Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo/BlogExpediente).- Nada, pues, que celebrar en Veracruz en el día de la libertad de expresión, coinciden reporteros de la capital del estado.
En el cuarto año de Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, la administración priista carga con la siguiente lápida: 12 asesinatos de reporteros (la mayoría de estos casos están irresueltos), tres reporteros desaparecidos en la entidad, una decena de exiliados por amenazas veladas de grupos delincuenciales y varios reporteros intimidados, golpeados u hostigados de forma anónima por ejercer el oficio.
En diversas entrevistas, Jorge Morales Vázquez, integrante de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) asegura que las garantías para el gremio cada vez se ven más vulneradas y el libre ejercicio de la profesión se vuelve más frágil, peor aún, apunta, el grado de corrupción y de no investigación de los Ministerios Públicos y de los cuerpos policíacos es cada vez más evidente.
A propósito del día de la Libertad de Expresión, Blog Expediente rememora los homicidios de periodistas veracruzanos y cuya investigación y justicia aún se encuentra aletargada por los sistemas de seguridad pública y de justicia veracruzanos.
Han pasado mil 133 días desde que la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez fue asesinada en el interior de su vivienda y la justicia no ha podido llegar completa. Ni la extinta Procuraduría General de Justicia (PGE), ni la hoy Fiscalía General del Estado (FGE) han podido dar con el paradero del presunto segundo homicida José Adrián Hernández Domínguez “El Jarocho” .
Mientras tanto el actual fiscal, Luis Ángel Bravo ya da por “resuelto” el homicidio de la periodista veracruzana con la sentencia de 38 años y dos meses de prisión que ya purga Jorge Hernández “El Silva”, un enfermo cero positivo y analfabeto, indiciado quien para los amigos de Regina solo se trató de un chivo expiatorio.
Apenas el tres de mayo pasado, durante la Feria Internacional del Libro de la Universidad Veracruzanana (FILU), el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda envió un mensaje al priista, Javier Duarte: “No les creemos, no les creemos, no les creemos”. La negativa enfática de Rodríguez aludía al resolutivo que dio la procuración de justicia veracruzana sobre el “móvil del robo”, como única causa del homicidio de la corresponsal de Proceso en Veracruz.
La crispación social del gremio periodístico continúa latente con los recientes asesinatos de Armando Saldaña, un reportero de la Ke Buena y del Sol de Córdoba y quien fue asesinado en un municipio de Oaxaca, limítrofe con Veracruz, y en el que las autoridades de la entidad se negaron a contabilizar en la fría estadística, aduciendo que el hecho violento ocurrió en otra jurisdicción ministerial.
Pendiente sigue el esclarecimiento total del levantón y posterior ejecución del reportero-editor del periódico La Unión, Moisés Sánchez Cerezo, pues más de seis meses ha pasado desde su homicidio y al día de hoy solo hay dos detenidos, Clemente Noé Rodríguez, ex policía intermunicipal y asesino confeso y José López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín y autor intelectual.
Sin embargo, continúan en libertad, los ex policías «El Harry», «El Chelo», «El Moy», «El Piolín» y «El Olmos», oficiales a quienes la Fiscalía General del estado (FGE) sólo conoce por sus apodos. Libre.
En libertad continúa, el ex alcalde panista, Omar Cruz, desaforado por el Congreso local el pasado 26 de marzo, pese a que en la investigación ministerial 01E/2015 de la FGE, Noé Rodríguez lo incrimina como el otro autor intelectual del homicidio del reportero medillense.
El homicidio de Gregorio “Goyo” Jiménez en febrero del año pasado se enturbió al inició de este año, pues los seis aprehendidos ya obtuvieron uno de los tres amparos que se necesitan para obtener su libertad, pues un Juez determinó que los implicados fueron torturados para sacarles su rúbrica en la declaración confesa.
Los indiciados en el asesinato de “Goyo” continúan en prisión, solo porque se les investiga su participación en otros homicidios ocurridos en el sur de la entidad.
Caso similar, ocurrió con el homicidio del reportero policíaco de Milenio, Víctor Manuel Baez, cuyo cuerpo mutilado fue arrojado, dentro de una bolsa negra, la madrugada del 14 de junio del 2012 a una cuadra de Palacio de Gobierno y con el siguiente mensaje: “Eso le pasa a quienes traicionan y se quieren pasar de listos, atentamente Los Zetas”.
De dicha ejecución, la extinta PGJ, con Amadeo Flores a cargo, aunque Flores ya no trabaja en el Gobierno priista su hijo es Magistrado, concluyó unas semanas después, que los “asesinos de Víctor Manuel Baez” habían muerto en un enfrentamiento con fuerzas federales, muy cerca de la zona centro de Xalapa, con lo que la Procuraduría dio carpetazo al asunto.
El “modus operandi” de la impartición de justicia a medias, sucedió en el triple homicidio que sacudió al periódico Notiver, con el asesinato de su columnista, Miguel Ángel López Velasco, su hijo y fotógrafo, Misael López Solana y la esposa de Velasco, Agustina Solana en junio del 2011, días después, el entonces Procurador de Justicia, Reynaldo Escobar Pérez responsabilizó al ex agente de tránsito municipal, Juan Carlos Carranza Saavedra, «El Ñaca» como presunto asesino.
Sin embargo, en mayo del 2013, la misma PGJ, apoyada en un boletín de la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que «El Ñaca» murió en Jalisco en un enfrentamiento con marinos, a partir de ahí, el Gobierno de Duarte tuvo a bien dar “carpetazo” al homicidio de López Velasco y su familia.
Este domingo, en plena jornada electoral, reporteros de Xalapa harán un alto en la cobertura informativa y seguimiento de los comicios para protestar en la Plaza Lerdo, rebautizada como Plaza Regina Martínez, para condenar los asesinatos de 12 periodistas y de paso exigirle al Gobernador, Duarte y al Fiscal General del Estado que “agote” las investigaciones para otorgar justicia a los reporteros privados de la vida y sancionar a los culpables.
Pretextando la veda electoral, el priista Duarte ha minimizado al máximo su aparición en público y aunque durante sus tres primeros años acostumbraba brindar y desayunar con reporteros afines a su Gobierno, con quienes rifaban autos y obsequiaba computadoras y tabletas electrónicas, desde hace un año, dicho evento ha quedado suprimido, para evitar el escarnio público.
“DEFINICIONES LEGALES”
Para el actual Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo, quien tiene a su cargo una entidad autónoma otorgada por el Congreso Local desde el 30 de enero pasado, hay homicidios de periodistas que ya tienen una “definición legal” en el ámbito local, razón por la que si la investigación continúa abierta, es competencia de la PGR.
“Las indagatorias iniciadas en años anteriores han tenido una definición legal que incluye la incompetencia de algunas de ellas, en virtud de la facultad de atracción ejercida por parte de la PGR, eso sí, las que aún permanecen en la Fiscalía, se agotan todas las líneas de investigación para lograr [sic] el esclarecimiento de los hechos que motivaron su inicio”.
Continua: “La verdad histórica y legal a la que se arriba en cada indagatoria, es producto de una investigación seria. El mensaje es que en Veracruz no hay impunidad para nadie”.
Sobre los tres años y días contando en el que el asesinato de Regina Martínez continua impune, el Fiscal, Luis Ángel Bravo contestó por escrito a solicitud del reportero que hay “voluntad política” y “disposición jurídica” para resolver el caso.
“En éste como en todos los casos la Fiscalía General del Estado no conduce su actuar por lineamientos políticos. Nuestro actuar se ciñe a un marco jurídico específico que nos obliga a actuar y agotar todos los medios legales, la base de la búsqueda es la colaboración. Todas las procuradurías y las Fiscalías del país, tenemos una coordinación específica para este tipo de búsquedas”.
Bravo Contreras resume que hay una orden de aprehensión contra “El Jarocho” que ha sido boletinada a toda la república, a través de los convenios de colaboración existentes, lo que incluye también la Policía Federal y a la plataforma México.
