México, 27 ago (EFE).- Amnistía Internacional (AI) entregó a la Secretaría de Gobernación de México más de 15 mil 600 firmas exigiendo justicia y la defensa de los derechos humanos de la Tribu Yaqui del estados de Sonora, informó hoy la organización.
«Es crucial que se analice inmediatamente que las autoridades no estén imponiendo restricciones a los derechos humanos de la Tribu Yaqui, verificando que dichas limitaciones no pongan en riesgo la subsistencia de la misma», dijo el director ejecutivo de AI en México, Perseo Quiroz.
«De lo contrario, podrían ocasionarse daños irreparables», consideró en un comunicado.
AI resaltó que ha existido «una afectación continuada de los derechos humanos» de la Tribu Yaqui ocasionada por la construcción y funcionamiento del Acueducto Independencia, que afecta su territorio.
Inaugurado en 2013, el Acueducto Independencia, que toma agua del río Yaqui en la represa de Novillo, pretende llevar al año unos 75 millones de metros cúbicos de agua a la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, que ha padecido repetidas sequías durante los últimos años.
Sin embargo, la comunidad yaqui manifestó en varias ocasiones que la obra afecta su acceso al agua.
«La consulta previa, libre e informada (sobre obras que afecten sus recursos) es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, que no ha sido respetado en este caso», afirmó Quiroz.
AI entregó las firmas con los grupos FIAN México; Fundar Centro de Análisis e Investigación; Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas; Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana, Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Servicios y Asesoría para la Paz, y Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Junto a las firmas se presentó una escultura monumental con forma de venado, símbolo emblemático de la cultura yaqui, detalló el boletín.
Asimismo, AI denunció que ha pasado casi un año de la detención de Mario Luna y Fernando Jiménez, líderes de esta etnia, acusados por su supuesta participación en el robo de un vehículo automotriz y privación de la libertad de otro miembro de ese pueblo.
«Se teme que los cargos estén políticamente motivados y tengan relación con la defensa que la Tribu Yaqui ha hecho de su derecho al agua», expuso AI, afirmando que tribunales federales consideraron que no hay «elementos para iniciar el juicio y han ordenado su libertad».
Este jueves se reunieron cinco autoridades yaquis, organizaciones de la sociedad civil, y AI con el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gonernación, Roberto Campa Ciprián, para exigirle «frenar las violaciones a los derechos humanos» de la tribu, señaló Amnistía.
AI IMPULSA CAMPAÑA PARA EXIGIR A EPN INVESTIGUE DESAPARICIONES
Amnistía Internacional denunció hoy que en México hay cerca de 25 mil desaparecidos desde 2007, y promovió una campaña para instar al actual Presidente, Enrique Peña Nieto, a investigar dichos casos.
«Amnistía Internacional ha organizado una campaña de cartas en español instando al Presidente de México a que investigue adecuadamente las miles de desapariciones», señaló la organización en un comunicado.
Hasta la fecha, esta petición acumula cerca de 8.000 firmas para evitar que «atroces crímenes se olviden y queden impunes», según se desprende de la etiqueta de esta campaña titulada «#noesnormal».
En esta petición, AI denuncia los miles de secuestros acontecidos en el país, los feminicidios en el estado mexicano de Chihuahua, las ejecuciones extrajudiciales del caso Tlatlaya de junio de 2014 o la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre del pasado año.
«La mitad de las desapariciones ocurrieron durante la actual Administración», recordó AI en este boletín.
Respecto al caso Ayotzinapa, señaló que «a pesar de la atención mundial sobre el tema, las autoridades mexicanas no han investigado adecuadamente todas las líneas del caso, en especial las preocupantes denuncias de complicidad por parte de las Fuerzas Armadas».
Del lado positivo, afirmó que sí se «ha descubierto la colusión entre funcionarios y bandas locales».
Según la fiscalía mexicana, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías corruptos en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero, una versión que los padres siguen sin creer.
Fuentes de AI dijeron a Efe que el banderazo de salida de la campaña fue en marzo pasado al cumplirse seis meses de la desaparición de los estudiantes y que la organización planea relanzarla el 30 de agosto, con la idea de reunirse el próximo 26 de septiembre, en el primer aniversario de los hechos, con funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
Estas declaraciones de Amnistía se enmarcan en el Día Internacional del Desaparecido, que se celebra el próximo 30 de agosto.
Las desapariciones son un problema que continúa «imbatible» en el mundo, remarcó la organización defensora de los derechos humanos, que criticó especialmente el uso de la desaparición forzada por parte de los Gobiernos para «silenciar a sus críticos» e «infundir miedo a la población».
