Ciudad de México a 27 de agosto (SinEmbargo).- Líderes comuneros de Santa María de Ostula denunciaron hoy que los miembros del Ejército Mexicano que dispararon a la comunidad y que dejaron como saldo un niño muerto y 11 civiles heridos, se niegan a enviar informes solicitados en el marco de la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR).
“El asesino de Hidelberto es un soldado y el Ejército está protegiendo a ese asesino. Las pruebas demuestran que el asesino es un soldado”, dijo Raymundo Ortiz, abogado de los comuneros en conferencia de prensa en la Ciudad de México.
Los pobladores dijeron que tanto el Ejército, como las autoridades del estado de Michoacán están protegiendo a esa persona y también al cártel de Los Caballeros Templarios.
Gregorio Santos Girón, comunero de Ostula, dijo que el comandante de la Policía Comunitaria de la comunidad Cemeí Verdía Zepeda, se encuentra preso por la colusión de las autoridades municipales y estatales con los miembros del crimen organizado.
“Lo que digan el Gobernador Salvador Jara y otros funcionarios en el sentido de que dicho Cártel Templario se encuentra desarticulado es falso y muestra esa monstruosa complicidad”, indicó.
Gerardo Camacho de la Rosa, del equipo de apoyo de la comunidad, reveló que se prepara un nuevo ataque para el 31 de agosto. “El 31 de agosto habrá un operativo en todo el estado para desarmar a las policías comunitarias”, dijo.
Santos Girón agregó que sus sospechas se basan en declaraciones que realizó el Gobernador electo Silvano Aureoles Conejo, de que habrá un desarme para finales de mes.
En junio, en entrevista con El Universal, el perredista dijo buscará nuevas formas de combate a los delincuentes. "No puede haber este desorden entre cuerpos policiacos y grupos ciudadanos haciendo tareas que no les corresponden", dijo Aureoles.
Los comuneros denunciaron que el acuerdo que la Secretaría de Gobernación (Segob) estableció con los comuneros de instalar una mesa de diálogo en un plazo no mayor de 15 días, no ha sido cumplida.
Santos Girón precisó que el bloqueo de un grupo de comuneros de la comunidad de Pómaro en la carretera costera número 200 obedece a un líder de Los Caballeros Templarios.
“Fue organizado por un grupo de comuneros y las autoridades corruptas de dicha comunidad dirigido por el templario Juan Hernández, quien en su momento trabajó bajo las órdenes de Servando Gómez Martínez alias ‘La Tuta’, para robar la madera y los minerales de la comunidad”, reveló.
Los comuneros de Ostula llamaron la atención sobre las negociaciones del gobierno del estado a través de la Secretaría de Gobierno con el grupo bajo las órdenes de un líder templario.
“Creando la apariencia de que dichos acuerdos habrían sido pactados con las comunidades indígenas de Pómaro, Ostula y Coire. Situación que desmentimos tajantemente y ponemos como prueba la complicidad entre el gobierno del estado y los templarios”, dijo Santos Girón.
El gobierno de Michoacán agregó, se ha negado a dialogar con los comuneros de Santa María de Ostula.
