Lejos del sueño democrático de progreso, los ciudadanos en México están inmersos en una democracia peligrosa y sumamente frágil, con una sociedad que necesita despertar afirma un análisis publicado en Open Democracy.
Por José Ángel García*
Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo/ Open Democracy).- Un gobierno de rodillas, es así como mi colega y amigo Gil Ramos describía a la actual administración en México hace algunas semanas. Con cerca de 100 homicidios por día, siete periodistas asesinados en 8 meses, una epidemia de desapariciones de activistas sociales, estudiantes y civiles, y cientos de violaciones de los derechos humanos resulta difícil poder desacreditar tal afirmación. De hecho, México podría representar perfectamente la definición de “Estado fallido” provista por Bunker y Sullivan.
Contrario al “momento mexicano” descrito por la revista Time hace un año, los mexicanos viven en un clima de creciente inseguridad, son testigos de una corrupción todavía más evidente dentro de las instituciones gubernamentales, y experimentan la ingobernabilidad de distintas municipalidades. Por ello, lejos del sueño democrático de progreso, los ciudadanos en México se encuentran inmersos en una democracia peligrosa y aún sumamente frágil.
Empezando por la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, en el Estado de México, los últimos 12 meses han estado llenos de casos de violaciones de los derechos humanos que han sacudido a la sociedad mexicana. Dejando de lado el hecho de que los ejecutados pertenecían a una organización criminal, el asesinato de dichos criminales, una vez desarmados, en Junio del 2014, dejó claro que el ejército no realizaba sus operaciones con respeto irrestricto a los derechos humanos.
A pesar de que el Secretario de Gobernación aseguraba que el gobierno “llegaría hasta las últimas consecuencias” para castigar y evitar que se repitieran atrocidades como ésta, este hecho, hasta entonces la peor masacre cometida por las fuerzas armadas bajo la administración del Presidente Peña Nieto, demostró ser sólo un síntoma de la enfermedad que ataca al gobierno y a la sociedad mexicana.
Menos de tres meses después, México y el mundo fueron sacudidos por el secuestro y – ahora se sabe – la ejecución de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero. En este sentido, el 26 de Septiembre del 2014, docenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados, tres asesinados y 43 secuestrados por la policía municipal bajo órdenes del alcalde de Iguala, para después ser entregados a la organización criminal Guerreros Unidos.
Después de que investigadores independientes identificaron los fragmentos de ADN de uno de los estudiantes secuestrados, asegurando que no podían encontrar más material genético para identificar al resto de los desaparecidos, el gobierno mexicano declaró muertos a los estudiantes en enero de 2015. Sin embargo, en un país donde cada vez más evidencias confirman las sospechas de complicidad entre grupos criminales y autoridades, este pronunciamiento gubernamental ha sido rechazado por los familiares de los desaparecidos y un amplio sector de la población.
No obstante la notoriedad política de estos casos, su impacto en materia judicial y el hecho de que el 79 por ciento de la población considera que el aumento en criminalidad es uno de los problemas más graves de México y que el 57 por ciento está insatisfecha con la dirección del país, el Secretario de Hacienda ha mencionado públicamente que “en México sí hay Estado de Derecho”: una declaración que tanto los activistas como la sociedad en general dirían que carece de soporte alguno, dadas las actuales condiciones socio-políticas de México.
EL PAÍS DE LOS PERIODISTAS MUERTOS
Además de los lamentables hechos arriba descritos, México es uno de los 10 países en el mundo donde han sido asesinados reporteros en los últimos nueves meses. De acuerdo con Freedom House, las violaciones de los derechos humanos y civiles continúan ocurriendo en el país y, lejos de disminuir, los niveles de criminalidad han aumentado en ciertas partes de México. Por ejemplo, sólo entre 2013 y 2014, la tasa de secuestros en Tamaulipas aumentó 22.6 por ciento, alcanzado el nivel de 40 secuestros por cada 100,000 habitantes.
Más aún, sólo 57 por ciento del total de crímenes son reportados y únicamente 3 por ciento de ellos concluyen con una sentencia. Por lo tanto, contrario a la imagen del “México legal” presentada por el Secretario de Hacienda, los ciudadanos continúan viviendo en un país con muchas leyes, pero dónde la impunidad termina ganando. Dos casos más sirven de prueba de ello.
El 31 de Agosto de este año, Ruben Espinosa y Nadia Vera, el primero un reportero y la segunda una activista social, pero ambos críticos con el gobierno del Estado de Veracruz, fueron asesinados en la Ciudad de México. Aunque algunos se apresuraron a sugerir y reafirmar la hipótesis de un robo, al punto de catalogar como estúpida cualquier otra línea de investigación, Espinoza y Vera habían ya responsabilizado al Gobernador de Veracruz de cualquier cosa que pudiera ocurrirles.
Sólo un par de días después, Miguel Ángel Jiménez, activista social que coordinaba la búsqueda de los estudiantes de Iguala aún desaparecidos, fue ultimado en su taxi. Coincidencias o no, al igual que Ayotzinapa y Tlatlaya, estos casos no sólo reflejan la inefectividad del sistema judicial, sino que también nos recuerdan la importancia y fragilidad de ciertos valores democráticos y derechos humanos como una prensa libre, la libertad de asociación y el derecho a la vida.
Atrapada entre organizaciones criminales y un Estado coludido, la sociedad necesita despertar y convertirse en un actor político activo que demande mayor transparencia y responsabilidad por parte del Estado. En este sentido, las marchas y protestas contra el gobierno son algunas de las formas mediante las que la ciudadanía puede trabajar para que hechos como Tlatlaya o Ayotzinapa no se repitan.
Por supuesto, el cambio no se da de forma inmediata, y por ello analistas como Centeno afirman que “hay cosas que sólo se resuelven a madrazos” o que las milicias son la solución a la actual violencia. Pero apoyar esta ideología va en contra de los valores y derechos que se busca asegurar.
Por ello, es necesario comprender que la democracia no es un concepto dicotómico, sino un proceso evolutivo, y México es un claro ejemplo de ello. Tan sólo hace dos décadas votar no tenía sentido en la “dictadura perfecta mexicana”. Tomó varios años, millones de pesos y muchas vidas lograr una democracia electoral donde votar sí cambia a un gobierno, sí cambia la política y sí cambia al país.
En menos de 10 meses los mexicanos votarán para elegir a los próximos gobernadores de Veracruz –“el lugar más letal de México para ejercer el periodismo”–, y de Oaxaca, Tamaulipas y Sinaloa –tres de los diez estados más violentos en el país. Si se quiere poner un alto a las violaciones de los derechos humanos, este ejercicio democrático no será la última solución al problema, pero ciertamente es un punto de partida para lograrlo.
* Fundador y director del New Politics Institute, además de tutor asociado en el departamento de ciencias políticas de la Universidad de Sheffield y miembro asociado del Crick Centre.
