Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda) denunció a través de un comunicado la existencia de “acciones de criminalización, intimidación, y descrédito de las actividades de defensores de derechos humanos y ambientales” miembros del Instituto de Derecho Ambiental (Idea AC); y se pronunció contra la detención de Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, también del instituto, señalándola como ilegal y arbitraria.
En el documento, el Cemda indica que “la intención de los gobiernos de Colima y Jalisco para criminalizar y desprestigiar a Idea A.C. se ha hecho evidente a raíz de que esta organización brinda asesoría legal “a la comunidad indígena nahua del ejido de Ayotitlán, en el municipio de Cuatitlán, Jalisco; quienes han denunciado actividades de tala ilegal en su territorio, la contaminación a un río por parte de la empresa minera Peña Colorada, y han defendido a miembros de la comunidad por delitos fabricados en su contra».
De acuerdo con el Centro, las acciones de desprestigio orquestadas por los gobiernos estatales contra el Idea A.C. han incluido “sembrar división dentro de la comunidad y desconfianza hacia esta organización” y están dirigidas a abogados miembros, entre los que se incluyen la Dra. Raquel Gutiérrez Nájera, Pedro León Corrales y el Lic. Carlos Valentín Veyna Martínez.
La Comunidad Indígena Nahua de Ayotitlán asesorada por Idea A.C., que se ubica en el corazón de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán –colindante con el estado de Colima–, ha tenido conflictos con el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada debido a que una parte de la mina de hierro se encuentra dentro de las tierras del ejido.
Tras la asesoría de Idea A.C. a los indígenas, en 2013, un Juez ordenó la suspensión de los permisos y concesiones a la empresa minera Peña Colorada, de modo que quedó prohibido que ésta entrara a la comunidad, y otorgó la libre circulación del ejido y sus miembros sobre sus tierras.
Pero el pasado 22 de julio, cuando 500 pobladores de Ayotitlán realizaban un recorrido en las tierras para asegurarse de que la compañía estaba cumpliendo con la suspensión ordenada por el juzgado, arribó al lugar la policía estatal, que «actuó violentamente contra ellos, golpeando incluso a ancianos y niños», señala Cemda.
El operativo fue encabezado por el Procurador de Justicia del Estado de Colima (PGJE), Marcos Santana Montes y, en él, 33 indígenas nahuas y Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, abogado miembro del Idea A.C., quedaron detenidos acusados de los delitos de secuestro consumado, despojo, robo calificado, daños en propiedad ajena y lesiones graves.
Posteriormente, el 30 de julio, un juez penal de Colima ordenó la liberación de los 33 indígenas bajo fianza y negó este derecho a Eduardo Mosqueda, dictando en su contra auto de formal prisión.
«Negarle la libertar a Eduardo Mosqueda, aún cuando fue arrestado bajo los mismos hechos y acusaciones que los 33 indígenas nahuas, fue la primera señal de hostigamiento a Idea A.C.», asegura en entrevista para SinEmbargo la fundadora de la asociación, Raquel Gutiérrez Nájera, que también denuncia que tras los hechos del 22 de julio los gobiernos de Jalisco y Colima orquestan acciones de desprestigio contra el grupo de abogados.
«A partir de entonces los dos gobiernos estatales en conjunto con la empresa empezaron a acudir al ejido de Ayotitlán diciendo que Idea A.C. estaba malinformando a los indígenas. Inclusive firmaron un convenio con algunos de los ejidatarios en el que decían que efectivamente todo estaba bien y la empresa está en sus terrenos y que la gente externa a la comunidad es la que está malinformando y es la que debe ser investigada.
Esta fue la segunda llamada de atención para Idea después de detener a nuestro abogado», señala Gutiérrez Nájera.
La doctora también explica que a pesar de la división que se generó en el ejido «hay un sector que sigue trabajando con la asociación y nos respalda. Ellos piensan que los gobiernos de Jalisco y Colima se valen de unos cuantos ejidatarios para decir que lo que nosotros hacemos está mal. De hecho, el consejo de ancianos de Ayotitlán respalda nuestro trabajo y también los indígenas que fueron detenidos; a los que, por cierto, amparamos por el delito supuesto de despojo por el que aún son acusados».
Raquel Gutiérrez señala que las instancias responsables del hostigamiento e intimidación a Idea A.C. son las Secretarías Generales de Gobierno de los estados de Colima y Jalisco, encabezadas por Rafael Gutiérrez Villalobos y Roberto López Lara respectivamente, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima a cargo de Marcos Santana Montes y por la Dirección General de Asuntos Agrarios de Jalisco encabezada por Mario Vladimir Avilés Márquez. «Esta última [instancia], por ejemplo –explica– llama a los ejidos a los cuales asesoramos diciéndoles que ya perdieron sus amparos».
En un llamado a los responsables, Raquel Gutiérrez se pronuncia por la liberación de Eduardo Mosqueda «porque no es posible que 33 nahuas salgan libres y Eduardo se quede cuando fue acusado por los mismos delitos. Es un delito fabricado por la empresa y el gobierno del estado de Colima a través de su Procurador General, Secretario General de Gobierno y del Juez primero de lo penal del Partido Judicial de Colima.
«También llamamos al estado de Jalisco a defender a su gente y no sumarse a la descalificación que se está haciendo del trabajo del Idea A.C. No es posible que porque nos atrevemos a defender a una comunidad indígena contra intereses económicos muy fuertes pretendan decir que nuestro trabajo está mal. Ellos nos atacan porque saben que nosotros somos los que estamos al frente del derecho ambiental y tenemos casos que frenan proyectos que el gobierno de Jalisco quiere impulsar y porque nosotros defendemos a comunidades afectadas.
El hostigamiento a Idea A.C. da testimonio de cómo el derecho penal se usa para criminalizar movimientos o a defensores de derechos humanos y ambientales en nuestro país, lo que es una lástima porque para lo que debería de servir es sancionar a los proyectos que lesionan los bienes ambientales, y jurídicos como la vida, la salud, la propiedad, etcétera», denuncia.
Cemda, por su parte, se suma a la petición e indica que «las acciones de intimidación y hostigamiento […] fundamentan el temor de que se fabriquen nuevos delitos y detenciones en contra de los abogados y abogadas de la asociación civil por lo que extienden «un llamado para que las autoridades correspondientes atiendan a esta delicada situación y cumplan de inmediato con la obligación que tiene el Estado mexicano de proteger a los defensores ambientales».
