«Nos parece que es el fruto de muchos esfuerzos de los familiares de los desaparecidos durante muchos años, más de tres décadas. Lo que esperábamos era un mecanismo de justicia transicional que se dedicara a la búsqueda y el acuerdo refleja esto», dijo a Efe la directora de la Fundación, Yanette Bautista.

Para esta activista, hermana de la desaparecida Nydia Erika Bautista, el acuerdo alcanzado, que prevé «medidas humanitarias de búsqueda» con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), así como la creación de una «unidad especial» para buscar a los desaparecidos, es «un hito histórico» que satisface sus expectativas.

Y es que, recuerda Bautista, el texto divulgado este sábado recoge gran parte de las propuestas que los familiares de desaparecidos presentaron a los negociadores de paz en La Habana, adonde viajaron el año pasado como parte de las cinco delegaciones de víctimas que seleccionó la ONU para participar en los diálogos.

«(El pacto) es un sueño cumplido en el sentido de que la propuesta que llevamos a La Habana en la primera delegación, es decir, que se conformara un mecanismo de verificación, está incluida», sostuvo.

No obstante, subrayó que desde la Fundación son conscientes de que hay por delante «mucho trabajo para garantizar la independencia y la eficacia del nuevo mecanismo».

Otros retos serán garantizar que se tienen las herramientas para realizar una correcta búsqueda en terreno y, sobre todo, tener una mayor claridad con respecto a la cifra de desaparecidos, que según diversas fuentes oficiales oscilan entre las 25.000 y 45.000 personas, aunque las organizaciones apuntan que son muchas más.

«Creemos que por el subregistro puede haber hasta 80.000 víctimas de desaparición forzada, sin contar secuestrados o muertos en combate, que también van a ser un universo objeto del acuerdo», agregó Bautista.

Con ella coincide Diana Arango, directora ejecutiva del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), una de las organizaciones independientes que durante años ha trabajado en la investigación de estos casos y que ahora, según el pacto de La Habana, podrían colaborar en la tarea.

Arango sostuvo que «lo primero» es tener un registro actualizado de víctimas, tarea que en Colombia «es un reto pendiente» que, de solucionarse, permitiría delimitar zonas «prioritarias» de búsqueda.

El Centro de Memoria Histórica indicó, en un informe de 2013, que los desaparecidos en el marco del conflicto armado superaban los 25.000, cifra que, para el estatal Registro Único de Víctimas se sitúa en 45.515 víctimas directas, en tanto que las indirectas, es decir, familiares, ascienden a 114.100 personas.

Mientras, el CICR registra 109.000 desaparecidos entre 1938 y este mes, si bien no especifica cuántas de ellas surgen de los efectos del conflicto armado o de otros crímenes no relacionados.

Por otro lado, el Procurador colombiano, Alejandro Ordóñez, entregó el pasado febrero a delegados de la Corte Penal Internacional (CPI) información sobre 2.760 casos de personas desaparecidas en los que pueden estar involucradas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Arango también señaló que se debe avanzar en los protocolos de identificación pues, sostiene, «hasta la fecha la Fiscalía solamente ha podido recuperar 6 mil 300 cuerpos, de los cuales solamente se han podido entregar alrededor de 2.700 porque no hay hipótesis frente a la posible identidad» de las personas restantes.