Las organizaciones sostuvieron además que las observaciones preliminares de la CIDH están sustentadas en cifras oficiales y coinciden incluso con las de diversos mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– Serapaz, PEN México, Freedom House, Sin Fronteras, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), entre otras organizaciones civiles, lamentaron que el Gobierno federal «haya respondido desde una lógica mediática de control de daños», al informe preliminar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer el pasado viernes.
Y recordaron que estas observaciones no fueron sólo resultado de la visita de cinco días de representantes del organismo al país, sino que estas están sustentadas en cifras oficiales y coinciden incluso con las de diversos mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
«Lamentamos que el gobierno federal haya respondido desde una lógica mediática de control de daños, a conclusiones preliminares que atañen a problemas estructurales que afectan a las personas que viven y transitan por territorio mexicano», dijeron hoy las organizaciones en un comunicado firmado por 63 organismos civiles y redes de grupos.
La tarde del pasado viernes, la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, el vicepresidente, James Cavallaro, el Comisionado Felipe González, las comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria, la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi-Mershed y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, presentaron sus observaciones preliminares luego de la visita que realizaron a México durante cinco días.
En su informe, el organismo sostuvo: “La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”.
Horas después, ese mismo día, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Roberto Campa Cifrán, sostuvo que las observaciones presentadas por la CIDH “no reflejan la situación general del país”.
“El estado mexicano considera que si bien algunos casos específicos que ellos observaron, estos no reflejan la situación general del país en materia de derechos humanos”, dijo Campa Cifrán en un conferencia de prensa realizada horas después de que una delegación de la CIDH presentara sus observaciones preliminares de su visita para observar la situación de los derechos humanos al país.
Hoy, diversas organizaciones mexicanas criticaron esta respuesta del Gobierno federal y sostuvieron que «lo que extraña del viernes pasado no es la valoración preliminar de la CIDH, sino que el gobierno federal haya negado la gravedad de la situación actual, incluso caracterizando a víctimas de desaparición forzada como ‘casos de 2008, 2009, 2010 y 2011’, cuando, además de seguir vigentes los casos de años pasados, han desaparecido casi 12,000 personas de 2013 hasta mediados de 2015 según cifras oficiales».
«En efecto, en este y otros rubros, el Gobierno no citó datos que cuestionaran la información concreta presentada por la CIDH, generalmente derivada no sólo de testimonios y casos sino de estadísticas oficiales», agregaron.
Recordaron además que la formulación de observaciones preliminares es una práctica rutinaria de la CIDH en sus visitas a todos los países, incluyendo visitas pasadas de sus relatorías a México. Por otra parte, dijeron, «las conclusiones que presentó la CIDH hace cuatro días coinciden con las de diversos mecanismos de la ONU».
Entre 2014 y 2015 el Comité contra la Desaparición Forzada encontró que México vive una situación de desapariciones generalizadas en gran parte de su territorio; el Relator sobre Tortura concluyó que ésta es una práctica generalizada; y el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias observó que la impunidad por los homicidios es generalizada. En años recientes el Relator para la Libertad de Expresión identificó a México como el país con más agresiones contra periodistas en América Latina, enumeraron.
En este sentido, los organismo coincidieron en que «el Gobierno debe asumir las conclusiones y recomendaciones de éstos como insumos valiosos, reconociendo la naturaleza de la crisis actual para entonces implementar políticas, programas, leyes y sobre todo prácticas que lleven al efectivo acceso a la verdad, la justicia, la reparación y a la disminución de las violaciones a derechos humanos a lo largo del territorio nacional».
Las organizaciones dijeron que si el Gobierno federal verdaderamente pretende «abrir puertas y asumir retos» en materia de derechos humanos, «el primer paso es dejar de descalificar a los organismos y personas expertas que documentan la realidad del país».
