Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– Martín Godoy, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán, dijo que en el presunto enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y civiles ocurrido en mayo pasado en Tanhuato, en donde 42 supuestos criminales perdieron la vida, no hubo ningún tiro de gracia, ninguna ejecución, pero sí disparos a corta distancia.
«En un enfrentamiento hay muchas hipótesis. Una de ellas es que existe el enfrentamiento a corta distancia. No por un disparo a dos metros de distancia quiere decir que fue ejecutado», detalló el funcionario esta mañana en entrevista para Radio Fórmula.
Godoy aseguró además los 42 cuerpos de los civiles dieron positivo a la prueba de rodizonato de sodio. Aunque aclaró que algunos «pudieron haber quedado impregnados por esta capa [de pólvora] en el ambiente que se pudo haber generado en el lugar».
El Procurador michoacano dijo que la Procuraduría del estado entregó el expediente del caso Tanhuato a la Procuraduría General de la República (PGR) para que continúe con la investigación y haga los pronunciamientos.
La PGR indicó en un comunicado que recibió el expediente de la averiguación previa, luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado declinara la competencia en el caso el pasado 21 de agosto.
La Procuradora Arely Gómez, ordenó iniciar de inmediato un análisis exhaustivo del expediente, que incluya la revisión detallada de dicho caso, señaló el boletín.
«Para ello, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) deberá agotar todas las líneas de investigación, en las que se incluyan, además, otras diligencias. Al mismo tiempo, se invita a la ciudadanía a aportar elementos que permitan esclarecer los hechos ocurridos», acotó.
El pasado 7 de agosto, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, había dicho que las investigaciones sobre los hechos del 22 de mayo estaban a cargo de la Procuraduría estatal.
«No tenemos averiguación abierta; quien está llevando todo el tema es la Procuraduría estatal», dijo Zerón, y añadió que la PGR era «coadyuvante» en las diligencias de las autoridades de Michoacán.
El 22 de mayo pasado, un enfrentamiento entre federales y un supuesto “grupo armado” dejó un saldo de 42 hombres muertos, tres más detenidos y un policía federal caído. El tiroteo se dio en el marco de la llamada “Operación Jalisco” y luego de que, según la versión oficial, los propios pobladores de la zona denunciaron extorsiones, invasiones de predios, secuestros y asesinatos presuntamente realizados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Monte Alejandro Rubido García, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), explicó en ese entonces que el enfrentamiento se prolongó por tres horas, pues los presuntos delincuentes comenzaron a atacar “con intensidad” e incluso se pidió apoyo tanto terrestre como aéreo.
Sin embargo, las familias de los muertos la mayoría originarios de Ocotlán, Jalisco, dijeron a la periodista Sanjuana Martínez, para una serie de reportajes publicados en SinEmbargo los días 3, 4 y 5 de agosto, que cuando recogieron los cuerpos de sus seres queridos se dieron cuenta de que los cadáveres presentaban huellas de tortura: estaban mutilados, destrozados, calcinados e incluso algunos tenían el tiro de gracia. Señalaron que algunos de ellos ni siquiera sabían portar armas, eran hijos y esposos de familias pobres que fueron a ese rancho a trabajar.
Las madres y padres, hermanas y hermanos, que vieron las primeras fotografías de los muertos en redes sociales, corroboraron en los cuerpos de sus familiares muertos una violencia extrema que, aseguraron, no correspondía a un enfrentamiento, como dijeron las autoridades, sino a una masacre. Sin embargo, ninguna autoridad, ni siquiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha hecho caso a sus reclamos por esclarecer el hecho y “limpiar” el nombre de los muchachos.
En tanto, Carlos Loret de Mola publicó el pasado 5 de agosto en su blog que el Ministerio Público Federal ya había concluido los peritajes de ese episodio, los cuales contradecían lo difundido por la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal.
“Más del 70 por ciento de las víctimas aparecen con el tiro de gracia en la nuca. Las necropsias arrojaron que incluso uno de los cadáveres no presentaba impacto de bala, y que habría sido matado a golpes. Se concluye que los cuerpos fueron movidos y las armas con las que fueron encontrados en realidad se las ‘sembraron’, al grado que a varias de ellas les encajaron cargadores que no son del mismo modelo y no hubieran podido ser accionadas en combate”, escribió Loret de Mola.
