Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– Ante la crisis social que atraviesa México, el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está rebasado y ha evidenciado su debilidad y descrédito ante la corrupción e impunidad de gobiernos federal y locales que han hecho caso omiso a sus recomendaciones, coincidieron expertos en la materia. Las sugerencias y avisos que ha emitido este organismo, en muchos casos sólo han quedado en mero trámite, afirmaron a SinEmbargo.
Una recomendación es nada mientras no se respete la autonomía de los organismos estatales; una observación no sirve si se condiciona el presupuesto para la investigación de un caso, y una autoridad moral puede ignorarse porque no hay consecuencia, dijeron los especialistas.
Apenas el pasado 7 de julio, el Ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez reconoció que el incumplimiento de la ley por parte de los funcionarios impide que las ideas de justicia, equidad y legalidad permeen y se consoliden en la sociedad mexicana.
“La ilegalidad, la violencia y el delito deben ser prevenidos y sancionados por la autoridad en cualquier parte del país. No debemos propiciar ni tolerar la impunidad, así como tampoco podemos aceptar que se busquen soluciones al margen de la ley para el reclamo de derechos o el planteamiento de inconformidades. Nuestras instituciones son el medio por el cual se debe procesar todo reclamo de justicia”, aseguró Raúl González Pérez.
Alertó además que si los gobiernos federal y estatal hubieran atendido las recomendaciones de organismo nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, hechos como Tlatlaya, Chalchihuapan, Iguala, y muchos otros, se hubieran evitado, y de esa manera México no estuviera atravesando un crisis.
Los gobernadores como Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge Angulo, Rafael Moreno Valle Rosas, César Duarte Jáquez y algunas dependencias del estado, como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), han aceptado parcialmente las recomendaciones emitidas por la CNDH, o incluso se han negado a acatarlas. Pero nada ha sucedido. Mientras, los casos como la Guardería ABC de Sonora, periodistas censurados y encarcelados, presos políticos, entre otros, no han recibido justicia.
El titular de la CNDH agregó que en México no se puede decir que tiene avances o retrocesos en la protección a los derechos humanos. Sin embargo, explicó, la situación a nivel nacional atraviesa “claroscuros”, pues si bien el organismo ha demostrado que ha atendido a miles de denuncias, hechos donde han prevalecido la tortura, ejecuciones extraoficiales, la desaparición forzada, la situación en cárceles, detenciones arbitrarias, entre otras, demuestran que hay mucho por hacer.
Chasel Colorado Piña, vocera de Incidencia en Amnistía Internacional (AI), explicó que cuando un funcionario público no ve que su actuar y rechazo a la recomendación tendrá un costo político, pues hace caso omiso, lo que provoca que «el ciclo de impunidad siga vigente, porque la impunidad del pasado, sigue siendo la impunidad del presente».
«Ejemplos de esto son las recomendaciones que se le han hecho a la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] o la Secretaría de Seguridad Pública, donde casi siempre el cumplimiento que se da es el de los cursos de capacitación, pero no necesariamente se emprenden acciones para investigar a los principales involucrados», refirió Colorado Piña.
GOBERNADORES, LOS PRIMEROS EN SIMULAR
El doctor e investigador Edgar Cortez Morales, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), opinó que a 25 años de la creación del organismo, aún impera la simulación.
De los problemas más notables, sobre todo a nivel estatal, dijo, es que el propio Ejecutivo local propone al comisionado, “como si fuera un empleado”, y también regula el presupuesto, lo cual limita las labores de investigación de los casos.
“Eso provoca que los gobernadores no se sientan ni obligados, ni con la necesidad de cumplir, sino que piensa que se trata de algo poco relevante, sin ninguna importancia y sin ninguna obligación”, explicó Edgar Cortez.
–¿En qué momento sí funcionan las recomendaciones?
–Yo creo que funcionan cuando se reúnen tres factores: la primera es cuando hay una actitud consistente y profesional de una comisión estatal; segunda, cuando a la recomendación la acompaña un movimiento social que está reivindicando una lucha y precisamente la observación es una de sus peticiones, y la tercera es cuando existe una corriente de opinión pública en favor de una causa, y cuando eso sucede hay un escenario donde los gobernadores pueden tener mucho mayor presión y obligación de cumplir.
–¿Cuando no se acatan las recomendaciones hay alguna clase de sanción?
-No no hay. La Reforma de 2011 plantea que cuando una autoridad no acepte o no cumpla con la recomendación tiene que argumentar el porqué no la acepta o no la cumple. Ante eso la comisión puede pedirle al Congreso local o federal, en este caso la Cámara de Senadores, que cite a la autoridad para que dé explicaciones, pero hasta ahí llega. No hay mayor sanción en ese sentido.
–¿La CNDH debería ser un órgano sancionador?
–Hay un debate al respecto [durante la Reforma en Derechos Humanos de 2011], frente a la posibilidad que se hiciera que las obligatorias recomendaciones estatales, pues muchos argumentan que eso significaría pues una cuarta instancia en el sistema de justicia.
-¿Y en ese aspecto cuál es el problema, por qué no se hace?
– En el fondo, parte del problema es que las comisiones públicas de derechos humanos debieran ser una instancia complementaria a un sistema de justicia de buena calidad. El problema es que como tenemos un sistema de justicia en crisis, pues tratamos que lo que no garantiza y cumple ese sistema de justicia, lo pueda garantizar un órgano de derechos humanos, pero eso actualmente parece prácticamente imposible.
–¿Es decir, que la impunidad no lo permite?
–Así es. La impunidad.
Para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos cumpla con su misión y «pueda abrazar la causa de los derechos humanos, como la causa de todos», es necesario que se salga del papel y confronte a la realidad, consideró Elena Azaola Garrido, investigadora del Colegio de México (Colmex), pues aseveró que cuando se ven los estudios, el número recomendaciones, el trabajo de campo, no se puede cuestionar la eficacia de la CNDH, pero si se visitan los hospitales, las cárceles o se entrevistan a familiares de migrantes, se duda.
Además, explicó que el reto para el Ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez debe ser recuperar la autoridad moral y la credibilidad de la institución.
Elena Azaola Garrido aseguró también que la CNDH debe poner especial atención en las siguientes problemáticas: condiciones en las prisiones, ejecuciones extraoficiales, desapasiones forzadas, tortura, detención arbitraria, violaciones a los derechos de migrantes. Asimismo expresó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe velar porque no se dé un retroceso a la reforma de 2011, porque: «No debe permitir que el país se resista, tanto a las recomendaciones de organismo nacionales como internacionales. Esto significaría retrocesos significativos y que repercutirán en el rumbo del país en los próximos años».
Chasel Colorado Piña, vocera de Incidencia en Amnistía Internacional, detalló que en México es constante ver un incumplimiento de las recomendaciones, incluso en casos de violaciones graves a los derechos humanos, y muchas veces es porque la propia CNDH no ha emitido estas observaciones
«Debe haber un reordenamiento de estos organismos públicos, muchas veces en las investigaciones no se logra comprender los patrones de las violaciones. Entonces en las recomendaciones no se proponen medidas concretas a alas autoridades, para arrancar la problemática que está de fondo, muchas veces se emite una medida muy paliativa del momento, como un paracetamol que pueda arreglar las cosas de manera inmediata pero no con un alto alcance de políticas públicas», refirió Chasel Colorado.
Por su parte, la doctora Ana Covarrubias Velasco, directora del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, opinó que actualmente la administración de Enrique Peña Nieto podría estar teniendo un retroceso de apertura a los organismo internacionales, en comparación de gobiernos pasados –la cual calificó de «muy positiva»–.
«Hay dos casos que han sido muy mencionados en el Gobierno de Peña Nieto, que es el caso de Iguala y Tlatlaya, y mi pregunta es que si hay una especie de retroceso. Anteriormente el escrutinio internacional era un paso hacia adelante y no me queda muy claro que éste sea el caso ahora. Al contrario», dijo Covarrubias, al participar en el Seminario sobre Violencia y Paz, “¿Cómo están los Derechos Humanos en México?».
