Las organizaciones internacionales pretenden que este tratado proteja a la población mundial de los impactos a la salud provocados por la comida chatarra y refrescos.
Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- Organizaciones civiles hicieron un llamado a los gobiernos de crear un «Convenio Marco para proteger y promover la alimentación saludable y sostenible» durante la reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), llevada a cabo este fin de semana en Washington, Estados Unidos.
El especialista mexicano Alejandro Calvillo Unna habló en representación de la Coalición Latinoamérica Saludable (CLAS) sobre la necesidad de crear este convenio auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que pertenece la OPS, que apoye políticas públicas en beneficio de la salud alimentaria.
“Al igual que hay una Convención Marco para el tabaco y eso sirvió mucho para que los gobiernos pudieran actuar, este tratado ayudaría a solucionar muchas polémicas por políticas de salud que se quieren implementar», dijo Calvillo en entrevista con SinEmbargo desde Estados Unidos.
Al año hay 22.9 millones de muertes relacionadas con la salud alimentaria por padecimientos como la desnutrición infantil y materna, problemas de colesterol, sobrepeso y obesidad.
Durante su intervención, Calvillo expuso el colapso que han sufrido los gobiernos por atender las comorbilidades de esas enfermedades. Por ejemplo, la obesidad le cuesta a México más de 70 mil millones de pesos al año. Eso es más de la mitad del presupuesto de todo el sector salud.
A nivel mundial los costos por problemas de nutrición se elevan a 4 trillones de dólares al año dentro de la economía global, expusieron las organizaciones civiles. “Lo equivalente al conjunto del Producto Interno Bruto de las tres mayores economías en Latinoamérica, Brasil, México y Argentina”, citó la Coalición en una misiva.
Pese a esta realidad generalizada, Calvillo Unna señaló la reticencia de las industrias de alimentos y bebidas en estos países para apoyar medidas públicas que atiendan las recomendaciones nutricionales de la OMS y regulen el consumo de estos productos.
Este fue el papel que jugó la Alianza Latinoamericana de Industrias de Alimentos y Bebidas, quienes rechazaron categóricamente el pasado 11 de marzo la imposición de etiquetados nutrimentales más claros para las personas, como lo es el que utiliza los colores del semáforo en Ecuador, o el de advertencia que próximamente se utilizará en Chile, que está pensado para que pueda ser entendido por un niño.
VENTAJAS DEL CONVENIO
Solucionar una serie de controversias con la industria sería una de las ventajas que podría facilitar este tratado.
“Es un reconocimiento internacional y promocional de políticas de etiquetados frontales con características específicas que se han evidenciado para los consumidores y de la publicidad de estos productos”, dijo el representante de la CLAS.
Por su parte, Juan Trimboli, coordinador de Consumers International en la región de América Latina y el Caribe aprovechó el mismo espació para enfatizar que la región de las Américas lidera en este momento un gran número de iniciativas para hacer frente a la epidemia de obesidad y salud alimentaria con leyes y decretos nacionales.
Previamente, los países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) aprobaron el 11 de septiembre su intención de pedir a la OPS la elaboración de un convenio marco.
Sin embargo, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha estado de espaldas a estas iniciativas, pese a que el 70 por ciento de la población sufre de sobrepeso u obesidad.
El Gobierno mexicano intercedió a favor de la industria, cuando en el 2014 la Secretaría de Economía envío una carta mostrando su rechazo al etiquetado de alimentos en Ecuador, en el que los colores del semáforo advierten la calidad nutrimental de los productos.
De acuerdo con documentos obtenidos por SinEmbargo, la Subsecretaría de Comercio Exterior (dependiente de la Secretaría de Economía), a través de la Unidad de Negociaciones Internacionales, presentó argumentos contra el etiquetado establecido por Ecuador para los productos más dañinos, como refrescos y panecillos altamente procesados y endulzados.
Tanto la CLAS, Consumers International y la Fundación Interamericana del Corazón exigieron a los gobiernos miembros de la Organización Mundial de la Salud encargar un Convenio Marco que garantice la seguridad alimentaria y nutricional, que esté libre de la injerencia de las industrias, que garantice la participación de los movimientos y organizaciones sociales y que impida el retroceso de políticas públicas de salud alimentaria.
Asimismo, las organizaciones reiteraron su apoyo a los impuestos para la salud. «Reducir la demanda, oferta y disponibilidad de productos no recomendados, por medio de políticas fiscales y regulación de la publicidad y mercadeo, del etiquetado y de ambientes, en acuerdo con los criterios y recomendaciones del Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia de OPS», cita este punto de la petición de las organizaciones.
En el caso de México las medidas fiscales ya han dado resultados, aunque se espera aumentar el porcentaje de los gravámenes. El impuesto a refrescos redujo un seis por ciento en promedio el consumo de estas bebidas el año pasado, llegando en el mes de diciembre a un descenso hasta del 12 por ciento. Calvillo dijo que esta petición de crear el Convenio podría concretarse en la próxima asamblea de la OMS que se celebrará en mayo del próximo año.
