De Zayas, especializado en la ONU en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, aseguró que los mecanismos de resolución de disputas Estado-inversor (ISDS, en inglés) suponen «un asalto a la soberanía de los Estados, a la democracia y al Estado de derecho».

«Es totalmente inaceptable permitir que el sistema de justicia se privatice», subrayó el experto en una conferencia de prensa en la sede de las Naciones Unidas.

Los ISDS son sistemas de arbitrajes incluidos en muchos tratados comerciales y constituyen, por ejemplo, uno de los puntos más controvertidos en la negociación del acuerdo de libre comercio que buscan Estados Unidos y la Unión Europea, ante la posibilidad de que este mecanismo mine la capacidad de los Estados de legislar frente a los intereses de inversores extranjeros.

De Zayas puso como ejemplo de los problemas de este tipo de figuras la demanda interpuesta por la tabacalera estadounidense Philip Morris contra Uruguay al considerar que violó su tratado de inversiones con Suiza, país donde la multinacional tiene su sede, por algunas de las medidas antitabaco adoptadas por el Estado suramericano.

El experto, que presentó un informe ante la Asamblea General de la ONU, criticó que estos tratados comerciales se interpongan en la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos.

«Los tratados de derechos humanos deben tener prioridad sobre los tratados comerciales», insistió.

También puso sobre la mesa otros fallos «indignantes», como el que condenó a Ecuador a pagarle una indemnización de 2 mil 300 millones de dólares a la petrolera estadounidense Oxy, después de que el país declarara caducado un contrato con la empresa por su decisión de venderle sin autorización del Estado parte de sus acciones a la canadiense Encana.

Según De Zayas, este tipo de arbitrajes están dañando a las poblaciones y aumentando las desigualdades entre países.

Junto al experto, intervino en la conferencia de prensa la relatora especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, que aseguró que estas comunidades también se ven muy perjudicadas por estos sistemas.

Tauli-Corpuz documentó «varios casos» en los que indígenas se han visto «seriamente amenazados».

Entre ellos, destacó las disputas entre comunidades de Ecuador y petroleras como Texaco y Chevron, condenadas a pagar multimillonarias reparaciones que no se han hecho efectivas porque las empresas se protegen con los acuerdos comerciales entre EU y el país latinoamericano.