Cerca de 300 organizaciones buscan reagruparse en un gran movimiento nacional para detener el despojo y deterioro ambiental generado por megaobras y grandes empresas como OHL, TRADECO y las mineras, entre otras.
Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– Grupos ambientalistas preparan un movimiento nacional para demandar solución a los más de 200 conflictos ambientales que en este momento están en proceso en el país a raíz de las megaobras, las expropiaciones mineras y de recursos naturales.
Moctezuma Madrigal Mercado, uno de los voceros del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Santa María, en Michoacán, señaló que desde 2012 ya existe en el país la Coordinadora Nacional de Afectados Ambientales, fundada por aproximadamente 300 organizaciones, y que se busca reactivar ante los crecientes atropellos en contra de pueblos nativos, ejidatarios y el medio ambiente.
“Estos conflictos se han agudizado, hay una gran embestida contra el medio ambiente. Ya se lanzó a nivel nacional una convocatoria para recolectar firmas y hacer visible el conflicto ambiental”, expresó el activista a SinEmbargo.
Tan sólo en el caso de Michoacán, desde hace años, el Movimiento de Mercado Madrigal ha recurrido ante instancias locales, estatales y federales para frenar el desarrollo del “Libramiento sur, segunda etapa, ramal Camelinas” pasa por el área verde llama Loma de Santa María y a través de una carretera y dos túneles busca conectar las partes altas con el resto de Morelia, sin embargo, según diversos estudios pone en riesgo la vida de 14 mil personas, especies animales y vegetales en peligro de extinción y quita casi 200 hectáreas de zona verde al único pulmón natural de la ciudad.
Destaca el caso de Ostula, donde los invitados acusan una intervención militar por los intereses de particulares en bosques, playas y minerales que tiene el lugar.
Está también el tema de la “Meseta Purépecha” donde existen movimientos en contra de la incorporación de semilla transgénica, según confirmó Madrigal Mercado.
En el Estado de México, existen también una serie de denuncias de despojos de tierras o intento por la construcción de grandes obras o carreteras concesionadas a grupos como OHL o Higa.
Tal es el caso de los habitantes de San Francisco Xochicuautla por la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca concesionada a Constructora Teya, filial de Grupo Higa a quienes un decreto presidencial despojó de 38 hectáreas de uso común.
En el Edomex se ubica también el problema de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en la zona de Texcoco, que le quitaría 5 mil hectáreas a ejidatarios de la zona.
En Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ha denunciado que cientos de ejidatarios están siendo presionados para dejar o vender sus tierras en municipios como Tenejapa, para dar paso a distintas obras, entre ellas, la autopista San Cristóbal-Palenque que atravesaría territorios de San Cristóbal, San Juan Chamula, Tenejapa, San Juan Cancuc, Ocosingo, Chilón, Tumbalá, Salto de Agua, Catazajá y Palenque, destruyendo así una gran cantidad de territorios ancestrales pertenecientes a los pueblos indígenas. El proyecto también contempla la creación de una presa hidroeléctrica en los ríos Agua Azul, Tulijá y Bascán, despojando a las comunidades de sus recursos naturales y lugares sagrados.
LA LISTA NEGRA DE EMPRESAS
Desde 2012, más de 300 grupos ambientalistas en el país hicieron público ante el Tribunal Permanente de los Pueblos [un tribunal ético internacional, de carácter no gubernamental, que pretende identificar y difundir casos de violación sistemática de los derechos fundamentales de la humanidad que no encuentran reconocimiento ni respuesta en las instancias oficiales] no sólo el daño medioambiental y despojos por las megaobras sino también el ataque sistemático contra ambientalistas en los estados de Veracruz, Guerrero, Estado de México, Morelos, el Distrito Federal y Sinaloa.
Un documento al que SinEmbargo tuvo acceso destaca que los ambientalistas mexicanos demandaron ante este tribunal que convoque a la conformación de una Comisión de la Verdad, independiente y “con carácter jurídicamente vinculante para el Estado mexicano, integrada por personalidades nacionales e internacionales, que investigue y resuelva los casos de criminalización de los defensores de derechos humanos y ambientales de los pueblos de México y establezca criterios, procedimientos y bases para la reparación integral de los daños económicos, sociales y ambientales cometidos contra los pueblos”.
La demanda del Tribuna Permanente de los Pueblos Capítulo México, identifica 12 clasificaciones de obras que han generado la crisis socioambiental en el país: obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos; industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica; exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear; instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos.
En esta clasificación también se encuentran: aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración; cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas; parques industriales donde se prevé la realización de actividades altamente riesgosas; desarrollos inmobiliarios que afectan los ecosistemas costeros; obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales.
Y, por último, obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación y actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas.
Y también incluye una lista negra de 57 empresas a las que relaciona con el daños al medio ambiente y despojos a comunidades nativas.
“El listado de empresas involucradas sería inagotable, pero deben señalarse especialmente las siguientes”, según el documento: Pfizer, Suez, Halliburton, Monsanto, Exxon Mobil, Kraft Compañía Minera Fresnillo, Compañía Minera Nuevo Monte de Zimapán, Geotermoléctrica Los Azufres (Hidalgo, Michoacán), Arcelor Mital (Michoacán), Geotermoeléctrica Humeros en Chignautla en Puebla, Central Termoeléctrica José Aceves Pozos (Sinaloa), Sovay Fluor México (Chihuahua), Ideal Standard (Nuevo León), Empresas Ca Le de Tlaxcala, ADM Bio Productos (Sonora), Minera Bismark (Chihuahua), Pemex-Petroquímica Morelos, Cobre de México (Distrito Federal), Prym Fashion México (Estado de México), Power Sonic (Baja California), Arteva Specialities (Querétaro), Acabados de Calidad Tecate, Aceites, Grasas y Derivados (Jalisco), Vivsil (Querétaro), Enerya (Nuevo León), Austin Bacis (Durango), Productos y Diseños de Mármol (Baja California), Forjas Spicer (Tlaxcala), Balatas Mexicanas (Tamauliaps), Pemex-Complejo Procesador de Gas Matapionche, Layne de México (Sonora), Constructoras OHL y TRADECO, Inmobiliarias Casas Geo y Ara, Sadasi, Caabsa Eagle SA de CV, Cementeras Cruz Azul, Tolteca-Cemex, Lafarge, Clarimex, Cargil, FUD, Teck Comico Ltd,Mineras Esperanza Silver de México, Maquiladoras de diversos corredores industriales, Wall-Mart de México, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, Oxxo, 7-Eleven, Costco, Office Depot, Office Max, Home Depot y Home Mart.
LA TRAGEDIA DEL MAÍZ Y EL AGUA
Otro diagnóstico advierte que el agua es el centro de la mayoría de los conflictos, ya que este recurso se encuentra en un “franco proceso de deterioro por contaminación, acaparamiento para fines industriales y comerciales.
“Se desvía el derecho humano al agua y un criterio de prelación básico que prioriza el consumo humano, la soberanía alimentaria y el caudal ecológico, en un esquema de uso equitativo y sustentable establecido por la Constitución de México (art. 4), por uno que coloca como criterio de exclusividad a la minería, a la petroquímica, los proyectos industriales y los agroindustriales”, señala el documento.
Según el documento, estos proyectos no solo acaparan el agua, sino que la inutilizan con sus descargas al ambiente y cita casos como el de Coatzacoalcos, Veracruz; la Sierra Norte de Puebla; Colonias Unidas de la Mira, en Michoacán y Chicomuselo, en Chiapas.
“Pudimos constatar que la imposición de proyectos de urbanización salvaje, carreteras, enclaves e industriales, entre otros, se extienden en todo el territorio, generando desplazamientos de comunidades campesinas, indígenas, de pescadores y artesanos y trastocando su cultura y capacidad de autoabastecimiento, así como sus propias formas de organización y soberanía. Se busca convertir a los mexicanos y mexicanas en objetos de consumo, exacerbando además la producción de basura tal y como pudo ser observado en decenas de imágenes de basurales y tiraderos a cielo abierto.
El documento hace mención a la “tragedia del maíz mexicano”, que califica como “paradigmática del colapso global de la cultura frente al libre comercio, y en esto México ha tenido un lugar muy marcado y doloroso. En México, el colapso de los medios de vida y reproducción cultural se han extendido a todos los bienes de los pueblos”.
Esta semana, el magistrado federal Benjamín Soto Sánchez, titular del Segundo Tribunal Unitario en materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, determinó confirmar la suspensión provisional que impide tramitar y otorgar permisos de siembra o liberación al ambiente de maíz transgénico en todo el país.
Una batalla que las organizaciones civiles y campesinas han mantenido desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
Esta semana, productores mayas ganaron también un amparo en contra de la soya de maíz transgénico en la Península Maya, misma a la que atribuyeron la muerte de abejas y la disminución en la producción de miel, su principal sustento
«Diversos estudios científicos muestran que el declive de las abejas en el mundo se debe primeramente a la extensión de los monocultivos y al uso de plaguicidas. En México, estamos a tiempo para elegir un modelo de agricultura que no retome estas tendencias, y que respete primero a la sociedad y al medioambiente. El debate en torno al cultivo de soya genéticamente modificada es una parte pequeña de esta gran discusión en torno al modelo de agricultura y de país que queremos», advirtió Rémy Vandame de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).
En el documento se acusa al Estado Mexicano por el modo impositivo y opaco que ha caracterizado la formulación, implementación y evaluación de las políticas gubernamentales relacionadas con la gestión ambiental y la regulación de las actividades de aprovechamiento de las riquezas naturales, lo mismo que por la regulación deliberadamente contradictoria o la indiferencia franca de los principios básicos del derecho ambiental, que redundan en su tergiversación, suspensión y anulación de hecho y en la consagración de un estado de excepción ambiental perpetuo.
