Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).— «Escucha bien [Enrique] Peña Nieto, la autopista no va a pasar», advirtieron pobladores de San Francisco Xochicuautla ubicado en el municipio de Lerma, Estado de México. Los habitantes han luchado ocho años y estuvieron a punto de ganar, dijeron, pero el pasado 9 de julio el Presidente de México firmó un decreto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común de aquel pueblo otomí con el fin de construir un proyecto carretero, licitado a Grupo Higa.
La advertencia fue también para el Gobernador mexiquense Eruviel Villegas y a los funcionarios de la Constructora Teya, filial de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.
«No nos vamos a dejar, no vamos a permitir que acaben con todo, no permitiremos más robos. Son nuestras tierras, la naturaleza es nuestro sustento, y también el suyo, ¿no se dan cuenta?», gritaron el martes durante la «marcha contra el despojo», realizada en la Ciudad de México.
Mientras la comunidad indígena pensaba que iba ganando en el ámbito jurídico, los tres órdenes de Gobierno implementaron una estrategia para el despojo de tierras, que consistió en convertir aquel territorio que se gobernaba por usos y costumbres en una demarcación agraria, restándole representación al pueblo otomí de esa región, lo que permitió centrar las desiciones políticas en un grupo de comuneros que fueron sobornados con 40 mil pesos para que no denunciaran las afectaciones que atraería la construcción de una autopista, contó José Luis Fernández, representante del Consejo Indígena de San Francisco Xochicuautla.
«Cuando vieron que no podían con nosotros se hicieron de otros modos, entre ellos la ley agraria, la cual ha servido para hacer legal los despojos a los campesinos; pero tampoco lo lograron, y como vieron que llevamos ocho años en la lucha, ahora complementaron sus actos ilegales con un decreto presidencial que hizo Enrique Peña nieto el día 9 de julio. Pero es ilegal en todos sentidos. Él dice que nos consultaron el 22 de junio, pero no fue así, y lo peor es que eso debió ser en 2007», contó Fernández.
A pesar del decreto, muchas familias se niegan a ser desterradas.
«Ahorita ya demolieron cinco casas, esas familias ya huyeron porque las amenazaron, aunque les pagaron. No sabría decirte cuánto les dieron. Las familias que restan ya dijeron que no se van a mover, y que le hagan como quieran, llevamos luchado de forma pacífica ocho años. Esa carretera no va a pasar por Xochicuautla», dijo el representante indígena.
En la manifestación de ayer, que tuvo como punto final la Secretaría de Gobernación (Segob), los inconformes reiteraron: «No va a pasar, la autopista no se va a construir, háganle como quieran. No es no», gritaron una y otra vez.
De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Comunicaciones mexiquense, la autopista Naucalpan-Toluca conectará la autopista La Venta-Chamapa-Lechería y canalizará el tránsito vehicular procedente del poniente de la entidad, el Valle de Toluca y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca al área norponiente de la Zona Metropolitana del Valle de México. La construcción de la vialidad, cuya longitud será de 39 kilómetros, implicará un gasto de 7 mil 200 millones de pesos, según la misma dependencia.
La concesión para la construcción, operación y mantenimiento de la autopista fue otorgada a Constructora Teya, filial de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien ha sido ampliamente favorecido con contratos de obra pública en el Estado de México.
La obra abarcará los municipios de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan y atravesaría las áreas naturales protegidas estatales Parque Ecológico, Turístico y Recreativo “Parque Otomí-Mixteca” y Santuario del Agua y Forestal Sub Cuenca Tributaria del Río San Lorenzo, además de comunidades otomíes de la zona de la montaña, entre ellas San Francisco Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Tlalmilolpan, Jajalpa, Santa María Atarasquillo, San Nicolás Peralta y Santa Cruz Ayotuxco.
Desde 2007, en Xochicuautla comenzaron a realizarse asambleas comunitarias con la participación de las autoridades de Bienes Comunales y los Consejos de Participación Ciudadana. Pero luego vino la estrategia de conformar una asamblea de comuneros, que los opositores al proyecto no reconocen.
El 14 de agosto de 2011, los comuneros realizaron una reunión para legalizar la aceptación del proyecto. Dicha asamblea presentó varias irregularidades, como que a ésta sólo acudieron 109 de los 288 comuneros reconocidos por el gobierno, de acuerdo con Fernández Flores. Pero lo principal es que se trató de una asamblea de autoridades no reconocidas por el grueso de la comunidad.
Por esa razón, la comunidad presentó un amparo el 25 de agosto de 2011 ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Toluca para dejar sin efecto el acuerdo de la asamblea de comuneros.
El amparo fue resuelto a favor de la comunidad, lo que significa que la asamblea en la que supuestamente habían avalado la obra quedó anulado. No obstante, señaló Fernández Flores, eso no ha detenido los trabajos por parte de la empresa constructora.
Debido a que la comunidad cuenta con ese amparo, califican los trabajo que actualmente lleva a cabo la empresa como ilegales, porque al haberse anulado la resolución de la asamblea de comuneros, no habría un aval de la comunidad para la obra.
En el decreto expropiatorio emitido el pasado 9 de julio nuevamente se intentó justificar que el proyecto era respaldado por la comunidad al señalar que los días 5,8,9, 10 y 12 de junio se habían realizado asambleas con representantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla “con objeto de realizar las consultas que conforme a derecho se requerían por tratarse de una comunidad indígena”.
En el decreto se lee: “Como resultado de ello, la comunidad consultada se pronunció por aprobar la construcción y operación de la Autopista”. Pero Fernández Flores negó que el grueso de la comunidad hubiera participado en esas asambleas.
Además cuestionó que se intente hacer creer que esas asambleas son válidas como procesos de consulta, toda vez que se realizaron en junio de este año, cuando los trabajos de la obra empezaron desde 2007. Es decir, que no se habría respetado el carácter previo de la consulta.
“Entonces la consulta tendría que haber sido en 2007, no apenas, después de tanta represiones y hostigamientos y violaciones a nuestros derechos humanos”, consideró.
MÁS DESPOJOS EN EL EDOMEX
En abril, organizaciones civiles de distintos municipios del Estado de México se unieron para denunciar el “despojo” y el “robo” de tierra, agua y la destrucción biocultural para favorecer los megaproyectos en los cuales participan Grupo Higa, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Constructora Teya, Consorcio Desarrollador Internacional, Ingeniería Electrónica Especializada, entre otros.
Pobladores aseguraron que el gobierno encabezado por el priista Eruviel Ávila Villegas “ha mantenido un discurso de progreso”, pero a la fecha no ha realizado ninguna consulta popular, ni ha dimensionado las afectaciones que se podrían ocasionar por las llamadas megaobras que se han desarrollado a lo largo de su administración.
Incluso, dijeron, ha usado la fuerza policiaca para desalojos, los cuales tienen un mismomodus operandi: llega un supuesto dueño del terreno con unas escrituras, se pide el desalojo, los habitantes inician un proceso legal, después se opera el desalojo por parte de autoridades municipales y estatales y, finalmente, cientos de familias pierden su patrimonio y son desplazadas.
Bárbara Vargas Bartolo, de Cahuacán Unido por los Derechos Humanos AC, explicó que en ese municipio las empresas Consorcio Desarrollador Internacional S.A de C.V., Ingeniería Electrónica Especializada S.A de C.V., los “despojaron” de al menos 800 hectáreas de tierra para construir un desarrollo industrial. La activista agregó que esa zona es estratégica por los mantos acuíferos que abastecen varias regiones habitadas.
“En un principio van a afectar a 17 mil personas, quieren destruir 400 hectáreas de bosque, además de las parcelas de varias personas, tierras de cultivo, que son el sustento de muchas comunidades. […] Hablamos de dos afectaciones principales: quieren acaparar el agua y talar el bosque”, dijo Vargas.
Ciudadanos otomíes de las montañas del Bosque Mexica en San Lorenzo Huitzizilapán, también informaron que se oponen a la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, a cargo de “la empresa favorita del Gobierno federal: Grupo Higa”, y denunciaron que fueron obligados a vender por parte de la Procuraduría Agraria, la cual “nos amenazó con expropiarnos”.
“Nosotros vamos a defender a nuestro pueblo indígena, nuestra cultura y nuestros derechos ante las acciones de las autoridades que han actuado en contubernio, para disfrazar proyectos, dizque en beneficio y el desarrollo de nuestras propias comunidades y en realidad es completamente lo contrario”, informó uno de los representantes otomíes.
Por su parte, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco (FPDT) informó que siguen firmes en su oposición a la construcción del proyecto llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el cual, dijo, “dejará muerte” en la biodiversidad y en la cultura.
Desde el anuncio del proyecto, en el cual participan empresas de Carlos Slim como ICA y Constructora Teya, de Grupo Higa, el FPDT, junto con expertos de diferentes áreas han mostrado evidencias sobre los daños que podría provocar a nivel ambiental, cultural, social, entre otros.
La obra, considerada como el gran proyecto del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, tendrá un costo de 169 mil millones de pesos, el diseño estará a cargo de los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero. En 2009, bajo la administración del entonces Presidente Vicente Fox Quesada y de Enrique Peña Nieto, como Gobernador del Estado de México, se propuso este proyecto. Sin embargo se canceló debido a las fuertes protestas de los pobladores del municipio mexiquense de San Salvador Atenco.
GUÍA DEL DESPOJO
Desde principio de año, la Secretaría de Economía (SE) publicó su “Guía de ocupación superficial. Alianzas estratégicas para la promoción y el desarrollo de la competitividad del sector minero mexicano”. Tras el anuncio, organizaciones y expertos en la materia denunciaron que la dependencia federal promueve el despojo de tierra y la violación de derechos humanos.
El documento desglosa una serie de recomendaciones para que las empresas puedan anticipar, controlar, contener y solucionar conflictos relacionados con comunidades vinculadas a la tierra además de facilitar información sobre cómo arrendar, expropiar y asegurar la superficie y explotarla.
“Lo que está haciendo el Gobierno federal es dar una guía práctica y muy concisa para el despojo, incluso pone como ejemplo de éxito a mineras como Peñoles o Farallon, las sabemos bien, son empresas de afectación ambiental. Con esto no sólo el gobierno está dando facilidades sino les está haciendo el trabajo. No es un Estado preocupado en lo absoluto por el sector indígena, el sector campesino”, dijo Julio César Cervantes, integrante de Central Campesina Cardenista (CCC).
“La Guía de ocupación superficial también es un manual para hacer trampa y engañar a ejidos y comunidades, pues recomienda a las empresas mineras que en las etapas exploración prospectiva y avanzada, e incluso en las primeras etapas de desarrollo, preferir los acuerdos de ocupación temporal, que les permiten tener acceso a las tierras ejidales y comunales con prácticamente muy pocas contraprestaciones, pues todavía no hay un avalúo; la empresa no es propietaria del terreno, pero con la ocupación temporal se puede comportar como tal, pues puede disfrutar y disponer del terreno sin expropiar, tomando en cuenta los costos de las expropiaciones y que no permite disponer del terreno sino hasta que se concluye el procedimiento expropiatorio, lo que puede tardar varios años, en lo que se forman los expedientes de expropiación”, expuso Claudia Gómez Godoy, abogada litigante en materia de derechos humanos e integrante del Colectivo de Abogad@s.
El documento también detalla que para el procedimiento de expropiación, la SE informa que este procedimiento será certificado por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto.
“El decreto de expropiación será emitido por el titular del Poder Ejecutivo Federal y será publicado en el Diario Oficial de la Federación (Art. 78 del Reglamento)”.
–Con información de Mayela Sánchez.
