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- Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
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Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- La defensa de los jóvenes Jacqueline Santana López y Bryan Reyes Rodríguez exigió castigar a los policías federales que los acusaron falsamente de robar 500 pesos a una de ellos, así como investigar y castigar a los funcionarios y servidores públicos que estuvieron involucrados en la «fabricación» de la imputación que mantuvo a los jóvenes casi ocho meses en prisión.
Jacqueline, estudiante, y Bryan, músico, fueron excarcelados el pasado 10 de julio, tras casi ocho meses en prisión, luego de que policías federales los inculparon de un supuesto robo. Los jóvenes fueron detenidos de forma ilegal y entregados a las autoridades capitalinas, luego de haberse frustrado un supuesto intento de desaparición forzada.
Sergio Soto, uno de sus abogados defensores, puntualizó que existe una cadena de servidores públicos involucrados en la «fabricación» del delito, desde agentes del Ministerio Público hasta jueces, respecto a los cuales podrían exigirse su responsabilidad.
Conforme a lo expuesto por el abogado Jorge Miranda, también defensor de los muchachos, eso incluiría a los funcionarios que ordenaron secuestrar a Jacqueline y Bryan, «fabricarles» el delito de robo, consignar los y dictarles un auto de formal prisión, «a sabiendas de que se trataba de una acusación de índole política».
Asimismo implicaría investigar y castigar a los elementos de la Coordinación de Operaciones Encubiertas de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Policía Federal, a la que están adscritos los policías que los detuvieron y luego acusaron, por la privación ilegal de su libertad, y castigar al juez interino 39 Penal, Rafael Ángel Jiménez Abundes, quién dictó el auto de formal a los jóvenes, por actuar «como juez de consigna, con notoria ineptitud y desconocimiento de la ley como juzgador».
Sin embargo, dijo Soto, esa será una decisión de los jóvenes, como expuso en conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes Santana y Reyes.
Para Bryan, la reparación sería una posibilidad sólo para sentar un precedente, más no confía en que pueda llevar a un efectivo resarcimiento.
«Por otra parte, al menos en mi persona, no me pueden reparar el daño, y que tampoco lo puedo considerar exactamente un daño, solamente fue la oportunidad de poder llevar a cabo la lucha en otro frente y al lado de personas bastante valiosas. Por otra parte, ni modo que me ponga a exigirle al gobierno que me pague del dinero del trabajador lo que el mismo gobierno me hizo. Así que yo no busco una reparación económica, solamente sí me gustaría dejar el precedente como una responsabilidad con respecto a los demás camaradas que pudieran caer en la misma circunstancia», expresó.
Jacqueline dijo que aún no saben cuál será la estrategia a emprender por la detención ilegal y el encarcelamiento injusto.
No obstante, sostuvo: «Todavía no sabemos cual es la estrategia a emprender en contra de lo que se nos hizo, pero lo que sí a mí me queda muy claro es que no le pediría algo a quien me atacó».
Jacqueline y Bryan, quienes estuvieron presos en cárceles del Distrito Federal, refrendaron su apoyo con la lucha anticarcelaria y reivindicaron las exigencias de la Coordinación Informal de Presos en Resistencia, que ha hecho 17 demandas al gobierno capitalino y a su sistema penitenciario.
Dichas exigencias incluyen el cese a los malos tratos que, denuncian, existen en todas las prisiones, así como a la «represión silenciosa» que lleva a cabo la institución carcelaria, en supuesta colaboración con las comisiones de derechos humanos local y nacional.
También la demanda de que no haya más un «enriquecimiento ilícito» a partir de la supuesta explotación de los presos, incluida la sexual, y un rechazo a las medidas de austeridad que se están instaurando en las prisiones.
Asimismo se exige detener la «represión» contra la protesta dentro de las cárceles, motivada por las malas condiciones de las prisiones.
Se trata de exigencias acordadas por los internos que participan desde hace 18 días en una huelga de hambre. Durante sus últimos días en prisión, Jacqueline y Bryan formaron parte de esa huelga, y desde su estancia en prisión atestiguaron las condiciones carcelarias que, mediante esas exigencias, denunciaron.
Los jóvenes fueron detenidos el pasado 15 de noviembre por policías federales vestidos de civil, entre las avenidas Francisco del Paso y Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena de la delegación Venustiano Carranza.
Desde que se supo de su detención, sus familiares y abogados sostuvieron que se trató de un delito “fabricado”, con el que se habría tratado de encubrir un supuesto intento de secuestro por parte de agentes policiales integrantes de la Coordinación de Operaciones Encubiertas, de la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal.
La liberación de Jacqueline y Bryan se dio gracias a un amparo, concedido por la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal el pasado 22 de junio, quien determinó que no se había acreditado el delito de robo ni que los policías que los detuvieron se encontraban realizando labores de prevención del delito al momento del arresto. Sergio Soto, uno de los defensores de los jóvenes e integrante de la Liga de Abogados 1 de Diciembre, subrayó que de este modo se acreditaba que la detención de Jacqueline y Bryan fue ilegal.
La Juez ordenó al Juez Trigésimo Noveno Penal del Distrito Federal–quien dictó el auto de formal prisión– que decretara la libertad de Jacqueline y Bryan “por falta de elementos para procesar”.
