La reciente promulgación de la llamada “Constitución de Chiapas Siglo XXI”, la reforma constitucional que elimina la figura cautelar del arraigo en delitos del fuero común y la enmienda en los lineamientos para aspirar a la gubernatura (ser chiapaneco por nacimiento) reportaron saldos favorables para Juan Sabines Guerrero, al hacerse de comentarios positivos por parte de todas las fuerzas políticas locales.
Para sostener esta aprobada imagen pública, el mandatario había recurrido antes a la promoción de la Agenda del Milenio (con objetivos de desarrollo dictados por la ONU), la apertura de oficinas de Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos en Contra de Migrantes, la subsecuente realización del Congreso Internacional de Género y Migración, y la transformación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Consejo Estatal como organismo público autónomo.
Esta agenda, trabajada en paralelo con una onerosa campaña de comunicación social, recae en una oposición que no termina de ser contrapeso y en medios locales que se limitan a realizar críticas a modo, pese a que presumen de libertad de expresión –achacada en el sexenio de Pablo Salazar Mendiguchía–. Basta la revisión de titulares y el seguimiento a barras de opinión en radio y prensa para constatar que son inexistentes los comentarios críticos, salvo publicaciones en internet que incluso han denunciado persecución política y judicial. Bien harían oposición y medios en colaborar con el gobierno al demandar resultados y no sólo con adular las acciones.
La opacidad en el manejo de recursos para la promoción del estado ( y de la imagen del gobernador) quedó de manifiesto con la solicitud realizada en junio de 2010 por la organización Artículo 19 a la Unidad de Enlace de Comunicación Social para conocer el gasto de 2005 a 2010 en comunicación y publicidad gubernamental. Pese a un recurso de revisión, que fue clasificado como improcedente, la información quedó “temporalmente reservada”. Las aguas también se enrarecieron con el manejo político y mediático de la “Ley Sabines”, que pese al desgaste fue infructuosa en su afán de extender el periodo de los legisladores locales y nombrar consejos municipales para homologar las elecciones en 2012.
Con o sin culpa –elementos que por el momento no se consideran en este análisis–, Salazar Mendiguchía terminó en prisión, luego de que éste acusó públicamente a Sabines Guerrero como autor intelectual de un robo a una de sus propiedades (donde almacenaba material que lo promovería a una senaduría). Al poco tiempo el ex mandatario fue arrestado por agentes chiapanecos en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, acusado de abuso de autoridad, peculado, asociación delictuosa y un desvío de 104 millones de pesos, delitos que eran indagados desde 2009 y en los que estaban involucrados otros 55 funcionarios.
El golpe mediático de junio pasado por esta detención y la promulgación de la séptima constitución de Chiapas (que beneficia a las mujeres, los derechos humanos y a los indígenas, principalmente, y marca la pauta para el castigo de delitos relacionados con servidores públicos, el secuestro y la delincuencia organizada) colocaron a Sabines Guerrero en el umbral de su administración rumbo al proceso electoral (federal y local) de 2012.
¿Con qué cartas juega Sabines Guerrero? El hijo del ex gobernador priísta Juan Sabines Gutiérrez (1979-1982) y sobrino del poeta Jaime Sabines se forjó en las filas del PRI, hasta que las abandonó en 2006 para ser postulado a la gubernatura por PRD, PT y Convergencia, con el entonces impulso de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Llegó al poder con estrecho margen de ventaja frente al aspirante tricolor José Antonio Aguilar Bodegas (con apenas 0.22% de diferencia).
En esas fechas, difundió recientemente Manuel Espino (entonces líder nacional del PAN y ahora expulsado del partido) que por órdenes de Felipe Calderón, el abanderado albiazul Francisco Rojas Toledo declinó a favor del priísta (como también lo hizo Emilio Zebadúa, del Partido Nueva Alianza), para impedir el fortalecimiento de AMLO y el triunfo de Sabines Guerrero. Estrategia que tuvo a la postre resultados divididos.
Sin ser considerado plenamente como gobernante del PRD, pues la representación y arrastre del PRI nunca fueron eliminados del gabinete de gobierno –tampoco durante la gestión del aliancista Salazar Mendiguchía (2000-2006), pese a la alianza PAN-PRD y el efecto Vicente Fox–, Sabines Guerrero se encuentra en la que podría ser la terminación del periodo de aparente oposición. Chiapas padeció la inestabilidad social de los 90 y las cuestionadas gestiones de Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén, pero nunca se deshizo del PRI.
A semanas de comenzar la disputa por la gubernatura, casualmente el PRI se reposicionó al grado de presentar la mayor oferta de aspirantes con Sergio Valls Hernández (rector de la UNACH y alcalde con licencia de Tuxtla Gutiérrez), Roberto Albores Guillén Gleason (diputado federal e hijo del ex gobernador Albores Guillén), María Elena Orantes López (senadora de la República), Javier López Moreno (ex legislador y ex gobernador interino) y los actuales diputados federales César Augusto Santiago Ramírez y Sami David David.
A la inversa, la fortaleza de cuadros en el PAN se ve reducida al diputado federal Ovidio Cortázar Ramos y eventualmente con Roberto Gil Zuarth (actual secretario particular de Felipe Calderón), mientras que en el PRD se mencionan a Juan Carlos López Fernández (diputado federal), Noé Castañón León (secretario general de Gobierno) y Rubén Fernando Velázquez López (senador). Por el PVEM se postularía el senador Manuel Velasco Coello.
Sin duda, lo que está en juego desde ahora es la sucesión gubernamental, con el dominio pleno de la agenda y los medios locales en manos del gobernador.
