Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).- Al cumplirse ocho días de que la ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado García, permanece en huelga de hambre desde su reclusión en el Centro Federal Femenil Noroeste, en Nayarit, sus familiares y defensores exigieron su liberación inmediata y acusaron a los gobiernos estatal y federal de mantener un “limbo jurídico” para evitar su excarcelación de un penal federal.
Lo anterior a pesar de que Salgado García fue absuelta del delito de delincuencia organizada y a que en enero pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno mexicano la adopción de medidas cautelares a favor de la ex comandante al considerar que su vida está en riesgo porque su situación de salud no estaría siendo debidamente atendida en la prisión donde se encuentra desde agosto de 2013.
El pasado 5 de mayo, Salgado García inició una huelga de hambre que tomó por sorpresa a su familia y a sus abogados, como contaron en conferencia de prensa. Leonel Rivero Rodríguez, su defensor desde enero de este año, refirió que visitó a Salgado García el pasado fin de semana; ella le dijo que estaba dispuesta a llevar hasta sus últimas consecuencias su huelga, en la cual se ha mantenido consumiendo únicamente agua simple y a pesar de la gastritis y la neuropatía en las cervicales que padece.
La exigencia de Salgado García es su libertad absoluta.
Como comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Olinalá, Salgado García fue detenida por militares el 21 de agosto de 2013, y acusada de presunto secuestro y delincuencia organizada. Junto con ella fueron detenidos 30 policías comunitarios. El mismo día de su detención, fue trasladada al Centro Federal Femenil Noroeste 4, en Tepic, Nayarit, y tan sólo seis días después, el 27 de agosto se le dictó auto de formal prisión.
Las acusaciones contra Salgado García y el resto de los policías comunitarios se enmarcaron en las acciones que realizaba la CRAC-PC en Olinalá como autoridad encargada de la seguridad pública.
Aunque el 31 de marzo de 2014, el Poder Judicial de la Federación revocó la acusación de delincuencia organizada -un delito federal- y ordenó su liberación inmediata, siguen abiertos tres procesos por secuestro, además de que hay otras tres averiguaciones previas en proceso de integración. Sin embargo, por tratarse el secuestro de un delito del fuero común, sus defensores han cuestionado que se le mantenga en un penal federal.
Rivero Rodríguez acusó un “interés de mantener de manera indefinida presa” a Salgado García por parte de la Fiscalía General de Guerrero y refirió que desde que tomó la defensa de la policía comunitaria el proceso ha avanzado lento debido al obstáculo que representa la lejanía, ya que las imputaciones por secuestro las llevan juzgados en Guerrero, pero ella está presa en Nayarit, a mil kilómetros de distancia. Otro problema que ha retrasado el avance del proceso de Salgado García fue el paro de labores en el que se mantuvieron los juzgados en Guerrero durante seis semanas, refirió.
Alejandra Gonza, representante de Salgado García ante instancias internacionales, habló de las «graves violaciones» a derechos humanos que ha habido en el caso, desde la detención “ilegal y arbitraria” de la policía comunitaria y su traslado a Nayarit, con la intención de colocarla en una situación de indefensión e instaurar una versión “unilateral” sobre su situación.
La abogada de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle se refirió también a los obstáculos que han puesto las autoridades mexicanas, “ algunas directamente porque son las tienen que pronunciarse; otras indirectamente porque no actúan”.
Abundó en los casos de los tribunales judiciales por no haber resuelto el caso todavía, no dar una protección jurídica a Salgado García y rechazar solicitudes a su favor, así como del fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, por no haber hecho una revisión profunda del caso, y sustentarlo sólo en declaraciones de los denunciantes. «Obviamente de esta manera se permite el uso político del sistema penal para criminalizar a los liderazgos sociales”, consideró.
Hasta ahora los defensores de Salgado García ante instancias internacionales han llevado a cabo dos reuniones con autoridades mexicanas para la implementación de las medidas cautelares, sin que haya prosperado la petición del traslado de Salgado García, dijo Gonza.
Detalló que el acuerdo era que el traslado se tenía que solicitar en acuerdo con Salgado García, pero el gobierno de Guerrero lo hizo de forma “unilateral» al penal de Santa Martha Acatitla, condicionándolo a la realización de nuevos exámenes médicos con los que ella no estuvo de acuerdo.
Asimismo señaló que aunque Salgado García fue incorporada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no ha adoptado ninguna medida para sacarla del riesgo en el que se encuentra, que fue acreditado por la CIDH.
A nombre de la CRAC-PC, Felícitas Solano refirió acciones de la Policía Comunitaria en Guerrero para sumarse a la exigencia de la liberación de Salgado García. Hoy, dijo, los policías de la casa matriz de la CRAC-PC en San Luis Acatlán harían un «retén informativo” y entregarían volantes para dar a conocer el caso de los policías comunitarios presos; pero en caso de no ver una respuesta de las autoridades podrían realizar un bloqueo carretero.
LOS OTROS PRESOS
Además de Salgado García, hay otros miembros de la CRAC-PC que se encuentran encarcelados, entre ellos Arturo Campos y Gonzalo Molina.
Las esposas de ambos policías comunitarios refirieron que ellos no están recibiendo una atención médica ni una alimentación adecuada dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 1”Altiplano”, una cárcel de máxima seguridad localizada en Almoloya de Juárez, Estado de México. Anunciaron, además, que Campos y Molina se sumarían a partir de hoy a la huelga de hambre.
Los familiares de Salgado García, Campos y Molina responsabilizaron a las autoridades de lo que pueda ocurrir con los policías al exponer de este modo su salud.
“No hay justicia para los luchadores sociales. Entonces ¿por qué el Gobierno habla de justicia, hablan de castigo si no hay justicia para ellos?”, expresó Agustina García de Jesús, esposa de Campos.
Además de ellos, los otros policias encarcelados son Bernardino García, Ángel García, Pedro García, Adal Francisco, Florentino García y Benito Morales, en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco, y Samuel Ramírez Gálvez en el Cereso de Chilpancingo.
“Todos ellos acusados, como Nestora, de delitos falsos, por motivaciones políticas y no tanto jurídicas”, a decir de Aideé Tassinari, de Comité Nestora Libre.
Los policías comunitarios de Guerrero no son los únicos defensores sociales que han terminado enfrentando procesos penales. Juan Manuel Ramírez Magallón -presente en la conferencia de prensa- recordó el caso de los 40 autodefensas del municipio michoacano de Aquila, quienes también en agosto de 2013 fueron aprehendidos y acusados de delitos como robo calificado, allanamiento de domicilios, secuestro y lesiones.
Ramírez Magallón se refirió a sus primos Agustín, Vicente y Efraín, quienes se encuentran presos, y señaló que el interés por la explotación minera sería la causa de los encarcelamientos de los autodefensas. Dos meses antes de ser detenidos, los autodefensas habían surgido en la región precisamente para combatir la explotación ilegal de minerales por parte del crimen organizado.
