Organizaciones internacionales como la CIDH, HRW, AI, WOLA, entre otras, destacan en sus más recientes informes la grave crisis de los derechos humanos que se vive actualmente en México.
Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).– En los últimos meses, diversos organismos como la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y el Programa México y Derechos Migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), han expuesto la grave crisis de derechos humanos que vive el país y han llamado al Estado mexicano a reconocer el problema y establecer medidas que protejan la dignidad de las personas.
A raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, México atrajo la atención internacional porque durante las investigaciones salieron a la luz ligas de autoridades con el crimen organizado y violaciones a la integridad de los estudiantes por parte de éstas.
Antes de Ayotzinapa, también Tlatlaya, en el Estado de México, levantó la indignación. En ese municipio, más de una decena de personas fueron ejecutadas por elementos del Ejército mexicano, y la manera en que el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) trataron de sepultar el caso también mostró la falta de voluntad política del Estado mexicano para atajar y combatir este problema.
Estos hechos no escaparon de los organismos internacionales encargados de defender los derechos humanos y se pronunciaron al respecto con informes, recomendaciones y documentos que demuestran con cifras y testimonios que México se ha convertido en un país peligroso para quienes alzan la voz y divergen de las acciones del gobierno.
La crisis de derechos humanos no sólo se concentra en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, también incluyen la represión, las detenciones arbitrarias, el quebranto a los derechos de comunidades indígenas y las de los activistas en diversas partes del país.
Además, los crecientes ataques a la libertad de expresión, reflejados en asesinatos y secuestros de periodistas, y atentados contra medios de comunicación, han situado a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
De 2006 hasta el pasado 9 de octubre, el Gobierno de México sumó 548 recomendaciones de parte de organismos nacionales e internacionales en materia de violaciones graves a los derechos humanos, la mayoría por tortura y tratos crueles, de acuerdo con un recuente hecho por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) llamado “Derechos Humanos: el riesgo de normalizar la excepción”.
A pesar del amplió consenso internacional sobre la gravedad de la crisis de derechos que existe en el país, las autoridades mexicanas han reaccionado con intolerancia ante la crítica pública y ante informes de diversas instancias internacionales.
Así lo señaló el pasado 7 de octubre el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Reid Ra’ad Al Hussein, cuando presentó una serie de recomendaciones a México.
“Esta intolerancia ante la crítica pública también se ha manifestado en acciones sobre otros informes presentados recientemente (…) En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje”.
La grave crisis de derechos humanos por los que atraviesa México y que las autoridades no reconocen, o al menos no públicamente, ya le pegó a México en lo económico.
El pasado 18 de octubre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que recortará a México parte de los recursos que cada año le otorga a través de la Iniciativa Mérida para combatir el problema de las drogas, debido a las presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas.
Para analistas y organizaciones, el Gobierno Estados Unidos mandó un mensaje contundente a México: que en el país no hay avances en materia de derechos humanos.
Como era de esperarse, el Gobierno federal trató de minimizar el recorte de la Iniciativa Mérida, y en voz de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, lo calificó como “insignificante”, además de señalar que no impactará en las acciones de seguridad ni en la relación con ese país.
