Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– Sólo nueve estados de la República han aprobado la llamada “Ley 5 de Junio”, una legislación decretada en 2011 por la cual el Estado mexicano se aseguraría que nunca más se repetiría otra tragedia como la que cobró la vida de 49 niños en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el pasado 5 de junio de 2009.
Desde 2014, solamente Colima, Sonora, Estado de México, Puebla, Yucatán, Baja California, Jalisco, Tabasco y el Distrito Federal han aprobado la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como “Ley 5 de Junio”, o lo que es lo mismo: 22 entidades federativas se resisten a generar condiciones para regular y evaluar el trabajo de las guarderías subrogadas en el país.
Para los padres de la Guardería ABC el asunto no es menor ni se trata sólo de una simple armonización legislativa, pues mientras la mayoría de los estados no cuenten con esta ley existe el riesgo latente de que se vuelva a repetir una tragedia como la ocurrida en la estancia infantil en donde 25 niñas y 24 niños perdieron la vida, además de que más de 70 pequeños resultaron con quemaduras graves que los acompañarán durante el resto de sus vidas.
“Los legisladores tienen un pendiente muy importante con toda la niñez”, afirmó José Francisco García Quintana, del Movimiento 5 de Junio, en entrevista para SinEmbargo.
La ley es vital para que el Estado mexicano garantice que los pequeños que asistan a guarderías cuenten con servicios de calidad en condiciones de igualdad, seguridad y protección adecuadas.
Sin embargo, de acuerdo con el “Segundo informe semestral de actividades del 2014 para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil de la Secretaria de Salud”, publicado el 6 de enero de 2015, no había avances en las legislaturas estatales para adecuar sus normas a lo aprobado por el Congreso en 2011.
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A pesar de que diputados, senadores y el gobierno del ex Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) celebraron la aprobación de la ley en el 2009 como un gran logro, para el padre de uno de los pequeños que perdió la vida en la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, no es más que un asunto inconcluso porque en 2015 persiste el desinterés por adecuar las leyes locales a la norma general.
“Es una Ley que está inconclusa, no está completa porque no se ha sido posible que todos los estados tengan su Ley 5 de Junio con base en la Ley General 5 de junio. Pero lamentablemente no ha sido importante para la Cámara de Diputados el exhortar con mayor presión a los congresos locales”, dijo José Francisco García.
El último punto de acuerdo registrado por un legislador federal para apurar a los congreso estatales a adecuar sus legislaciones fue aprobado el 25 de junio de 2014, para exhortar a las legislaturas locales a homologar sus leyes, casi un año después, ningún congreso estatal escuchó el llamado federal.
Y es que 22 legislaturas locales han hecho caso omiso al artículo quinto transitorio de la propia Ley que establecía el plazo de un año para expedir la ley o adecuar las ya existentes, a partir del día en que entró en vigor el decreto, esto es el 25 de octubre de 2015.
CORRUPCIÓN PROVOCA OMISIÓN EN ESTADOS
Para la Diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano (MC) e integrante del extinto grupo de trabajo para dar seguimiento a las investigaciones realizadas sobre el incendio de la Guardería ABC, la corrupción ha impedido que la mayoría de las legislaturas locales homologue sus normas con la «Ley 5 de Junio».
A seis años de que ocurrió la tragedia, la legisladora consideró que los gobiernos estatales han tomado a la ligera su obligación de contar con una ley que regule a las dependencias y organismos de seguridad social que presten los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil.
“Es lamentable que los gobiernos estatales estén simulando, ha pasado un año más y otra vez estamos con promesas”, dijo la Diputada Huidobro.
Este grupo de trabajo resolvió en mayo de 2015 que la sociedad continúa a la espera de una investigación veraz y efectiva por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
Enumeró una serie de pendientes tanto para la Procuraduría General de la República como para el IMSS, mismas que todavía están en el limbo.
Asimismo pidió resolver a la mayor brevedad la averiguación previa radicada en Hermosillo, Sonora, en contra de Juan Francisco Molinar Horcasitas, el fallecido ex director general del IMSS; Eduardo Bours Castelo, ex Gobernador del estado de Sonora, y Ernesto Vargas Gaytán, ex Secretario de Hacienda de la entidad.
Molinar Horcasitas falleció el pasado 21 de mayo, y fue recordado como un gran ser humano y como un servidor público ejemplar durante su funeral.
Respecto a estas demandas, al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se le pidió a “desahogar a la mayor brevedad posible las diligencias de prueba que están pendientes”, respecto a la nueva línea de investigación sobre la hipótesis de que el incendio en la bodega que estaba al servicio de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora, y que fue intencionalmente provocado.
Solicitó indagar la participación del señor Carlos Andrés Meza López, quien podría ser uno de los principales autores materiales del incendio y que hasta la fecha de su asesinato el día 17 de agosto de 2009 se desempeñaba como chofer y guardaespaldas personal del señor Juan Carlos Lam Félix, quien en la época de los hechos era el secretario técnico del Ejecutivo, Eduardo Bours Castelo.
Sin embargo, Murillo Karam tampoco atendió la demanda y dejó el pendiente a su sucesora Arely Gómez Madrid.
“Inclusive en una de las comparecencias donde estuvo Murillo Karam se le recordó esto y no respondió nada; dijo que se le iba a dar el trámite correspondiente y que no podía abundar sobre la línea de investigación”, recordó la legisladora federal.
