Caracas, 26 Oct (Notimex).- Las demandas del dirigente oficialista venezolano Diosdado Cabello contra diversos medios de comunicación por «difamación» son una muestra del doble rasero y el sesgo de la justicia del país, advirtió hoy la comunicóloga Luisa Torrealba.
Torrealba recordó a Notimex que Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (Congreso unicameral), tiene un espacio televisivo llamado «Con el Mazo Dando”, en el que constantemente se transmiten conversaciones telefónicas y grabaciones privadas sin autorización legal.
«La ironía del asunto es que el presidente de la Asamblea Nacional conduce un programa en la televisora estatal y difunde información vinculada con la vida privada de los ciudadanos usando un sistema de espionaje llamado ‘patriotas cooperantes'», apuntó.
Subrayó que Cabello ha demandado a tres medios por supuestamente haber mancillado su buen nombre, pero en forma irónica él ha difamado a numerosas personas de manera impune mediante la publicación de informaciones o conversaciones privadas.
«Un tema importante es que los funcionarios públicos se apropian de estos principios para protegerse, pero ¿quién protege al ciudadano particular cuando es un funcionario público quien ofende su honra y su buena reputación?», indagó Torrealba.
La catedrática de la pública Universidad Central de Venezuela (UCV) sostuvo que Cabello ha llegado a publicar información «que puede poner en peligro la seguridad y la integridad física» de los dirigentes opositores a los que expone en su programa.
Cabello demandó a los periódicos El Nacional y Tal Cual, así como al portal de internet La Patilla, por publicar que el dirigente oficialista estaba siendo investigado por las autoridades estadunidenses por vínculos con el narcotráfico.
Según Cabello, la demanda se justificaba porque consideraba que había sido «difamado» por estos medios, con una línea editorial crítica con el gobierno, cuyos directivos fueron citados la semana pasada por los tribunales.
Torrealba contrastó las demandas de Cabello con las prácticas habituales de la televisión estatal venezolana de divulgar conversaciones privadas de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas, violando lo establecido en la Constitución.
«Esto ha sido una práctica recurrente en Venezolana de Televisión (VTV), donde no es extraño que se divulguen conversaciones privadas a pesar de que la privacidad de las comunicaciones está protegida por la Constitución», lamentó la catedrática.
Sin embargo, advirtió que cuando los agraviados intentan recurrir a la justicia para investigar a Cabello y otros dirigentes oficialistas, los poderes públicos muestran poco interés por la materia debido al «sesgo» que existe en favor del oficialismo.
«¿Quién defiende o quién garantiza dentro del sistema judicial venezolano el respeto de los derechos de estas personas cuando son vulneradas por el presidente de la Asamblea Nacional? Eso no está sucediendo y da cuenta del sesgo que hay dentro de los poderes públicos», recalcó.
