Guatemala, 7 oct (EFE).- La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, no descartó hoy que dos implicados en la trama de corrupción estatal «La Línea», caso por el que está detenido el ex Presidente Otto Pérez Molina, puedan convertirse en colaboradores eficaces del Ministerio Público en el proceso.
Se trata del empresario Salvador Estuardo González, alias «Eco», y del ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, también detenida, Juan Carlos Monzón, ambos en prisión preventiva.
«Se analiza en el caso de González y lo mismo puede suceder con Monzón», declaró Aldana en una rueda de prensa, luego de reunirse con el candidato presidencial Jimmy Morales, al que le presentó las necesidades y objetivos del Ministerio Público para los próximos años.
Explicó que para que estas personas, dos de las más de 28 detenidas, se conviertan en colaboradores de la Fiscalía en el caso «La Línea» se tienen que cumplir una serie de requisitos legales.
Entre ellos mencionó que se tienen que comprobar que las declaraciones que dieron ante el juez Miguel Ángel Gálvez sean reales y contar con su anuencia de querer colaborar con la investigación.
González aseguró la semana pasada en su comparecencia ante el juzgador que los líderes de la estructura criminal eran Pérez Molina y Baldetti.
Según el empresario, él entregaba a Monzón el dinero en efectivo que recibía de los miembros de la red, desarticulada el 16 de abril pasado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
«Eco» dijo que Pérez Molina y Baldetti recibían el 50 por ciento de los sobornos que se pagaban en las aduanas.
Monzón también declaró el pasado lunes ante Gálvez que el ahora expresidente y su antigua jefa tenían conocimiento sobre la estructura y que «no se hacía nada sin su aprobación».
Aldana calificó de «positiva» la entrega de Monzón a la justicia el lunes último luego de permanecer prófugo de la justicia por más de cinco meses.
Reiteró que en el Ministerio Público «no descartamos» que González y Monzón puedan convertirse en colaboradores, pero aclaró que «en este momento no hemos llegado a ningún acuerdo».
La red abría defraudado entre mayo de 2014 y abril de 2015 más de 28.5 millones de quetzales (unos 3.7 millones de dólares) en las aduanas por el paso ilegal de más de mil 500 contenedores.
Por su parte, el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, declaró hoy durante un acto en el que la institución recibió un donativo del Reino Unido, que la figura del colaborador eficaz en el caso de «la Línea» puede ser de utilidad.
No obstante, aclaró que «solo en la medida en que la colaboración sea absolutamente indispensable se hará trato con colaboradores eficaces».
El jurista colombiano dijo que «no basta el arrepentimiento si se cometió un delito» y que los implicados tendrían que devolver lo robado.
Además, señaló que se tendrá que valorar «la calidad, naturaleza y el aporte» que hagan a la investigación.
Velásquez anunció que en los próximos días van a citar a 50 pequeños empresarios, divididos en dos grupos, para que declaren sobre el caso y avanzó que se les pueden imputar una serie de delitos.
En ese sentido, la fiscal general también manifestó que en los próximos días se darán los resultados de las investigaciones que se realizan contra empresarios implicados en la defraudación aduanera.
