«Por lo que veo, la situación en México no ha mejorado desde que estuve allí. Es en gran parte por el problema de la impunidad», dijo Heyns en una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas.

El experto, que visitó México hace tres años, subrayó que el país no cuenta con procesos suficientes para asegurar que los responsables de crímenes violentos rindan cuentas ante la Justicia.

«Desde 2006 creo que son más de 100 mil personas muertas de forma violenta y en muy pocos casos hay un sistema adecuado contra la impunidad», señaló Heyns, que compareció con motivo de la presentación de su informe anual a la Asamblea General.

El relator de la ONU insistió en que no se pueden dejar sin resolver muertes que se atribuyen a la lucha entre los cárteles del narcotráfico, pues ello mina el respeto del principio del derecho a la vida.

«Toda vida cuenta por igual», señaló Heyns, que dejó claro que mientras no haya un sistema adecuado de rendición de cuentas, la violencia seguirá presente y salpicando a toda la sociedad.

En ese sentido, consideró «muy importante» el papel desempeñado por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reabrir el debate sobre los 43 estudiantes desaparecidos el pasado año en Iguala, Guerrero, y «corregir el proceso doméstico».

«En países como México, que se ha convertido en controvertido y donde hay poca confianza en el sistema, creo que ayuda llevar una participación internacional», dijo el experto de Naciones Unidas.

Heyns insistió en el problema que plantea la falta de credibilidad de las investigaciones y consideró que, para combatirla, tanto la ONU como los organismos regionales pueden tener un papel importante.

CRISIS DE DDHH EN MÉXICO

En los últimos meses, diversos organismos internacionales como la ONU, la CIDH, Amnistía Internacional (AI) y el Programa México y Derechos Migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), han expuesto la grave crisis de derechos humanos que vive el país y han llamado al Estado mexicano a reconocer el problema y establecer medidas que protejan la dignidad de las personas.

A raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero el 26 de septiembre de 2014, México atrajo la atención internacional, entre otras causas, porque durante las investigaciones salieron a la luz ligas de autoridades con el crimen organizado y violaciones a la integridad de los estudiantes por parte de éstas.

Antes de Ayotzinapa, también Tlatlaya, en el Estado de México, levantó la indignación. En ese municipio, más de una decena de personas fueron ejecutadas por elementos del Ejército mexicano, y la manera en que el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) trataron de sepultar el caso también mostró la falta de voluntad política del Estado mexicano para atajar y combatir este problema.

Estos hechos no escaparon de los organismos internacionales encargados de defender los derechos humanos y se pronunciaron al respecto con informes, recomendaciones y documentos que demuestran con cifras y testimonios que México se ha convertido en un país peligroso para quienes alzan la voz y divergen de las acciones del gobierno.

La crisis de derechos humanos no sólo se concentra en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, también incluyen la represión, las detenciones arbitrarias, el quebranto a los derechos de comunidades indígenas y las de los activistas en diversas partes del país.

Además, los crecientes ataques a la libertad de expresión, reflejados en asesinatos y secuestros de periodistas, y atentados contra medios de comunicación, han situado a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

De 2006 hasta el pasado 9 de octubre, el Gobierno de México sumó 548 recomendaciones de parte de organismos nacionales e internacionales en materia de violaciones graves a los derechos humanos, la mayoría por tortura y tratos crueles, de acuerdo con un recuente hecho por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) llamado “Derechos Humanos: el riesgo de normalizar la excepción”.

A pesar del amplio consenso internacional sobre la gravedad de la crisis de derechos que existe en el país, las autoridades mexicanas han reaccionado con intolerancia ante la crítica pública y ante informes de diversas instancias internacionales.

Así lo señaló el pasado 7 de octubre el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Reid Ra’ad Al Hussein, cuando presentó una serie de recomendaciones a México.

“Esta intolerancia ante la crítica pública también se ha manifestado en acciones sobre otros informes presentados recientemente (…) En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje”.

La grave crisis de derechos humanos por los que atraviesa México y que las autoridades no reconocen, o al menos no públicamente, ya le pegó a México en lo económico.

El pasado 18 de octubre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que recortará a México parte de los recursos que cada año le otorga a través de la Iniciativa Mérida para combatir el problema de las drogas, debido a las presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas.

Para analistas y organizaciones, el Gobierno Estados Unidos mandó un mensaje contundente a México: que en el país no hay avances en materia de derechos humanos.

Como era de esperarse, el Gobierno federal trató de minimizar el recorte de la Iniciativa Mérida, y en voz de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, lo calificó como “insignificante”, además de señalar que no impactará en las acciones de seguridad ni en la relación con ese país.