Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– Familiares de personas desaparecidas así como representantes de organizaciones civiles denunciaron que en el estado de Morelos existe una grave ola de casos de desaparición forzada y violencia comunitaria contra las mujeres, ante esa situación exigieron al Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu así como al Gobierno federal no frenar los avances legislativos en la materia y que se emita la Alerta de Violencia de Género en los 33 municipios de la entidad.
Dijeron que a pesar que se ha logrado un precedente con la ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada en el estado pidieron a los tres órdenes de gobierno cumplir con el mecanismo para que no se convierta en letra muerta y en realidad se combata a este crimen que es considerado en la propia legislación como de lesa humanidad.
Los familiares y activistas explicaron que temen que las autoridades no cumplan, puesto que en muchos casos de desaparición forzada funcionarios públicos han estado involucrados.
«Es el Estado el responsable de estas desapariciones forzadas, en ese sentido es importante hacer una llamado a la sociedad porque la Secretaría de Gobernación en la menos indicada para emprender esta iniciativa de ley, porque son ellos, son agentes que han trabajado en las instancias policiales las que han participado directamente en estas desapariciones», dijo Fernando Ríos, director ejecutivo de Red por los Derechos de Todas y Todos.
La Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada en el estado, aprobada el pasado 15 de julio, plantea, por ejemplo, que se abran los espacios donde se presuponga que exista una víctima de desaparición, pudiendo ser incluso un cuartel militar o una zona federal; además incluye la figura de ausencia, la cual permitirá que familiares de desaparecidos puedan realizar trámites y resolver problemas cotidianos.
«Queremos que esta ley termine con la impunidad. Tenemos que decir que la desaparición forzada sigue creciendo por la impunidad del país. En ese sentido que se avance tanto en Morelos como en toda la República para que se terminen con todas las redes», agregó Ríos.
Desde 2013 a la fecha, en Morelos han desaparecido 50 hombres y 42 mujeres en diferentes circunstancias. Sin embargo se presume que desde la década de los ochenta a la fecha se trata de decenas de miles.
Paloma Estrada Muñoz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos comentó que la ley contempla que si el Gobierno de Morelos se ve rebasado ante este tipo de crímenes, se puede emitir una alerta general por violencia y por desaparición forzada; también se realizará un banco de datos genéticos; sumado a ellos la ley permite que cualquier caso del pasado sea investigado con los nuevos criterios.
Sumado a ello, informaron que han repuntado los casos de desaparición de jóvenes y terminan asesinadas en en redes de trata de personas, por ello reiteraron su petición hecho en 2014 al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), encabezado por la Secretaría de Gobernación (Segob).
Al menos 633 feminicidios se han cometido de 2000 a 2015, los municipios en donde se han presentado mayor casos son: Cuarnavaca, Temixco, Cuaulta, Puente de Ixtla, entre otros.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos detalló que los responsables han dejado «narcomensajes» sobre la víctima, o han montado escenas que puedan interpretarse como de un hecho relacionado con el narcotráfico para que las autoridades no investiguen un probable feminicidio.
«Las autoridades no investigan y dejan cifras más bajas para darlas a conocer a la sociedad», dijo Paloma Estrada.
Familiares de víctimas y los líderes sociales pidieron que se declare la alerta, puesto que la administración de Graco Ramírez ni siquiera «ha cumplido con ninguna de las 15 recomendaciones” que le formuló por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
