Por Nelson Sandoval Díaz
Santiago de Chile, 13 ago (EFE).- En los últimos días los chilenos se han reencontrado con las imágenes de la brutalidad que colmaba sus vidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) al trasluz de acontecimientos que les muestran que las heridas abiertas entonces todavía sangran.
La muerte de Manuel Contreras, el principal represor de la dictadura, el suicidio de otro general condenado, las revelaciones de un ex recluta que han permitido desvelar la verdad del caso de dos jóvenes quemados vivos por militares, la libertad condicional al agente que degolló a tres profesionales, entre otros hechos, han roto la cotidianeidad de un país que no logra olvidar.
Para algunos historiadores, la memoria porfiada no debería causar extrañeza en Chile, que aún conserva resquemores entre los simpatizantes de Bernardo O’Higgins y de José Miguel Carrera, los principales próceres de la Independencia, hace dos siglos, o entre los contendientes de las guerras civiles que llagaron el país durante el siglo XIX.
Los acontecimientos de los últimos días han renovado el clamor de las víctimas por verdad y justicia, recibida con cuentagotas desde que Patricio Aylwin, primer presidente de Chile tras la recuperación de la democracia, sentenció que la habría «en la medida de lo posible».
La Justicia ha avanzado en Chile a regañadientes, con cómodas cárceles especiales para los violadores de los derechos humanos, que no han sido degradados ni expulsados de las filas.
Aunque estaba condenado a más de 500 años de prisión, Contreras murió como general en el Hospital Militar, sin haber jamás hecho un mea culpa e incluso negando la existencia de los crímenes.
La degradación de los condenados, el cierre de las cárceles especiales y el fin de los pactos de silencio, para que se conozca el destino de unos 1.192 chilenos que figuran aún como detenidos desaparecidos son algunas demandas de los familiares de las víctimas.
Al igual que los viejos generales, ellos también mueren, pero sin haber conocido la verdad de lo que pasó.
«El Ejército no tiene ni ampara pactos de silencio», aseguró días atrás el jefe del Ejército, Humberto Oviedo, pero sin embargo admitió que 36 antiguos agentes de la dictadura trabajan aún en la institución.
Uno de ellos es el coronel Julio Castañer, que según el testimonio del ex recluta Fernando Guzmán, fue quien ordenó rociar con gasolina y después usó su encendedor para quemar en 1986 al fotógrafo Rodrigo Rojas y a la universitaria Carmen Gloria Quintana.
Rojas murió y Quintana sobrevivió pese a resultar con el 62 % del cuerpo quemado, y la confesión de Guzmán, que habló tras 29 años de silencio, permitió a un juez procesar a doce ex militares por su implicación en los hechos.
Al otro lado de la balanza, la Corte Suprema confirmó este miércoles la libertad condicional al excarabinero Alejandro Sáez, condenado a cadena perpetua como autor material del secuestro y degüello de tres profesionales comunistas, José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, en 1985.
El máximo tribunal le dio el beneficio pese a que informes psicológicos advertían de que Sáez no tiene conciencia del mal causado ni siente arrepentimiento alguno.
«Es el fracaso de los derechos humanos, algo que nos debe avergonzar, no a nosotros como familia, sino que a la sociedad chilena», protestó Estela Ortiz, viuda de José Manuel Parada, al anunciar que las familias de las víctimas recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia.
Este jueves se suicidó el general retirado Hernán Ramírez Rurange, exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), uno de 14 militares condenados esta semana por el secuestro y homicidio en Uruguay de Eugenio Berríos, un exagente de seguridad que en 1991 fue sacado del país para evitar que testificara en el juicio por el crimen del excanciller Orlando Letelier.
En su testimonio judicial, Ramírez admitió su participación en la salida de Berríos de Chile, precisando que lo hizo «por orden directa del general Augusto Pinochet».
Ante el revuelo de estos acontecimientos, sectores políticos y parlamentarios han reaccionado con un cruce de propuestas que incluyen la degradación de los agentes condenados, el cierre de las cárceles especiales e incentivos para romper los pactos de silencio.
Carmen Gloria Quintana, la sobreviviente del «caso quemados», aseguró que la presidenta Michelle Bachelet le dijo en una reunión que «Punta Peuco», una cárcel para agentes condenados situada al norte de Santiago, va a ser cerrada el próximo septiembre.
El gobierno, por ahora, sopesa la situación y no ha tomado una línea de acción. Tal vez, según algunos analistas, aún prima el concepto de «justicia en la medida de lo posible». EFE
