Por Noel Caballero
Bangkok, 2 de noviembre (EFE).- El Gobierno de Birmania (Myanmar), formado por exgenerales de la extinta junta militar, utiliza técnicas de la antigua dictadura para amedrentar a los periodistas antes de las históricas elecciones generales del próximo domingo.
«Hemos visto una preocupante represión contra la libertad de expresión en Birmania (…) El objetivo de las autoridades ha sido claro: crear un clima de terror antes de los comicios, así las voces críticas se lo piensan dos veces antes de hablar», apunta a Efe Laura Haigh, investigadora de Amnistía Internacional (AI).
AI estima que más de una decena de periodistas se encuentran en prisión tras ser hallados culpables por violar algunas leyes que la organización considera excesivamente severas y abiertas a la interpretación de los tribunales.
Desde principios de año la organización ha investigado varios casos de amenazas e intimidaciones contra los profesionales de la información que reportan sobre asuntos «controvertidos» de la reciente historia del país.
Esta situación de presión contra los canales de información independientes ha ido cobrando fuerza a medida que se acerca el 8 de noviembre, fecha programada para la celebración de las primeras elecciones generales en democracia desde hace más de cinco décadas.
Excesivas multas y cierre de periódicos, ataques informáticos contra medios favorables a la oposición, incidentes violentos planeados o el asesinato de periodistas son algunas de las situaciones vividas en Birmania en los últimos meses.
«Las autoridades aún recurren a las viejas tácticas (de la junta militar) para ahogar la libertad de expresión», comenta la investigadora.
El 30 de marzo de 2011, la última junta militar cedió el poder a un Gobierno civil afín formado por generales que colgaron el uniforme del cuerpo castrense para liderar la transición hacia la democracia en el país.
El presidente de Birmania, Thein Sein, primer ministro durante la última junta militar, impulsó un proceso de reformas de corte democrático que permitió la liberación de centenares de presos políticos, acuerdos de alto el fuego con las guerrillas étnicas y mayores concesiones de derechos, entre otras medidas.
Una de las reformas más aplaudidas por la comunidad internacional fue el levantamiento de la censura previa que permitió la proliferación de decenas de medios de comunicación independientes.
«A pesar de las nuevas libertades para los medios, todavía continúan siendo cautelosos para informar de algunos temas ‘sensibles’, tales como los relacionados con el Ejército birmano, la perseguida minoría (musulmana) rohinyá y la intolerancia religiosa y el auge de grupos de extremismo budista», desgrana Haigh.
Hace un año, el periodista birmano Aung Kyaw Naing murió en «extrañas circunstancias» mientras se encontraba bajo custodia militar tras ser detenido por cubrir el conflicto armado en el Estado Kachin.
Las autoridades, afirma la investigadora de AI, «han fallado al investigar el suceso y llevar a los responsables a la justicia».
A mediados del pasado julio, un grupo de desconocidos atacó con armas de fabricación casera a Than Htut Aung, director general del grupo de comunicación Eleven Media y ganador en 2013 del Bolígrafo de Oro concedido por la Asociación de Mundial de Diarios y Editores de Prensa (WAN-IFRA), sin que se haya detenido a los asaltantes.
Piratas informáticos han publicado informaciones falsas en varias ocasiones tras acceder a los portales en internet de medios favorables a la oposición, como el diario The Irrawaddy, en el que el pasado 12 de octubre infiltraron una nota ficticia sobre el estado de salud de Aung San Suu Kyi, la premio Nobel de la Paz que lidera el principal partido opositor.
Hace unos meses, cinco trabajadores de la revista Unity Weekly fueron sentenciados a siete años de prisión y trabajos forzados después de publicar un reportaje sobre la existencia de unas supuestas instalaciones secretas del Gobierno birmano donde presuntamente se fabricaban armas químicas.
«Existe un penetrante clima de impunidad en Birmania, donde los autores de violaciones de los derechos humanos raramente rinden cuentas (…) Reprimir la libertad de expresión previene que los birmanos compartan ideas e información y sofoca el necesario debate sobre la situación de los derechos humanos», sentencia Haigh.