Montevideo, 21 oct (EFE).- El Gobierno de Uruguay pidió hoy a los otros países de la OEA que firmen y ratifiquen la Convención sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores de 60 años, hasta ahora solo suscrita por cinco naciones de la región.
El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, indicó que, según datos del Observatorio Demográfico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las personas que tienen 60 o más años representan el 14 por ciento de la población del hemisferio y las previsiones para 2050 elevan el porcentaje hasta un 24.9 por ciento.
Según Novoa, el Gobierno uruguayo tiene el «anhelo» de ser el primero en culminar el proceso de ratificación del documento tras el trámite parlamentario que, según indicó, comenzará «en breve».
Este convenio internacional, firmado en Washington el pasado junio por Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, pretende ser el primer instrumento jurídicamente vinculante entre Estados sobre esta materia y sentar un precedente mundial.
Según el documento, su objetivo es «promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad».
El texto de la Convención establece que entrará en vigor treinta días después de que los Parlamentos de dos países del continente lo ratifiquen y que, a partir de entonces, guiará las decisiones en este campo de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, vinculadas a la OEA.
Uruguay es el país más envejecido de la región después de Cuba, según dijo una representante del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Valeria Ramos, en la conferencia sobre el tema celebrada hoy en Montevideo.
Ramos destacó la importancia de que en los países de la OEA se garanticen los derechos humanos de los ancianos a través de los sistemas legislativos o jurídicos nacionales o bien con medidas de otro carácter.
Países como Canadá y Nicaragua han visto una duplicidad de funciones por parte de esta convención en relación a otras instancias internacionales en defensa de los derechos humanos.
Estados Unidos, por su parte, no considera necesaria una convención para que los derechos humanos de las personas mayores sean protegidos y valoró que sería mejor que los países miembros de la OEA destinasen recursos para «identificar medidas prácticas» para combatir la discriminación a este sector.
