Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- México es un ejemplo del riesgo que se corre en la violación de derechos humanos por la laxitud de la venta de armas, no solo ilegales, sino también de aquellas que se comercian de forma legal pero no regulada, afirmaron organizaciones no gubernamentales que participarán en la primera conferencia internacional del Tratado sobre el Comercio de Armas.
Aunque el problema más grave en México es el tráfico ilegal de armas, principalmente las que pasan por la frontera con Estados Unidos las cuales podrían sumar el 70 por ciento de todas las armas no legales en el país, según cálculos de las ONG’s.
Sin embargo, también genera un grave problema en el país la falta de control y regulación adecuada en la compra, uso y destino de las armas legales, las cuales son compradas principalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y que en muchos casos, los usuarios finales son integrantes de las bandas del crimen organizado.
“Las armas que se están perdiendo en el país pasan al mercado ilícito”, afirmó Paulina Arriaga, directora de Desarma México.
En los últimos nueve años las policías de todo el país han reportado más de 17 mil armas de fuego como perdidas o robadas. “Entonces, no porque un arma sea legal, tenemos que descuidarla o dejar de vigilarla”, apuntó.
El siguiente problema con las armas legales perdidas es el mal uso que se les da, pues generalmente son usadas en la comisión de actos en donde se violan derechos humanos.
Casos que demuestran lo anterior son las presuntas ejecuciones en Tlatlaya, Estado de México; Tanhuato y Santa María Ostula, Michoacán; o Iguala, Guerrero, en donde elementos del Ejército o de la Policía Federal utilizaron armas legales para violar derechos humanos.
“Resulta principalmente preocupante que siendo México uno de los principales promotores de este tratado de armas, tengamos graves situaciones de violaciones de derechos humanos, justamente con este tipo de armas que han sido importadas de manera legal al país”, explicó Preseo Quiroz, director de Amnistía Internacional.
El director de Amnistía Internacional detalló que la proliferación de armas pequeñas y armas ligeras ha causado un impacto en el incremento de los niveles de violencia e inseguridad en el país.
En el caso específico de México, las organizaciones de la sociedad civil esperan avances en tres áreas principales: transparencia en comercio de armas que incluyan informes completos sobre las importaciones y exportaciones de armas; permitir el diálogo con las ONG; y realizar medidas para evitar la “desaparición” de armas convencionales.
Aunque México es principalmente importador y no exportador de armas legales, queda atrapado entre los intereses de los grandes países productores como Estados Unidos, Alemania o Israel que se rehúsan a firmar el Tratado Internacional
Al momento no existen datos precisos sobre las armas legales que se comercian en México o el número de éstas que desaparecen o se revenden a integrantes del crimen organizado. A nivel internbacional se calcula que este comercio genera ganancias por 100 mil millones de dólares anuales.
UN PAPEL PROTAGÓNICO EN CONTROL DE ARMAS
Más de 100 representantes de Organizaciones no Gubernamentales advirtieron que acompañará los trabajos de la conferencia internacional que se realizará del 24 al 27 de agosto en Cancún, Quintana Roo, para vigilar que los estados parte asuman compromisos específicos sobre el control del comercio de armas legales.
“Esperamos que esta Conferencia sea exitosa y por esto nos referimos a que los países miembros asuman prácticas y tangibles que prevengan el comercio de armas. Que la Conferencia no solamente se avoque a pláticas superfluas, sino que se asuman medidas prácticas que salven la vida de las personas”, dijo Anna Macdonald, directora de la Coalición Armas Bajo Control.
Como sede de la primera Conferencia de los Estados Partes sobre el Tratado sobre el Comercio de Armas y como uno de los primeros países que ratificó el Tratado, las ONG´s esperan que México asuma un papel protagónico en el encuentro al que asistirán decenas de Estados, entre ellos varios que no han firmado o no han ratificado el Tratado desde su adopción en 2013.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que el 25 por ciento de los homicidios dolosos fue cometido con armas de fuego entre el 2001 y el 2006. El porcentaje se elevó al 55 por ciento entre enero de 2013 y septiembre de 2014.
“Por ello es crucial que los Estados adquieran un compromiso pleno de frenar el flujo de armas hacia quienes las utilizan para cometer violaciones graves de derechos humanos para poner fin al sufrimiento humano causado por los flujos irresponsables de armas convencionales”, apuntó Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional.
Las ONG’s adelantaron que presionarán a los Estados miembro del Tratado sobre el Comercio de Armas para realizar avances significativos en tres áreas:
- La presentación de informes completos de los Estados sobre la medida y el alcance de sus importaciones y exportaciones de armas
- Participación significativa de las ONG en todos los procesos y reuniones relativas al Tratado
- Adopción de mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del Tratado por parte de los Estados, evitando que se transfieran armas cuando existe el riesgo de que se destinen a cometer violaciones graves del derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos.
“Dejar a la sociedad civil fuera de algunos de los debates más importantes y no hacer públicos informes anuales sobre importaciones y exportaciones de armas hará que ‘se siga actuando como siempre’, es decir, que las transferencias de armas se mantengan en secreto, en detrimento del propósito del Tratado. No se debe permitir que ocurra”, afirmó Marek Marczynski, director de Transferencias Militares, de Seguridad y Policiales de Amnistía Internacional.
Las organizaciones también consideraron motivo de alarma que Estados intente reducir a la mínima expresión los requisitos de presentación de informes del Tratado, para convertirlos en simples reportes económicos, sin aportar datos fundamentales sobre el volumen de los envíos, el número de artículos y una contabilidad de cada categoría de armas pequeñas y armas ligeras.
