mucho más restringido el acceso a esa información», dice el mismo ex funcionario que pidió anonimato a condición de ampliar el contexto de esa masacre.
Del hecho, no hubo informes ni si quiera a los alcaldes vecinos de Veracruz, Soledad de Doblado ni al “anfitrión”, Patricio Torres, priísta y allegado al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, con quien colaboraba antes de edil cargándole la maleta y atendiendo peticionarios.
Antes de esta masacre, los pobladores de Portezuelos relatan historias terribles sobre despiadados sicarios que se apoderaron de la carretera Soledad de Doblado a Oluta, misma que conduce a Paso del Macho y a Córdoba, espectro geográfico de Veracruz con amplia presencia del cártel de Los Zetas.
Se volvió literalmente pueblo fantasma por las noches, en que los demonios armados con cuernos de chivo y tablas de castigo deambulaban sin control por esos rumbos hasta el arribo de la Secretaría de Marina y la SEDENA con la operación Veracruz Seguro puesta en marcha tras las masacres de Plaza Américas y de las casas de Costa Verde y Jardines de Mocambo.
Por esa carretera desde Oluta, pasando por Santa Rita, Santa Elena y numerosos pueblos hasta Camarón de Tejeda, se observa la decadencia económica: negocios cerrados, tiendas llenas de basura y sin productos para comerciar, vulcanizadoras, talleres mecánicos y locales sin ser usados. Dejados al garete como si sus dueños hubieran huido de la maldición.
Casi un año después de la matanza de Portezuelos, se registro el homicidio de siete integrantes de una familia en Mata Loma, ambas localidades separadas por 5 minutos de recorrido por carretera. Cuatro de las víctimas eran niñas a quienes igual que los tres adultos, les cortaron la garganta. Les encontraron dos días después de haberles asesinado y eso por el olor a muerto que se percibía a varias cuadras desde la humilde vivienda escena del delito.
Pese al hermetismo sobre la matanza en Portezuelos, en cuanto al multihomicidio en Mata Loma de vez en cuando corre el rumor de que la tragedia cayó sobre la familia por que vieron lo que no debían, cerca de la carretera que conduce a Soledad de Doblado, reforzada la versión por la detención, días antes, por elementos de la SEDENA, de varios pistoleros.
Y para confirmar que en esos rumbos no se puede colaborar con las autoridades, está la desaparición de Giovanni de Jesús Mejía Mendoza, y su amigo, Jesús Llanos Martínez, el pasado 3 de junio de 2013, en la vecina Soledad de Doblado.
“Un día antes él y su amigo estaban trabajando en su talachera, cuando llegaron elementos de la Marina a pedirle que le repararan 16 llantas, los marinos andaban en operativos y tenían varios retenes en la zona, allí estuvieron un buen rato mientras les reparaban los neumáticos, pagaron y se fueron”, cuenta un familiar de Mejía Mendoza, quien en ese entonces contaba con 28 años.
Cuando llegó la noche, sujetos fuertemente armados arribaron a la talachera y se llevaron a los dos mecánicos. A la fecha no aparecen. Cuentan que la madre de uno de ellos prácticamente es un espíritu que deambula por las calles de Soledad de Doblado en busca de su hijo, siempre tímida, asustadiza, con una foto de su chico entre sus pertenencias, y con la esperanza de encontrarle, recorre morgues y se apura a tener información cuando aparecen ejecutados. Como ella, en esa región, docenas de mujeres y padres buscan a sus desaparecidos sin que haya algún estimado de cuantos ausentes hay o algún padrón para contabilizarlos o darle#101;s visibilidad.
En Portezuelos, la vida corre apaciblemente por estos días, ubicado a unos 30 minutos del puerto jarocho, enclavado en la ruta al mausoleo de Camarón de Tejeda –que recuerda el enfrentamiento entre mexicanos y franceses en abril de 1863-; por las tardes, los pobladores salen a tomar el fresco cerca de la carretera, beben refresco de cola mientras los niños corretean por las calles o el cuadro de pelota. Hay grandes arboledas y las fragancias del campo se extienden a lo largo de pastizales y pequeñas ordeñas.
“Pensamos que nunca se iba a saber esto, creímos que jamás saldría en las noticias”, dijo un poblador de Portezuelos cuando es cuestionado en torno a los hechos de noviembre de 2011. Los colores del rostro le suben y le bajan al recordar esos días. “Nosotros no sabíamos lo que hacían ellos (los delincuentes) allí; acá se refugiaron para hacer sus chingaderas. Lo bueno que encontraron esas fosas las autoridades y ya no regresaron más (los malosos)”, explica.
El terreno en donde se hizo la exhumación colinda con el poblado, comunicado por una vereda de Petróleos Mexicanos (PEMEX), como acostumbran, cuando se asentaron los delincuentes en este predio, el dueño no le quedó de otra más que cederlo y no pararse allí en mucho tiempo. Aún luce lleno de monte y algo descuidado por la falta de mantenimiento. En el poblado nadie quiere dar el nombre del propietario.
Desaparecidos de Manlio Fabio ni si quiera figuran en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la PGR, el cual contiene casi 800 registros de desaparecidos en Veracruz, la mayor parte durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.
Los colectivos de madres en busca de sus hijos ausentes de Veracruz y Xalapa consultados sobre esta fosa, no contaban con información, y desde ambas organizaciones se perfila la idea de que podría ser una de tantas masacres ocultadas por el gobierno del estado.
Al operativo para silenciar esta matanza, se sumó también la SEMAR, pues aun con que la PGR confirmó el hallazgo, la cuestionarle a la Secretaría de Marina sobre algún parte informativo sobre el hecho, lo negó, así se lee en la petición de información marcada con el folio 00013000461315:
“Se hace de su conocimiento en lo que corresponde a la Secretaría de Marina, se hizo una búsqueda exhaustiva en el Estado Mayor de la Armada, por ser el área que pudo tener esa información, que se está requiriendo (…) dicha búsqueda no encontró documentación que mencione que esta dependencia haya tenido conocimiento de lo realizado por la Procuraduría General de la República en el municipio de Altamirano Veracruz”.
En otra solicitud, la 000700134915, a la Secretaría de la Defensa Nacional, se le pide lo mismo, y los militares reiteran que buscaron la información, y no encontraron registros; sin embargo, afirman que es la SEMAR la dependencia con responsabilidad sobre este tipo de hechos en el estado de Veracruz después del lanzamiento de la operación Veracruz Seguro.
