Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).– A pesar de los esfuerzos del Gobierno mexicano en intervenir en Guerrero con fuerzas federales y con el Ejército a partir de los hechos de Iguala, la violencia no sólo no se logró contener sino que va en aumento, con ayuntamientos y policías dominados por la delincuencia organizada a través de la extorsión, coincidieron expertos en seguridad consultados por SinEmbargo.
Los hechos recientes de la desaparición masiva de entre 15 y 30 personas en Chilapa, el hallazgo de decenas de fosas con cadáveres sin identificar y la inseguridad desatada durante el proceso electoral, son focos rojos que hablan de una estrategia gubernamental en materia de seguridad que no está clara y sobre todo, que carece de resultados visibles y favorables.
“No sabemos a dónde va la estrategia de [Enrique] Peña Nieto con el nuevo Congreso. Quizás el gobierno está recalibrando su estrategia, pero todavía no hemos visto resultados. Ahora es difícil saber, porque es época electoral y todo está en pausa. Es una lástima, porque la situación es grave, vamos a ver después”, dijo Mary Speck, directora para México América Central del International Crisis Group, una Organización No Gubernamental (ONG) y sin fines de lucro que busca ayudar en la prevención y solución de conflictos en más de 50 países.
Speck ha dado seguimiento a la violencia que se vive en Guerrero. La organización prepara un informe que será publicado tentativamente en junio. Durante sus visitas y conversaciones con autoridades, políticos y con la población de la entidad, ha constatado que la estrategia de enviar a la Policía Federal no ha sido suficiente para contener la violencia.
La experta explicó que esa insuficiencia se debe a que Guerrero es un “coctel” de diversas fuerzas, difíciles de comprender y solucionar.
En la entidad confluyen las bandas del crimen organizado que diversificaron su cartera, y no sólo se dedican al narcotráfico, sino que encontraron en el secuestro y la extorsión un negocio más para explotar en perjuicio de la integridad de la población.
Confluyen las autoridades municipales, los alcaldes, las policías locales, no sólo infiltradas, sino extorsionadas por los criminales.
“Hay que preguntarse, ¿puede un político honesto, con ganas de caminar y de mejorar, competir con seguridad en Guerrero? Yo no creo que haya tanta infiltración en Guerrero, tengo la impresión por mis conversaciones con líderes políticos y oficiales, que ellos son extorsionados y no tienen la capacidad de resistir. Aún los más honestos y bien intencionados. Tengo entendido que como en Michoacán, los gobiernos municipales están siendo extorsionados. Algunos como Abarca lo hacen voluntariamente, pero muchos lo hacen por extorsión”, explicó.
A las autoridades municipales y estatales, se les suman también los grupos armados de policías comunitarias, poco controladas y monitoreadas por la población y el Gobierno federal, que se extienden por diversos puntos de la entidad.
El analista en seguridad Alejandro Hope señaló que en Guerrero hay una “multiplicidad de tipos de violencia”, que se contraponen unas con otras: la que genera el narco, la social muy arraigada, la política y la de los grupos caciquiles.
ENTRE LOS CÁRTELES Y LA DESCONFIANZA
Para Speck el Gobierno mexicano sólo logró, a partir de septiembre de 2014 cuando desaparecieron los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, replegar a los cárteles del crimen organizado.
Alejandro Hope explicó que la violencia en Guerrero se incrementó durante los últimos meses por la fragmentación de los grupos de delincuencia organizada, muchos dispuestos a intervenir en el proceso electoral.
“Hay una disputa por la captura de espacios territoriales más feroz de lo que había hasta hace algunos años. Una segunda causa es más coyuntural: es el proceso electoral que está generando disputa muy seria por espacios locales muy puntuales”, expuso.
En ese contexto, la población desconfía que la presencia de militares y de la Gendarmería Nacional, baste para mantener el control de las distintas células del narcotráfico que se disputan el territorio.
“Intervinieron 12 municipios y hay presencia federal. No se puede decir que Guerrero está abandonado, pero no es suficiente. Eso es muy fácil para el crimen, pues sólo se repleta. El envío de unas tropas y el remplazo de policías locales, como hemos visto en otros estados, no es solución”, dijo Mary Speck.
La experta agregó que la entidad requiere de una propuesta real para combatir la impunidad y garantizar justicia a largo plazo. Esa es la verdadera causa, dijo, de las violaciones a los derechos humanos y los crímenes en Guerrero: “Hay una enorme cifra negra por la impunidad. La cifra de los crímenes que nos denunciados por la falta de respuesta a los que sí lo son”.
Speck recordó que a raíz de la desaparición de los normalistas, se realizó el hallazgo de varias fosas clandestinas con decenas de cuerpos. De esos cadáveres, sólo un puñado ha sido identificado.
“Según los familiares han descubierto más de 60 restos de seres humanos y sólo han identificado un puñado. Sólo tres. ¿Quiénes son esas personas? De los restos que se encontraron en Iguala, no sabemos si son hombres , mujeres, niños, adultos, cosas que se deben conocerse rápido. Es urgente tener respuesta no sólo al crimen de los normalistas, sino a los otros desparecidos en Iguala”, planteó.
En el plano internacional, Ayotzinapa destapó una realidad dolorosa, que no había sido denunciada del todo, porque Guerrero es uno de los estados más pobres, con escasa participación de la sociedad civil.
Ayotzinapa, explicó, a pesar de ser una tragedia, forma parte de un patrón de desaparición en la entidad.
Un patrón del cual se sabe poco, a pesar de que el caso Ayotzinapa escaló dimensiones internacionales y alcanzó la atención de diversas autoridades, precisó.
RESTABLECER LAS POLICÍAS LOCALES
Los hechos violentos de Chilapa, explicó Mary Speck, demuestran los límites de la intervención federal en Guerrero.
El esfuerzo federal, detalló, no puede remplazar a la policía local. Enrique Peña Nieto debe ver al gobierno local y a su policía para tratar de solucionar la violencia en Guerrero, afirmó.
“Hay una urgencia de tener policías locales entrenados, capacitados y con una buena relación con la comunidad. Lo preocupante es, que a pesar de la intervención federal, la violencia ha empeorado. Hay unos pocos federales que no tienen raíces en la comunidad”, dijo.
La experta precisó que es necesario restablecer la confianza de la población en las autoridades locales, la cual no mejorará hasta que haya resultados.
“Es una lástima que la investigación de la desaparición de los 43 haya sido tan controvertida, porque necesitan un caso con resultados claros para devolver la confianza y ganarla por primera vez en un estado como guerrero”, comentó.
El gobierno federal tampoco puede olvidar a las policías comunitarias que coexisten en la región. Grupos de campesinos armados, que en un principio fueron creados para combatir delitos menores en sus comunidades.
Ahora esas policías hacen frente al crimen organizado. Luchan contra la extorsión, el secuestro y las violaciones a sus mujeres, sin ningún control, ni supervisión.
“Las policías comunitarias en Guerrero, sobre todo en las zonas rurales, indígenas, son importantes. Pero los acontecimientos de Chilapa nos indica que no hay control, no se sabe quiénes son estos policías que supuestamente se llevaron a la gente. Si hay policía comunitaria, necesita entrenamiento, monitoreo y más control del gobierno. Yo no diría que hay que eliminarlas, pero hay que entrar la forma de incorporarlos, hacerles colaborar y darle a la comunidad misma una forma de monitorearlos”, detalló.
Alejandro Hope coincidió con Speck y consideró que un primer paso que debe dar el Gobierno federal en Guerrero, es restablecer “una dosis de legitimidad y autoridad del gobierno local”, que no la tiene desde Ayotzinapa.
“Las policías comunitarias deben ser sujetas a una regulación más severa que el plan original. El punto es que hay que ir construyendo un sistema suficientemente flexible, para aceptar esas múltiples formas de organización. Cómo se deben vincular esas policías comunitarias, muchas de las cuales funcionan razonablemente bien con el orden institucional”, indicó.
Con la intervención federal en la entidad, se lograron desmantelar algunas células delincuenciales y llevar cierta seguridad a zonas turísticas como Acapulco, explicó, sin embargo no se logró “iniciar un proceso sustentable para restablecer la autoridad local y estatal”.
Por otro lado, el Gobierno federal debe resolver el caso Iguala. El cual a pesar de la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, aún no está concluido.
“Que bueno que lograron romper, al menos en Iguala, el imperio criminal que tenían los Abarca y sus cómplices; donde yo creo que todavía radica el problema es en la ausencia de identificación de los restos, que hace difícil que haya un cierre. El gobierno ha logrado esclarecer cómo, cuándo y dónde, pero el porqué sigue siendo un tema obscuro”, agregó.
