Moody’s Investors Service respaldó su decisión en la «capacidad de resistencia de la economía para enfrentar choques adversos, tanto internos como externos», pero también en «los problemas estructurales que se evidencian en los indicadores de desarrollo humanos y en el marco institucional», según un comunicado del Ministerio de Economía panameño.

Tras su reciente visita al país, de la que no especifica la fecha, la agencia calificadora señala que la gestión «prudente» de la política monetaria, los niveles «manejables» de inflación y la «histórica» disciplina fiscal que el país ha preservado, «aún en episodios de crisis política», son elementos «clave» que compensan el hecho de que Guatemala tenga una posición menos favorable en los indicadores de gobernanza del Banco Mundial.

Asimismo, valoró «significativamente» el compromiso histórico de las autoridades con el cumplimiento de las obligaciones de deuda pública y resaltó los «razonables» niveles de endeudamiento y «los bajos niveles de déficit fiscal y en cuenta corriente».

Moody’s destacó que Guatemala cuenta con un banco central «competente e independiente», que tiene como objetivo fundamental la estabilidad de precios.

Esta calificación, según la agencia, se puede traducir en que «la estabilidad política es restaurada y la estabilidad macroeconómica y el compromiso a la administración conservadora de las finanzas públicas continúa».

La calificación «Ba1» es la primera dentro de la clasificación de «bono basura», o con riesgo de crédito significativo, seguida de «Ba2» y que desciende hasta «C».

Pero advirtió de que la calificación podría ser revisada a la baja si «los eventos políticos producen una crisis institucional y de gobernabilidad; se erosiona el firme compromiso del país a la administración conservadora de las finanzas públicas; y existe un deterioro en el desempeño económico que origine un creciente nivel de endeudamiento».

Desde el pasado mes de abril, Guatemala vive una cruzada contra la corrupción que ha desencadenado en una crisis institucional, debido a que las anteriores autoridades, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, entre otros, están en prisión preventiva acusados de formar parte de la red de corrupción aduanera «La Línea».

De acuerdo con las autoridades, Pérez Molina y Baldetti son los líderes de la estructura que defraudó millones al Estado y de la que ellos se llevaban el 50 por ciento de las ganancias.