México ha entrado en discusiones estériles con organismos internacionales que critican su proceder en el caso Iguala y en la protección de los derechos humanos.
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– La manera en la que el Gobierno de México resuelva el tema de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace más de un año, puede ser el evento que marque el antes y el después en materia de respeto a los derechos humanos en el país.
Al menos así lo señaló Mary Speck, directora de proyecto de Crisis Group México y América Central. Sin embargo destacó que hasta ahora de nada sirve que se haya prolongado por seis meses más la estancia de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga el caso, si no se les da acceso a partes vitales de la investigación que está en poder de la Procuraduría General de la República (PGR).
Este caso, consideró, también es una oportunidad para que las autoridades empiecen a trabajar en el tema de cómo clasificar a la guerra contra el narco, establecer una lucha regionalizada de combate a la delincuencia, así como empezar a establecer mecanismos apropiados de negociación con líderes de grupos que han asumido la justicia por mano propia como los grupos de autodefensa.
En entrevista con SinEmbargo destacó que tanto en materia de respeto a derechos humanos –dónde el país acumula más de 500 recomendaciones en menos de una década– como de la lucha contra el crimen organizado, el caso de México es complicado porque el mismo gobierno ha reconocido la infiltración de bandas de delincuentes a nivel municipal, pero se niega a reconocer que va más allá.
EL CASO IGUALA
–¿Cómo pueden interpretarse las respuestas que el Gobierno de México ha dado a organismos internacionales que advierten sobre una crisis de derechos humanos en el país?
–La forma en que han respondido a veces me parece que ha despertado discusiones un poco absurdas; lo que necesita reconocer [el Gobierno de México] es que tiene una crisis y necesita buscar una solución.
–La forma en que se ha manejado el caso Iguala, ¿evidencia al Gobierno?
–A pesar de que México aceptó seis meses la permanencia del GIEI, aún cuando lo había criticado, es un avance, el problema es que además de aceptar la observación internacional lo que hace falta es que [el Gobierno] cumpla. Está bien que haya diferencias de opinión y creo que el Gobierno, en el fondo reconoce que tiene una crisis al haber aceptado que el GIEI se quedara más tiempo porque una una manera de reconocer que tienen un problema grave en Guerrero y que hay que tomar medidas drásticas en ese estado y urgentes. Pero no se ha puesto a discutir qué tipo de medidas, si Ayotzinapa es un caso aislado, entonces ¿por qué aceptar una observación internacional?
–¿El manejo que se le dé a este caso puede ser el que marque el antes y el después para el gobierno de Peña Nieto en materia de respeto a los derechos humanos?
–Podría, pero en este momento, desgraciadamente, la sensación de la opinión pública es que todavía hay falta de confianza, a pesar de haber puesto muchos recursos en esta investigación hay poca confianza, y no ha sido el cambio que se espera.
–¿Cuál es su lectura de que el expediente público del caso Iguala esté lleno de tachones y que incluso haya páginas completas en negros?
–Puede haber muchas razones: cuando tienes un expediente de un proceso que no está terminado podría haber algunas partes tachados; el gobierno intenta mostrar que es transparente, pero lo que necesitamos ver son resultados, para que la gente le tenga confianza, y sentencias. Eso es algo que que falta ver también en casos como Tlatlaya, Tanhuato… Y otros que deben estar por crímenes de comisión y omisión.
–Si es una investigación en curso entonces, ¿por qué hacerlo público?
–Quieren demostrar cierto grado de transparencia. Es una medida un poco cuestionable, pero no es suficiente para ganar la confianza en este caso.
–El darnos cuenta de cosas cuenta con el expediente de cosas que no se dijeron, o que siempre se han negado, como el supuesto involucramiento de militares y que había más autobuses involucrados ¿cómo de la a las autoridades?
–El manejo de este caso no ha sido el más ágil del gobierno, pero más importante es que yo creo que es bastante obvio que el caso Ayotzinapa está siendo tan cuestionado que hay que empezar de nuevo, pero poniendo un nuevo liderazgo, un nuevo Fiscal para que haya más confianza en la independencia y la imparcialidad de la investigación.
–Pero ya se le quitó la investigación a Tomás Zerón [director de la Agencia de Investigación Criminal], incluso hay una nueva Procuradora…
–Todavía está dentro de la misma Fiscalía [la Procuraduría General de la República] que está siendo muy cuestionado y aunque extendieron la presencia de los expertos por seis meses más, no tienen acceso a todo.
–¿Qué necesita hacer el gobierno para recuperar la confianza de los ciudadanos?
–Más información pública.
EL GOBIERNO DE EPN Y LOS DERECHOS HUMANOS
–¿Se justifica la violación a los derechos humanos en México el contexto de la guerra contra el narco?
–Es más complicado en México porque se trata de crimen organizado y bandas que ni siquiera son bien identificados y cárteles que se han vuelto pequeños grupos que además de que trafican con drogas, extorsionan a la gente y es muy difícil negociar con grupos que han cometido cualquier tipo de atrocidades contra grupos de gente comunes y corrientes. El problema es más complejo porque el gobierno ha reconocido la infiltración del crimen en instituciones municipales.
–¿Estamos hablando de que se castigue a altos funcionarios involucrados con los cárteles?
–El problema del Gobierno de Peña Nieto es que ha reconocido que hay infiltración a nivel municipal, pero no quiere reconocer que llega otra niveles, pero ni siquiera se ha actuado contra la infiltración municipal, salvo el caso del ex Alcalde de Iguala [José Luis Abarca Velázquez, actualmente procesado por la desaparición de los normalistas] no se han visto casos de procesos judiciales importantes. Se anunció la intervención en los municipios porque las instituciones estaban infiltradas, pero no hemos visto casos concretos contra oficiales.
–¿Puede reconocerse la guerra contra el narco como conflicto armado para poder un límite a las distintas fuerzas de seguridad en el tema de violaciones de derechos humanos de los ciudadanos?
–Ha sido un debate sobre el cómo llamarlo en México: si es una guerra o una insurgencia criminal; lo importante es que hay que abrir el debate sobre hasta qué punto las fuerzas de seguridad deben usar armas de fuego, cuál es el nivel de enfrentamiento aceptable contra criminales aunque sean armados. El caso Tanhuato es un buen ejemplo de lo que parece ser un desproporcionado uso de la fuerza, es un debate que México debería empezar a hacer, por ejemplo, tratar a ‘Los Rojos’ o Guerreros Unidos como si fueran una insurgencia y negociar, me parece complicado, pero también están por ejemplo los grupos que han tenido que enfrentar a los delincuentes con sus medios, como los autodefensas o comunitarios, que deben tener un trato distinto y a estas alturas México debería empezar a conocer cómo negociar con los líderes porque no es lo mismo juzgar a un líder de las autodefensas que se ha visto obligado a tratar con narcotraficantes, que cuando se trata de infiltración o grupos paramilitares, hay que empezar a clasificarlos. El gobierno ha reconocido que hay diferencias regionales muy fuertes. Un entendimiento de que cada región necesita su estrategia y cómo negociar yo creo que daría mucho.
