Ciudad de México, 23 sep (dpa) – Un arco de cemento pintado en rojo, rodeado de árboles y cerros, da la bienvenida a la escuela normal «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, en el sur de México. El lugar es tristemente conocido porque hace un año 43 de sus estudiantes desaparecieron tras ser atacados por policías.
El internado alberga a unos 500 alumnos, todos ellos hombres jóvenes del campo que llegan desde distintas partes del estado de Guerrero con el deseo de convertirse en profesores de primaria. La escuela, con sus paredes llenas de murales y frases de tono político y revolucionario, es su hogar, uno que hoy está marcado por el dolor y la insatisfacción.
«No es fácil que falten 43 compañeros. Ver las butacas vacías en las aulas», dijo a dpa José Luis Méndez, un joven de 20 años que apenas llevaba un mes de haber ingresado a la normal cuando ocurrieron los hechos del 26 de septiembre del año pasado.
Ese día los estudiantes de la «Raúl Isidro Burgos» habían salido a reunir autobuses para una manifestación que hacían cada año a Ciudad de México para recordar la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. A ella asisten estudiantes de otras escuelas normales, instituciones de educación superior para jóvenes de escasos recursos.
Para movilizarse, suelen tomar buses de diferentes empresas, una práctica extendida entre los estudiantes que, aseguran, han realizado cada año sin incidentes.
Sin embargo, ese día todo fue diferente. Al llegar a Iguala, un municipio a unos 125 kilómetros de la escuela, los normalistas de Ayotzinapa sufrieron una violenta persecución por parte de policías municipales aliados con un grupo criminal conocido como «Guerreros Unidos».
Algunos lograron escapar, pero 43 fueron entregados al cártel que, de acuerdo con los testimonios de algunos de sus miembros, los asesinó e incineró al confundirlos con rivales.
«Para nosotros siguen vivos hasta que no haya pruebas», sostuvo Méndez, que sobrevivió a aquella fatídica noche. Sus palabras son compartidas por sus compañeros, todos ellos convertidos en activistas permanentes que, junto a los padres de los 43, exigen justicia al gobierno.
A un año de los hechos, la escuela ha dejado de ser solo un centro educativo para convertirse también en el centro de control de las acciones por tomar para que las autoridades sigan con las investigaciones y la búsqueda de los jóvenes.
Las clases no han podido seguir con normalidad. Las aulas sirven de vivienda para los padres de los desaparecidos, que permanecen en el lugar a la espera de nuevas noticias sin la opción de regresar a sus hogares por lo lejos que se encuentran.
«Nosotros simplemente no podemos volver a clases mientras ellos no aparezcan», manifestó Alfredo Sánchez, un estudiante de tercer año. Para los normalistas, retomar los estudios sería igual a olvidar. Y ellos no quieren hacerlo.
Despertar a las cinco de la mañana para salir a correr, desayunar y empezar las clases a las ocho era la rutina diaria en la escuela de Ayotzinapa antes de la tragedia. Ahora, los normalistas intercalan las labores de campo y cuidado de animales con las manifestaciones en Guerrero y en Ciudad de México.
Luego del 26 de septiembre «la vida en Ayotzinapa cambió a miedo. Existe miedo a la represión, pero más que miedo, es coraje», dice otro estudiante. Su expresión de enfado se transforma cuando habla de la escuela. «Aquí todos somos una familia. Entramos siendo niños y salimos siendo hombres», sostiene.
El concepto de familia se ve en el trato a los padres de sus compañeros desaparecidos, la mayoría campesinos que ahora pasan los días en la escuela pintando carteles, bordando telas y esperando respuestas.
«Antes éramos felices con nuestros hijos», dice con tristeza Estanislao Mendoza, padre de Miguel Ángel Mendoza, que con 33 años llevaba dos meses en la escuela cuando sucedió el ataque en Iguala.
Estanislao se dedicaba a sembrar maíz en el terreno que tiene en la comunidad de Apango, a unos 140 kilómetros de la normal. Junto a su esposa, Margarita Zacarías, dejó su hogar para vivir en Ayotzinapa. Ambos guardan la esperanza de encontrar a su hijo.
«Nunca creímos lo que el gobierno dijo, que a nuestros hijos los mataron y quemaron», manifiesta Zacarías con voz contenida, al lado de su esposo, quien asegura que cuando estuvo en el basurero donde presuntamente fueron incinerados los 43 «sentía que no era verdad».
Padres y alumnos están convencidos de que el Ejército tiene a los desaparecidos en algún cuartel clandestino. Aseguran que hay antecedentes, casos similares, e incluso sostienen que el presidente Enrique Peña Nieto conoce su paradero.
El movimiento por los 43 normalistas ha recibido un gran apoyo, tanto de organizaciones nacionales como internacionales. Recobró fuerzas en las últimas semanas, después de un informe de un grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desacreditó la versión oficial de la supuesta incineración en el basurero del municipio de Cocula, vecino de Iguala.
«Nos da más esperanza de que nuestros hijos están vivos», dice Estanislao Mendoza. «Al gobierno ya no le creemos nada».
AYOTZINAPA EN FRASES
La tragedia de 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México ha estado rodeada de polémica, contradicciones y sobre todo dolor.
A continuación, una serie de citas que resumen el caso que remeció al país:
«Vimos uno de los buses en la carretera, tenía las ventanas rotas y marcas de balas. Los policías nos persiguieron y corrimos a los cerros. Nos dispararon, pero no lograron herirnos. Una señora gritó que nos dejen en paz y nos dio refugio.» –José Luis Méndez, estudiante de 20 años. Estaba en un quinto autobús junto a otros 13 jóvenes. Apenas la mañana siguiente se enteró de lo sucedido con los 43.
«Los estaban vigilando desde que salieron de la escuela.» –Cristina Bautista Salvador, madre de uno de los 43 desaparecidos, sobre el monitoreo de la policía desde que partieron de la escuela el 26 de septiembre.
«Me percaté que todavía estaba un poco prendido el fuego y muchas cenizas, en donde le pregunté al Pato y me dijo que los pusieron en una plancha de llantas, leña, y fueron quemados con diésel, terminando de incinerarlos ya por la tarde.» –Felipe Rodríguez Salgado, miembro del grupo criminal Guerreros Unidos, detenido.
«Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia.» –El entonces procurador general José Murillo Karam sobre la incineración de los estudiantes en un basurero del municipio de Cocula, en Guerrero.
«El GIEI ha formado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula.» –Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de seis meses de investigaciones.
«Lo de Murillo Karam y la fiscalía fue un montaje, nada más.» –Estanislao Mendoza, padre de un normalista, tras el informe del GIEI.
