«La vamos a analizar. Nosotros tenemos la reunión ordinaria cada año en noviembre, y ahí los obispos analizaremos un poquito», dijo el cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, a periodistas.

El Gobierno de Nicaragua entregó la semana pasada al Parlamento un proyecto de Ley de Seguridad Soberana que, entre otros, establece como «amenazas a la seguridad soberana cualquier acto ilegal que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones».

La iniciativa de ley también propone, como nuevas amenazas, la expansión de cualquier otro país sobre territorio nicaragüense, la delincuencia organizada trasnacional e ilícitos conexos, el ingreso y expansión de pandillas o maras, el terrorismo internacional y todo acto de financiación de organizaciones terroristas.

En estos últimos años Nicaragua enfrenta litigios limítrofes con Costa Rica y Colombia que están en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Además incluye como amenaza el genocidio, espionaje, sabotaje, rebelión, traición a la patria, injerencia extranjera, actos ilícitos contra la seguridad de la aviación y de la navegación marítima y ataques a la seguridad cibernética y a la infraestructura.

Asimismo, acciones severas de impacto ambiental, catástrofes y «cualquier otro acto, actividad o factor que atente contra el desarrollo integral de las personas, la familia y la comunidad».

Entre los riesgos a la seguridad soberana, la iniciativa establece las catástrofes, los efectos del cambio climático «y cualquier otro factor que genere peligro a la seguridad de las personas, de la vida, de la familia y la comunidad, así como de los intereses supremos de la nación nicaragüense».

Las acciones estarán bajo «observancia» del Sistema Nacional de Seguridad Soberana, compuesto por ocho instituciones que están bajo el Poder Ejecutivo, entre ellas el Ejército, la Policía y la Procuraduría.

La oposición nicaragüense ha expresado su rechazo a ese proyecto, bajo el argumento de que permitirá al Ejecutivo interpretar cualquier acción como un atentado.

Con la llamada Ley de Seguridad Soberana, el Gobierno del presidente Daniel Ortega busca sustituir la vigente Ley de Seguridad Democrática.

El proyecto de ley actualmente se encuentra en la Primera Secretaría del Poder Legislativo.

Para que dicha propuesta se convierta en ley deberá ser dictaminada por una comisión parlamentaria, pasar a discusión en el plenario, ser aprobada por el mismo y publicarse en el Diario Oficial, La Gaceta, en un proceso que no tiene límite de tiempo.

Los sandinistas cuentan con mayoría absoluta en el Congreso.