Ciudad de México 15 de julio (SinEmbargo).- En los casi cuatro años de Gobierno del priista Eruviel Ávila Villegas, en el Estado de México se han registrado poco más de 150 agresiones contra defensores de derechos humanos, de acuerdo con el coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), José Antonio Lara Duque.
Las agresiones registradas por la organización comprenden lo mismo amenazas telefónicas, por mensajes de celular o a través de otras personas, que encarcelamientos y homicidios, como afirmó el abogado durante su ponencia en el marco de la campaña de visibilización de defensores de derechos humanos «Haz que se vean», promovida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Prácticamente el 95 por ciento de esas agresiones y violaciones a defensores, sostuvo, han ocurrido en comunidades donde se pretende llevar a cabo proyectos inmobiliarios, carreteros o comerciales.
“Es decir: la disputa es por territorio, recursos naturales y sobre todo por el agua”, dijo coordinador del centro de derechos humanos, que apoya a al menos unas 15 comunidades mexiquenses.
Lara Duque expuso que el gobierno estatal, que históricamente se ha mantenido en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha implementado un “proyecto a la mexiquense”, que implica el desarrollo de viviendas, carreteras y comercios, con los servicios públicos asociados a éstos, pero favoreciendo a grandes corporaciones en detrimento de las comunidades indígenas a las que “arrebatan” sus recursos naturales.
El defensor de derechos humanos refirió el caso del pueblo de San Salvador, en el municipio de Atenco, que desde 2001 ha mantenido una oposición al proyecto de un nuevo aeropuerto en sus territorio. Otro ejemplo, dijo, es el del municipio de Coyotepec, cuyos pobladores mantienen una lucha en defensa del agua, ante la pretensión del gobierne estatal de municipalizar el servicio para favorecer al municipio vecino de Huehuetoca. En ambos casos, los habitantes que rechazan el uso de sus recursos han sido violentados en sus derechos, de acuerdo con Lara Duque.
Sin embargo, por ahora los focos rojos están encendidos en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma. Desde 2007, sus habitantes han mantenido su postura en contra de la construcción de la autopista privada Naucalpan-Toluca, cuyo trazo afectaría no sólo sus tierras sino sus lugares sagrados, pues se trata de una comunidad otomí.
Pese al rechazo de una parte de la comunidad, el pasado 9 de julio, el Presidente Enrique Peña Nieto -quien gobernaba el Estado de México cuando comenzó la resistencia del pueblo a la obra- emitió un decreto de expropiación de casi 38 hectáreas en San Francisco Xochicuautla para la autopista.
La construcción de la obra fue adjudicada a la empresa Autovan, subsidiaria de Constructora Teya, filial de Grupo Higa. Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa, detenta la propiedad legal de la llamada “Casa Blanca” de la familia presidencial en Las Lomas.
Los pobladores que se oponen al proyecto consideraron este decreto como la más reciente embestida a una lucha que mantienen desde 2007. Pero fue a partir de 2013 que comenzaron las agresiones a la comunidad, dijo a SinEmbargo Dominga Villada, del Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla.
Villada cusó el destrozo de tierras de cultivo, la tala de árboles, el arresto de 22 personas opositoras a la obra, además de la entrada de maquinaria pesada a su territorio, siempre resguardado por granaderos. También refirió que actualmente hay policías permanentemente en la zona, quienes los hostigan.
El pasado 7 de julio, dos días antes de que se emitiera el decreto expropiatorio, hubo un enfrentamiento entre policías y los pobladores opositores. Ese día, contó Villada, fueron derrumbadas siete casas que se encontraban en el área por donde pretende pasar la autopista.
Preocupados ante la situación hostil que desde ese día se mantiene en la comunidad, representantes de San Francisco Xochicuautla acudieron este miércoles a presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dijo que previamente ya habían presentado otra queja, sin que nada pasara.
Villada criticó la inacción que han mantenido las autoridades ante la problemática que se vive en la población.
“Esto ya es urgente, ¿qué esperan?, ¿que haya sangre, muertos, para que digan ‘ahora sí’? Ahora les estamos avisando lo que está pasando en Xochi”, advirtió.
