Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).– El Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, omitió información al grupo imultidisciplinario de expertos que realizó el informe para la declaratoria de alerta de género en esa entidad, lo que demoró aún más la decisión de ese organismo que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob). Además, el mandatario estatal informó que él hizo la solicitud del mecanismo, pero nunca tuvo facultades para ello, denunciaron organizaciones civiles, quienes explicaron que si las autoridades federales aprobaron la medida en 11 municipios mexiquenes fue gracias a una lucha jurídica que duró cinco años que fue promovida por la sociedad.
«La alerta nos permitirá conocer nuestras políticas públicas en favor de las mujeres, lo vemos como un área de oportunidad e incluso podemos, de acuerdo a la normatividad, obtener recursos adicionales para canalizarlos a este sector. Y aún cuando la tendencia dice que no somos la entidad con el mayor índice de estos delitos, nuestro compromiso con las mujeres es tan fuerte que con un solo caso que existiera, deberíamos estar siempre en alerta», dijo Eruviel Ávila el pasado 9 de julio durante un evento donde «pidió» la alerta de género.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) detallaron que el informe para la solicitud ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), encabezado por la Secretaría de Gobernación (Segob), se realizó con los datos que el Estado de México proporcionó, pero donde se omitió información como: los procesos, el número de sentencias, sanciones a los delincuentes sentenciados, modus operandi, formas de violencia, casos de feminicidio desde 2005. Sumado a ello se mezclaron cifras de delitos dolosos como abortos, suicidios, entre otros.
«[El grupo de expertos] se enfrentó al no registro de datos en el Estado de México, sobre todo a la Procuraduría del Estado de México, para hablar de la situación de violencia familiar, violencia sexual y feminicidio», declaró María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio.
La activista agregó que las autoridades del Edomex omitieron casos de feminicidio en lo que va de la administración de Eruviel Ávila.
«No existen datos. La Procuraduría sólo informó de un caso de feminicidio de 2011 a 2014», contó María de la Luz Estrada.
En las conclusiones del informe, los expertos informaron que las bases de datos no son alimentadas ni actualizadas en el Estado de México por lo que no «ha permitido a las autoridades de la entidad federativa comprender la dimensión y características del fenómeno de la violencia feminicida que sufren las mujeres en la entidad, invisibilizado su gravedad».
Varios representantes de las organizaciones civiles refirieron que sin bien los números oficiales, los cuales surgen de los delitos denunciados, no muestran la realidad, se sienten preocupados ante la falta de disposición que ha mostrado el gobierno mexiquense.
TARDE PERO LLEGÓ
José Antonio Guevara, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expresó que el mecanismo se aprobó «tarde pero llegó». Además opinó que de haber sido declarado el mecanismo en 2011 se hubieran evitado al menos 300 feminicidios, según los datos oficiales que las organizaciones obtuvieron por medio de procuradurías.
El pasado 28 de julio, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres aprobó por primera vez en su historia emitir la Alerta de Género en 11 municipios del Estado de México. La medida se aplicará en: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, Chimalhuacán, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
La declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el Estado de México implica un reconocimiento por parte del Estado mexicano de que en esta entidad existe violencia sistemática contra las mujeres, que se traduce en delitos del orden común. «Este reconocimiento constituye el primer paso para poder combatir una problemática grave que atenta contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres mexiquenses», detallaron.
De acuerdo con el informe “Homicidio: una mirada a la violencia en México”, presentado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en el Estado de México se reportaron 48 casos de feminicidios durante 2014; colocando a los municipios de Toluca, Tlalnepantla y Ecatepec como los más peligrosos para las mujeres.
En tanto, Amnistía Internacional pidió esta mañana a la Secretaría de Gobernación emitir Alerta de Género en el Estado de México con el fin de adoptar medidas efectivas para frenar las agresiones en contra de las mujeres de esa entidad.
“Es necesario que durante esta sesión, aprueben de inmediato la emisión de la declaratoria de alerta de género en el Estado de México y no retrasen más la adopción de políticas públicas donde se dé prioridad a la prevención de la violencia hacia las mujeres y a adoptar medidas efectivas contra los persistentes patrones de graves violaciones a los derechos de las mujeres en el Estado de México”, dijo Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
Durante años, organizaciones civiles nacionales e internacionales han lanzado la advertencia de que el Estado de México vive una ola incontenible de asesinatos de mujeres. Estas peticiones fueron ignoradas hasta hoy, cuando los feminicidios son tema de la prensa nacional e internacional. Es la primera vez en la historia que un Gobernador solicita la alerta de género.
Respecto a la problemática de violencia feminicida identificada, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio destaca las siguientes conclusiones:
• En la mayoría de los casos de homicidios dolosos de mujeres se encuentran condiciones de crueldad e inhumanidad que podrían constituir violencia feminicida y advierte un incremento en los casos de muertes violentas de mujeres en el Estado de México, particularmente a partir de 2010.
• En el 57.67 por ciento de los casos la víctima no conocía al agresor o bien, el Estado desconoce la identidad del victimario, dato que refleja que las agresiones a mujeres en el Edomex no se reducen al ámbito familiar, sino que por el contrario, la violencia comunitaria tiene una alta incidencia en la entidad.
• Que en el periodo comprendido entre 2005 y 2010, en más de la mitad de los casos de homicidios cometidos en contra de mujeres (51 por ciento) no se ha formulado imputación alguna; mientras que en lo que respecta a los casos de feminicidios ocurridos de 2011 a agosto de 2014, casi el 40 por ciento de estos se encuentran en la misma situación de impunidad.
• Una práctica común de las autoridades ministeriales para resolver los casos de violencia contra las mujeres cuando los agresores son pareja de la víctima, es recurrir a la conciliación como medida para inhibir la presentación de la denuncia o, que una vez presentada, al amparo del nuevo sistema de justicia penal, se alienta y presiona a las mujeres a conciliar con sus agresores.
• Otra práctica común de las autoridades ministeriales, identificada por el grupo, consiste en no brindar información a las y los familiares de las víctimas sobre el avance de las investigaciones o, bien, que los expedientes se trasladen constantemente de una agencia del Ministerio Público a otra o de una fiscalía a otra.
• Ante un clima generalizado de desconfianza en las autoridades de procuración de justicia, el grupo exhorta al estado de México a implementar medidas de revisión, supervisión y sanción a las y los servidores públicos que, por omisión, abuso o negligencia, obstaculicen el acceso a la justicia de las víctimas o no investiguen, bajo la debida diligencia y con perspectiva de género, los casos de violencia contra las mujeres.
Actualmente se espera que se ajusten los reglamentos para la implementación de la alerta. Por otra parte, las familias de las víctimas así como organizaciones sociales formarán parte de los comités los cuales trabajarán en conjunto con las autoridades para erradicar la violencia comunitaria contra las mujeres en el Estado de México. Inclusive tendrá la autoridad para fiscalizar los recursos con el objetivo que no se desvíen para otros fines.
