La Paz, 31 ago (dpa) – La Ministra boliviana de Desarrollo Rural, la indígena quechua Nemesia Achacollo, presentó hoy su renuncia irrevocable, salpicada por presunta corrupción en la administración del Fondon Indígena de Bolivia.
«Yo me voy a defender desde afuera», señaló entre lágrimas la influyente política, que asumió el puesto al frente del ministerio en enero de 2010.
El Ministerio Público de Bolivia investiga el destino de 140 millones de bolivianos (21 millones de dólares).
La Ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, reiteró que hará seguimiento del proceso judicial para establecer responsabilidades de 252 personas, entre ellas la hasta ahora ministra Achacollo, en su condición de presidenta del Fondo Indígena.
Otra involucrada era la ex Embajadora boliviana en Ecuador, la indígena aymara Maribel Santamaría; quien recibió 2.5 millones de bolivianos (320 mil dólares) para cuatro proyectos en el área rural.
También es investigada la ex candidata oficialista a la gobernación de La Paz, la aymara Felipa Huanca, por el destino de 140 mil 947 bolivianos (21 mil dólares) para un programa de la organización campesina «Bartolina Sisa».
«Hay 253 responsables del manejo del dinero del Fondo Indígena en varios proyectos», reportó la Contraloría General tras comprobar malos manejos de recursos asignados en el período 2010-2013.
La Contraloría General es una institución estatal encargada de investigar el uso de recursos fiscales, y sus resoluciones dan pie a procesos judiciales para establecer inocencia o culpabilidad.
El Fondo Indígena fue creado el 22 de diciembre de 2005 como entidad descentralizada dependiente del ministerio de Desarrollo Rural, con el mandato de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas de Bolivia.
El Fondo Indígena recibe un cinco por ciento de la renta petrolera y en los últimos nueve años distribuyó a ocho organizaciones campesinas 327,8 millones de bolivianos para programas sociales y productivos en el área rural de los nueve departamentos de Bolivia.
