El defensor expresó, a través de un comunicado, su preocupación por los casos recurrentes de muertes de personas en el ámbito militar y el incremento de las denuncias por vulneración de derechos humanos contra las Fuerzas Armadas.

La denuncia de Villena se enmarca en un reciente caso de fallecimiento dentro de la institución castrense ocurrido en La Paz y que se suma a otros varios casos que han tenido lugar en lo que va de año.

Según la Defensoría, en el último año murieron once personas relacionadas con las Fuerzas Armadas, mientras que en 2013 fueron 16 los fallecimientos contabilizados, aunque «el número puede ser mayor» ante la posibilidad de que existan casos que no se hayan trascendido públicamente.

Esto evidencia «que la cultura de la violencia y la subvaloración de la vida y la integridad en ese ámbito continúa siendo la regla y no la excepción», lamentó Villena.

También apuntó que al problema de las muertes dentro de la institución se suman casos identificados «de violencia extrema e incluso torturas».

«En nuestro informe a la Asamblea Legislativa de 2014 hemos reportado casos de tratos crueles y degradantes, violaciones y abusos de personal militar contra civiles o contra personas de menor rango, la mayoría de ellos, de conocimiento público», señaló.

El defensor aseguró que en casi todos los casos, la constante es la impunidad: «En muchos casos las autoridades militares terminan culpando a los fallecidos y por eso luego de las muertes no hay responsables, ni detenidos ni sentenciados».

Villena aludió, además, a la «preocupante» cifra de denuncias que recibe la Defensoría por vulneración de derechos humanos en la institución castrense.

En 2012 se recibieron 96 denuncias, en 2013 el número aumentó hasta las 119 y el año pasado se contabilizaron 238 casos en los que las entidades más denunciadas fueron el Comando General del Ejército, el Comando General de la Fuerza Naval y el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.

«Las Fuerzas Armadas se están convirtiendo en una de las instituciones más vulneradoras, y los conscriptos, estudiantes y miembros de menor rango, en una población vulnerable», advirtió.

La Defensoría emprendió varias acciones ante esta situación y solicitó reuniones con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, pero según Villena solo encontró «una negativa inexplicable y encubridora».

También se encuentra pendiente de resolución una demanda interpuesta en 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte de conscriptos en recintos militares.

«En todos los casos la respuesta del Estado es el silencio o incluso la descalificación», sostuvo Villena, aunque reconoció la voluntad del actual ministro de Defensa, Reymi Ferreira, para enfrentar los problemas.

El Defensor agregó que el ministro «lamentablemente, se enfrenta a un sistema militar anquilosado, violento e impenetrable que difícilmente cambiará si no hay voluntad desde los órganos Legislativo y Ejecutivo».