Ciudad de México, 16 de septiembre (Sin Embargo).– Las acciones emprendidas por la administración del Presidente Enrique Peña Nieto ante las crisis ocasionadas por hechos como Ayotzinapa («verdad histórica»), la «casa blanca» (investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública) o la fuga de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera (cambios en el subgabinete), en lugar de abonar y resolver los problemas, dejan al desnudo que el Estado mexicano no puede o no quiere atender los hechos, además que caen en la desconfianza de la sociedad, aseguraron analistas consultados por SinEmbargo.
Investigadores en rendición de cuentas, derechos humanos y política coincidieron que el Gobierno federal ha respondido minimizado hechos frente a acusaciones de corrupción, presuntos conflictos de interés, ejecuciones extrajudiciales y casos de desaparición forzada, porque no sabe cómo llevar a cabo acciones contundentes, lo que ha provocado que sólo se quede en discursos oficiales y procedimientos administrativos que no llevan a resultados.
El doctor Vidal Fernando Romero León, politólogo e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), aseguró que este problema se puede dividir en dos partes: la primera son las fallas en el sistema político, y la segunda directamente con la imagen del mandatario federal, el cual llegó a la Presidencia de la República cuestionado por su triunfo electoral.
«Enrique Peña Nieto carga con la desconfianza que muchos mexicanos le tenemos al PRI [Partido Revolucionario Institucional], eso en lo personal, pero si se suman las fallas sistémicas donde el Estado mexicano no tiene los elementos para atender un caso, más allá de «casa blanca», como el de Ayotzinapa, entonces difícilmente un ciudadano podrá quedar convencido de cualquier declaración. Y este problema se convierte en un asunto de posiciones», comentó Vidal Romero.
Para Humberto Francisco Guerrero Rosales, coordinador de derechos humanos de Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Gobierno federal no solamente viola los derechos de las víctimas, en los casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, sino que priva del derecho a la verdad de todos los mexicanos.
«El Estado, que se supone debería defender los derechos los violentados de una forma terrible, emite respuestas que no abonan a nada. En primer lugar porque esta administración se ha caracterizado por minimizar los hechos, por evadir la responsabilidad y de no investigar», opinó Guerrero Rosales.
El abogado aseguró que las investigaciones que el Gobierno federal ha encabezado han caído por su propio peso, y han sido contradichas por trabajos periodísticos o por informes internacionales.
«Cuando hay irregularidades se pierde la confianza en las instituciones, porque lo que hacen es una forma de violar derechos, como el acceso a la verdad y a la justicia. Y lo que la sociedad quiere es que ante hechos contundentes haya respuestas iguales de contundentes pero, ¿qué es lo que tenemos? Una Procuradora que dice que analizarán el informe independiente de Ayotzinapa, pero luego algunos funcionarios de la PGR [Procuraduría General de la República] dicen que no, reiterando y sosteniendo la «verdad histórica» de Jesús Murillo Karam como la única verdad», detalló el experto.
Ernesto Gómez Magaña, director ejecutivo de la organización Participación Ciudadana en Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, aseveró que hasta el momento el Gobierno de Enrique Peña Nieto no ha aclarado ningún hecho de la crisis de incredulidad que atraviesa.
«No se le puede creer nada, porque sencillamente no ha dejando nada claro. Hay incompatibilidades con la «casa blanca», con Ayotzinapa, a pesar que haya una supuesta investigación, donde finalmente se ha indagado poco, porque eso lo que vemos, que no hay material para creerles o no», puntualizó.
En marzo pasado, en entrevista con este medio, Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) sección México, aseguró que parte del problema de credibilidad que enfrenta el Gobierno federal se debe a que “no toma en serio los derechos humanos”.
«La administración de Enrique Peña Nieto ha mostrado negligencia para atender casos como Ayotzinapa, como Tlatlaya, o para tomarse los derechos humanos en serio. Creo que de ahí deriva la crisis de credibilidad. Pero no creo que la crisis de credibilidad sea la razón de la crisis de todo el país. Intentan ver que todo el problema es algo de percepción pública, pero hay señas tangibles para entender que se debe a otras cosas, como la crisis de derechos humanos que vive el país y, en ese sentido, los propios números oficiales así lo marcan», expuso el activista.
El doctor Ricardo Espinoza Toledo, investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, ha dicho en varias ocasiones a SinEmbargo que el Presidente no quiere afrontar los problemas de fondo, sino que prefiere realizar acciones para mandar un mensaje a inversionistas y personajes influyentes del país y del extranjero.
“Con esa declaración del Presidente no afronta el problema, sino que reproduce una estrategia que ha sido característica de su gobierno, con la cual pretende sistemáticamente darle vuelta a la página. Esto es no resolver el problema, no atender el problema, sino que busca que se pase a otro asunto. Ya no quiere que se hable de Ayotzinapa, de conflictos de interés, de casas y escándalos”, dijo Espinoza Toledo.
En ese contexto, actualmente se investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, uno de los casos que ha despertado indignación de varios sectores de la sociedad, y que esta semana retomó importancia luego que se diera a conocer el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual contradice “de fondo” la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la llamada «verdad histórica», la cual cerraba las diligencias concluyendo que los jóvenes fueron asesinados y calcinados en un tiradero de Cocula, Guerrero.
