Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- A un mes de que se cumpla un año de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, sus padres expresaron su hartazgo e indignación ante la falta de respuesta de las autoridades para cumplir su única exigencia: la aparición con vida de los jóvenes.
Al término de la marcha en protesta por la desaparición forzada de los normalistas, en la Ciudad de México, algunos de sus padres y compañeros hablaron ante la multitud que los acompañó desde el monumento del Ángel de la Independencia. Desde un templete acomodado afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dijeron hartos de la postura del Gobierno federal, que no ha cumplido con los compromisos que les hicieron y, por el contrario, ha tratado de dividirlos y desmovilizarlos.
Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete González, refirió que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió con ellos (el pasado 15 de agosto) a darle más tiempo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para continuar su trabajo en la revisión de la investigación oficial del caso. Sin embargo, dijo el padre de familia, el funcionario condicionó el aplazamiento a la entrega del informe final del grupo de expertos.
Además informó que una comisión de familiares de los 43 se reunirá en Filadelfia con el Papa Francisco durante la visita que el argentino realizará a Estados Unidos el próximo mes.
En estos 11 meses, los padres de los estudiantes desaparecidos han pasado del dolor a la rabia, como expresó la madre de Jorge Álvarez Nava.
«Aquí estoy recordándole a este Gobierno corrupto que queremos que nos entregue a nuestros hijos, que ya basta de mentira, porque el dolor que traemos no nos lo merecemos nosotros», espetó. «Cómo madre yo le exijo que nos diga la verdad […] Si pensaba que nos íbamos a quedar callados, pues se equivocó porque jamás lo vamos a hacer. Siempre lucharemos con todo el corazón, porque no andamos luchando por quincenas, ni por aguinaldos, andamos luchando por vidas, vidas de nuestros hijos».
Melitón Ortega, también padre de un normalista, refirió que en estos 11 meses los familiares de los estudiantes desaparecidos han sido hostigados e intimidados con la intención de acallarlos. No obstante, dijo, el movimiento continuará.
«Aún con esa amenaza del Gobierno vamos a seguir porque nuestro movimiento es digno, es pacifico, lo hemos demostrado que este movimiento va por la vida de los 43 jóvenes y no nos cansaremos […] mientras no regresan a esos jóvenes de la Normal de Ayotzinapa seguiremos recorriendo en las calles, en todo el país», expresó.
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y quién acompaña a las familias de los normalistas, llamó a los presentes a sumarse a la «gran movilización general» que prevén realizar el próximo 26 de septiembre, cuando se cumplirá un año de la desaparición forzada de los 43, así como el asesinato de seis personas durante el mismo ataque en la ciudad de Iguala, Guerrero.
Rosales informó también que el 31 de agosto y 1 de septiembre realizarán un «contrainforme» en el Monumento a la Revolución, en contraposición al informe de labores que el primer día de septiembre presentará el Presidente Enrique Peña Nieto. También convocó a participar el 12 de septiembre en la asamblea nacional popular en la Normal de Ayotzinapa, en la que se acordaran las acciones a realizar el 26 de septiembre.
En su mensaje, el abogado y defensor de derechos humanos se refirió a otros movimientos sociales que existen en el país, como el de la Tribu Yaqui, los ejidatarios de San Salvador Atenco que rechazan el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), o los comuneros de San Francisco Xochicuautla que se oponen a la construcción de una autopista de Grupo Higa. Son movimientos y organizaciones, dijo, a los que el movimiento de los padres de los 43 normalistas abrazaba.
Antes de que diera inicio la movilización, Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, sostuvo: «aquí estamos más firmes que nunca en el corazón de la capital para recordarles que en Guerrero y en México faltan 43».
«Hoy los padres de familia ya no lloran, tampoco piden que el gobierno les cumpla. Hoy le exigen a Enrique Peña Nieto una respuesta pronta porque así se comprometió él en esa ocasión que nos reunimos en la residencia oficial de Los Pinos. Diez puntos que para él quedaron en el olvidó pero que para nosotros están en la memoria porque nos faltan 43», expresó.
En su mensaje, de la Cruz aclaró que el movimiento no se ha desviado ni dividido, a pesar de los intentos que, dijo, ha hecho el Gobierno mexicano para desmovilizarlos.
Sostuvo que aunque hoy se cumplen once meses, para los familiares de los 43 es como si hoy fuera el primer día de su desaparición, “no nos cansaremos hasta que tengamos justicia”, reiteró.
A la marcha, que forma parte de la XV Acción Global por Ayotzinapa, se sumaron cientos de personas de todas las edades y organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, así como contingentes de varias universidades como del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Autónoma de la Ciudad de México (UACM), además de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
A su paso por el antimonumento a los 43, que se encuentra sobre Reforma en el cruce de la avenida Juárez, los manifestantes pasaron lista a los jóvenes.
Policías de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), se apostaron a lo largo de la movilización, algo que no se había visto en movilizaciones anteriores por los 43 normalistas.
Horas antes, dos brigadas de familiares y compañeros de los 43 jóvenes se manifestaron afuera de las embajadas de varios países en la Ciudad de México para pedir su respaldo en la lucha.
“Estamos recorriendo las embajadas para entregar un documento de petición de apoyo diplomático”, dijo por la mañana a la agencia dpa, Felipe de la Cruz.
Las brigadas acudieron, entre otras, a las embajadas de Vietnam, Hungría y Portugal al inicio de su recorrido.
AUTORIDADES PIERDEN EVIDENCIA
La PGR, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJG) y el Tribunal Superior de Justicia, son culpables de la pérdida de evidencia fundamental para esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, dijo Vidulfo Rosales Sierra, activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado del caso.
Rosales Sierra se refiere al extravío de unos videos provenientes de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, ubicado a la salida de la ciudad con rumbo a Chilpancingo, y que debieron grabar el momento exacto en donde fueron secuestrados de un autobús Estrella de Oro la mitad de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa).
“Ahí la policía de Iguala y Guerreros Unidos para a los estudiantes, las cámaras captaron todo, a cabalidad, porque es casi abajo del Palacio de Justicia. Toda la mecánica de los hechos”, dijo.
Los videos, explicó Vidulfo, fueron remitidos a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y de ahí desaparecieron.
“La Procuraduría de Justicia del Estado debió requerir al Tribunal esos videos y de oficio la presidencia del Tribunal debió poner a disposición la evidencia”, afirmó el abogado.
Para Vidulfo Rosales si los videos no aparecen, se perderá evidencia irreparable y también, la oportunidad de esclarecer los hechos.
En su último informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la CIDH, reveló la posible existencia de esos videos.
“El GIEI ve con preocupación la pérdida de pruebas en el caso. Específicamente ha informado a las autoridades competentes de la PGR, la existencia en su momento de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida de Iguala cerca del Palacio de Justicia. Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR”, dijo el Grupo en el comunicado.
En su informe, el GIEI indicó que la PGR no informó a los familiares y sus abogados sobre el hallazgo de ropa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 27 de septiembre del año pasado.
Claudia Paz del GIEI informó que en junio el Grupo de Expertos se percató de que el hallazgo de 19 prendas, entre objetos y ropa, no se procesó, constituyendo un hecho “grave desde el punto de vista de la investigación”.
“Dicha situación no era conocida por los familiares ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma. En opinión del Grupo, este hecho es grave, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la importancia que tiene para los familiares. El Grupo pidió ese mismo día a la PGR que se identificara el lugar donde se encontró la ropa y fuese examinada por peritos de la PGR y del EAFF para procesarla, fotografiarla y tomar las muestras genéticas correspondientes, y resguardarla de forma adecuada. Dicha diligencia se realizó los días 29 y 30 julio, y las muestras tomadas de forma conjunta por los peritos de ambas partes serán enviadas al laboratorio de Innsbruck para su análisis genético”, señaló el grupo de expertos.
Vidulfo Rosales indicó que la ropa no sólo se ocultó, sino que no se adjuntó al expediente de manera adecuada.
“Es una situación grave, porque esa ropa presenta manchas, no sabemos qué tipo de manchan son. Si se hubieran adjuntado en un inicio de la investigación, hubiera habido mayor facilidad para realizar los exámenes de genética e identificar de quiénes son esas ropas”, dijo.
