Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).— Durante el primer año del actual Gobierno del Distrito Federal, que encabeza Miguel Ángel Mancera Espinosa, la cantidad de policías capitalinos desplegados para “controlar” marchas, plantones y mítines aumentó 54 por ciento respecto al año anterior. En cifras, eso significó pasar de 175 mil 986 elementos policiales desplegados en 2012 –último año de la gestión de Marcelo Ebrard Casaubón– a 270 mil 823 para el primer año de Miguel Ángel Mancera, es decir 94 mil 837 policías más de un año para otro.
Lo anterior se desprende de la auditoría de desempeño APPD/104/13, realizada a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, cuyo informe de resultados respecto al año 2013 fue publicado el pasado 15 de julio.
En el documento del órgano fiscalizador se incluye información sobre las “actividades sustantivas” de las agrupaciones policiales que forman parte de la Dirección General de la Policía Metropolitana, cuyo objetivo es “atender los requerimientos ciudadanos en materia de seguridad pública y prevención del delito”.
Ello permite ver que cuando menos de 2010 a 2012 la cantidad de policías desplegados para “Control de marchas, plantones y mítines” no había rebasado los 200 mil elementos. De hecho, en 2012 el número de elementos desplegados para ese fin se redujo en comparación con los años anteriores, cuando la cantidad había sido de alrededor de 190 mil agentes. Pero para 2013 se sumaron casi 100 mil.
Se trató de un año en que ocurrieron diversas acciones de protesta a las que los cuerpos policiales respondieron con agresiones, detenciones arbitrarias e ilegales y hostigamientos, como documentó el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social –que agrupa a una decena de organizaciones civiles– en su informe «Control del espacio público: informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno».
El documento, publicado en abril del año pasado, asienta que en diciembre de 2012, con el operativo policial por la transmisión del Poder Ejecutivo, inició una nueva forma de respuesta por parte de los cuerpos policiacos en la capital del país, caracterizada por la normalización de la presencia de granaderos en las manifestaciones, actos de intimidación y provocación a los manifestantes, y abusos de autoridad durante las detenciones.
Para el Frente, tal comportamiento de las fuerzas del orden público fue calificado como “preocupante”, a razón de los casos de detenciones arbitrarias o ilegales, agresiones, “encapsulamientos” y hostigamientos que documentó en su informe y que, con excepción de los eventos del 1 de diciembre de 2012, corresponden precisamente a 2013.
De acuerdo con el informe de la Auditoría capitalina, el “control” de plantones, mítines y marchas es la actividad en la que la SSPDF despliega el mayor número de elementos, por encima de otras actividades como el rastreo y desactivación de artefactos explosivos, operaciones ribereñas y patrullajes en zonas agrestes, ecológicas y pueblos, o como escolta a visitantes distinguidos.
Cabe aclarar que el listado de acciones referido por la Auditoría, con base en información de la SSPDF, agrupa en un mismo rubro, identificado como “Otras”, actividades como participación en operativos contra la delincuencia; seguridad y vigilancia en zonas estratégicas o en eventos culturales y deportivos; operativos contra el ambulantaje, en amotinamiento de reos y traslado de reclusos; y servicio de seguridad y vigilancia en el Metro, paraderos y centrales camioneras. Esta organización hace que dicho rubro tenga una proporción mayor de elementos desplegados, pero no es posible saber el tamaño específico de despliegue para cada una de estas acciones.
En lo que concierne a las acciones de “control” de manifestaciones, mítines y plantones, los datos reportados por la Auditoría muestran que de los más de 270 mil elementos desplegados en 2013, 94 mil 275 pertenecían al agrupamiento de Granaderos; 65 mil 82 a la Policía Montada; 52 mil 197 al Grupo Especial; 25 mil 489 al Agrupamiento Femenil; 18 mil 343 a la Fuerza de Tarea; 8 mil 181 a la Policía de Transporte; y 7 mil 276 a la Policía Ambiental.
Las cifras anteriores no se refieren a la cantidad de elementos adscritos a cada área, sino al total de agentes policiacos desplegados a lo largo del año pues, por ejemplo, al agrupamiento de Granaderos sólo estaban adscritos ese año 2 mil 712 elementos. Eso significa que si se hubiera desplegado a la totalidad de granaderos, éstos habrían participado en 34.7 eventos de “control” de mítines y marchas.
En realidad, de acuerdo con la Auditoría, en ese año se realizaron 701 eventos masivos (que contemplan marchas, plantones, mítines, concentraciones de personas y manifestaciones). Si se tomaran como referencia los datos de 2012, cuando ocurrieron 421 eventos masivos y se desplegaron alrededor de 175 mil policías, podría pensarse que la proporción de elementos policiales está en función del número de eventos; mas esa idea no se sustenta al revisar las cifras de 2011.
En ese año se registraron 690 eventos masivos -es decir apenas 11 menos que en 2013- y sin embargo el número de policías desplegados fue de 193 mil 131, o sea 77 mil 692 elementos menos.
ACCIONES SIN CONTROL NI PROTOCOLOS
El informe de la Auditoría refiere que el agrupamiento de Granaderos es el que mayor participación tuvo en las acciones de la Policía Metropolitana durante 2013.
A fin de revisar si la SSPDF había contado con los procesos clave que regularan la operación de los agrupamientos de Granaderos -identificados como Oriente y Poniente-, la Auditoría solicitó a la dependencia copia del apartado de procedimientos vigentes para ese año.
La SSPDF entregó copia de 302 procedimientos, ninguno de los cuales correspondió a las actividades sustantivas realizadas por los granaderos, de acuerdo con la Auditoría. Entre ellos, por ejemplo, la SSPDF entregó uno del registro y control de nacimientos y muertes de equinos, que evidentemente no correspondía con las Direcciones de Unidad de la Policía Metropolitana Granaderos Oriente y Poniente, sino con la policía montada.
Por esta razón, el órgano fiscalizador determinó que la SSPDF “no contó con procesos clave que regularan las actividades a cargo del agrupamiento de granaderos de acuerdo con la normatividad aplicable”.
Pero no sólo eso. Al revisar los protocolos de actuación policial, la Auditoría encontró que si bien éstos establecen funciones y supuestos relacionados con diversos escenarios para antes y después de los eventos “carecen de una metodología que establezca tramos de control específicos para la coordinación y operación de los servicios encomendados”.
Dichos protocolos incluyen el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes y el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Detención de Infractores y Probables Responsables. Ambos fueron publicados en 2013 como respuesta a la recomendación 07/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) respecto al operativo policial del 1 de diciembre de 2012.
Sin embargo, para la Auditoría tales protocolos resultaron insuficientes para el control policial. También grupos de la sociedad civil rechazaron el protocolo relativo al control de multitudes, debido a que no cumplía con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de acuerdo con el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. El conglomerado de organizaciones advierte en su informe que “se corre el riesgo, mediante su implementación, de usarse de manera discrecional por parte de cuerpos de seguridad pública en contextos de protesta social”.
Un elemento adicional sobre la falta de control de las acciones policiales durante manifestaciones lo ofrece la Auditoría en una revisión de 333 expedientes relacionados con eventos masivos (es decir marchas, plantones, mítines, concentraciones de personas y manifestaciones) en 2013. Lo que detectó fue que la mayoría de éstos no contaron con órdenes de operación.
El Acuerdo 16/2013, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de marzo de 2013, y que describe el Protocolo de Actuación para el Control de Multitudes, refiere que una orden de operaciones es el documento que establece los lineamientos de cualquier operación policial, y contiene los siguientes aspectos: información, misión, decisión, esquema de maniobra, acciones específicas, detalles comunes, prescripciones administrativas y marco jurídico.
Pese a la relevancia que tiene en la actuación de la policía una orden de operaciones, de la muestra revisada de 333 eventos masivos sólo 36 contaron con órdenes de operaciones, es decir poco más del 10 por ciento.
Por ejemplo, de 100 eventos de marchas, sólo en nueve casos se expidió una orden de operación, mientras que de 109 manifestaciones, sólo 10 contaron con una orden de operaciones escrita.
La SSPDF informó a la Auditoría, durante el proceso de revisión, que esta diferencia se debía a que, en efecto, no todos los eventos contaban con orden de operación escrita, “ya que algunos se presentaban de manera espontánea y se atendían de inmediato”.
La Auditoría no ofrece detalles sobre cuáles fueron los eventos masivos en los cuales intervino la policía capitalina pese a no tener una orden de operaciones durante 2013.
Ese año, sin embargo, ocurrieron varios casos de agresiones y abusos policiales durante movilizaciones sociales, como documentó el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social en su informe.
Uno de ellos fue el 1 de junio, cuando se convocó a una marcha del Monumento del Ángel de la Independencia a la Residencia Oficial de Los Pinos. Minutos antes de las 15 horas, un grupo de granaderos ingresó a la estación del Metro Tacubaya para “contener” a un grupo de al menos 100 manifestantes que se dirigían a la protesta lanzando consignas en el transporte.
Ese día no ocurrió ninguna detención, pero hubo múltiples agresiones a manifestantes y usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no involucrados, Posteriormente, el STC informaría en un comunicado que la operación policial se realizó “para impedir actos vandálicos dentro de las instalaciones que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios”.
Luego, el 10 de junio se realizó la marcha conmemorativa de los hechos violentos del 10 de junio de 1971, conocido como “Halconazo”. Más de mil elementos de la SSPDF acompañaron el recorrido, “encapsulando” en todo momento al contingente, lo que a juicio del Frente fue “un obvio acto de crriminalización, intimidación y provocación”. Ese día hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías, persecuciones y detenciones arbitrarias.
El 1 de septiembre de 2013, en el marco del primer informe del Presidente Peña Nieto, hubo diversas protestas. La SSPDF realizó un despliegue calificado por el Frente como “exagerado” y que contribuyó a que la tensión aumentara entre quienes habían salido a manifestarse. Desde muy temprano ocurrieron “encapsulamientos” y detenciones arbitrarias.
Durante septiembre, la SSPDF se encargo de vigilar el plantón de maestros disientes que por entonces se encontraba en la plancha del Zócalo capitalino. El día 13 fue ordenado el desalojo de los maestros, operativo en el que participaron tanto la SSPDF como la Policía Federal. Ese díaa también hubo enfrentamientos y detenciones, algunas con “desproporcionada violencia y en situaciones de arbitrariedad y criminalización”, de acuerdo con el informe del Frente.
El 2 de octubre, en la tradicional marcha conmemorativa de la masacre estudiantil de 1968, nuevamente hubo enfrentamientos, detenciones perpetradas por policías vestidos de civil, agresiones contra manifestantes pacíficos e intercambios de proyectiles entre granaderos y personas que, en su mayoría, usaban su rostro cubierto.
Luego, el 24 de noviembre diferentes colectivos y organizaciones que convocaron a una rodada ciclista en apoyo a los detenidos el 2 de octubre anterior fue interceptada y hostigada por la policía. Ese día se detuvo a tres personas.
Para el mes de diciembre, en el primer aniversario del arribo al poder de Peña Nieto, diversas organizaciones marcharon para protestar. Ese día, la SSPDF desplegó a 4 mil 700 elementos, según el Frente. Aunque no hubo incidentes en el recorrido, al finalizar la marcha, frente a las instalaciones de Televisa, un grupo de personas encapuchadas arrojó piedras a la televisora, lo que provocó que un grupo de policías y granaderos los enfrentaran, agrediendo también a periodistas que documentaban el hecho.
Una semana después, el 8 de diciembre, la SSPDF frenó a un grupo de 60 personas que protestaba pacíficamente contra el reciente incremento al pasaje del Metro. La policía detuvo al grupo sobre el andador peatonal Madero y los amenazó con remitirlos al Ministerio Público si avanzaban hacia el Zócalo; los manifestantes se encaminaron hacia Bellas Artes, donde fueron agredidos por policías con jaloneos, patadas y empujones tras “encapsularlos”.
MÁS EQUIPO, MENOS INVERSIÓN
Otro aspecto que revisó la Auditoría fue el uso de recursos que recibieron. Al respecto, registró el incremento de 64.2 por ciento, equivalente a 38 millones 195 mil 800 pesos, para la adquisición de prendas de protección para seguridad pública y nacional.
También un aumento de 27. 6 por ciento en promedio anual desde 2009 para el arrendamiento de transporte para ejecutar programas de seguridad pública. En 2013 se gastaron 304 millones 44 mil 600 pesos para ese propósito.
Asimismo, la SSODF tuvo un aumento promedio anual de 51.8 por ciento para la adquisición de equipo de defensa y seguridad, vehículos y equipo terrestre, así como de equipos de comunicación y telecomunicación. En 2013 para este rubro se ejercieron 144 millones 903 mil pesos.
En contraste, los recursos destinados a inversión pública se redujeron una proporción de 43.8 por ciento anual entre 2009 y 2013.
El órgano fiscalizador proporcionó en su informe el equipamiento y armamento con que para ese año contaba el agrupamiento de Granaderos, que incluyen equipo de defensa como toletes, corazas y cascos antimotines y mascarillas anti gas, como armamento, en el que se cuentan escopetas lanza gas, fusiles Galil, pistolas y rifles anti montín.
REPROBADOS EN POLÍGRAFO
Otro aspecto que acreditó la Auditoría fue que hubo 22 casos de elementos del cuerpo de granaderos que no pasaron la prueba del polígrafo, pese a lo cual fueron aprobados en su examen de Control de Confianza.
De una muestra de 67 casos, la Auditoría detectó que casi una tercera parte tenía fallas: ocho fueron no aprobados, cinco fueron calificados como “no veraz”, seis fueron aprobados con restricciones y tres se registraron como inconclusos.
Sin embargo, de ellos sólo uno no fue aprobado, mientras que 11 fueron aprobados con restricción y el resto aprobados.
Ello, señaló la Auditoría, contraviene el artículo 51 fracción IX de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, sobre los requisitos de permanencia de la policía.
Por si fuera poco, la Auditoría identificó evaluaciones poligráficas con una vigencia de más de tres años, o cual contraviene a lo estipulado el el artículo 35 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
