Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– Durante el presente proceso electoral, el Partido Acción Nacional (PAN) ha interpuesto seis denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), cuatro denuncias administrativas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y dos denuncias ante la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).
Asimismo el partido blanquiazul ha presentado recursos jurídicos para solicitar la destitución e inhabilitación de 15 funcionarios públicos por presuntos delitos electorales y casos de corrupción.
Todos los casos continúan abiertos a poco más de un mes de que se realicen los comicios del 7 de junio. Ninguna autoridad judicial o electoral ha dado respuesta a la denuncias aunque en algunos casos involucran desde posible tráfico de influencias de una Senadora de la República hasta el mal manejo de recursos públicos hasta por 800 millones de pesos, denunciaron militantes del albiazul.
“No sabemos cuál es el estado que guardan las averiguaciones previas, no se nos ha informado nada. Pero nosotros hacemos un llamado tanto a la PGR como a la SFP y por supuesto al INE para que le dé celeridad a esta investigación, deslinde responsabilidades y en su caso determine la sanción en la que puedan estar sujetos los funcionarios”, afirmó Humberto Aguilar Coronado, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en Sonora, en entrevista para SinEmbargo.
En el presente proceso electoral, Acción Nacional ha presentado denuncias penales y administrativas en contra de la candidata de Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, como presunta responsable de delitos de peculado, tráfico de influencias, cohecho, y abuso de autoridad, entre otros.
Pavlovich ha sido evidenciada en diversas grabaciones en las cuales presume el uso de sus influencias como Senadora de la República para solicitar al subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Tranpsortes (SCT), Raúl Murrieta Cummings, el apoyo para que empresarios amigos suyos obtengan una licitación en Sonora que posteriormente le facilitaría una avioneta para transportarse durante la campaña electoral. Ella ha dicho que se trata de una operación ilegal que sólo pretende desprestigiarla por ser mujer y por ir arriba en las encuestas.
El 13 de marzo de 2013 Acción Nacional presentó tres denuncias penales contra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) así como funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y empresas privadas, por los presuntos delitos de compra del voto y el mal uso de información protegida relativa a la lista de ciudadanos insaculados como funcionarios de casilla.
Otro de los servidores públicos denunciados recientemente es David Korenfeld Federman, ex director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por abuso de autoridad al emplear un helicóptero oficial de la dependencia como taxi aéreo para transportar a su familia al aeropuerto desde la entrada de su casa en el Estado de México.
Pero no son los únicos, en total se ha pedido la inhabilitación contra 15 servidores públicos de la SCT, la delegación Veracruz de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Instituto Nacional de Migración (INM) y el gobierno de Sonora, por haber participado o colaborado en presuntos actos delictivos.
La principal demanda de Acción Nacional es que las autoridades competentes investiguen las denuncias presentadas, a fin de evitar que se vayan conformando distintos fraudes electorales a lo largo del país.
“Lo que no puede es continuar la impunidad. Los ciudadanos están hartos de que todas estas denuncias, todas estas prácticas queden impunes, que no haya castigos y que no haya un combate a este tipo de prácticas de los gobiernos del PRI”, afirmó esta semana el presidente nacional panista Gustavo Madero Muñoz.
PAVLOVICH ACUMULA DENUNCIAS
En el estado de Sonora, el partido ha presentado siete denuncias ante diversas instancias: PGR, Secretaría de la Función Pública (SPF) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), por los posibles delitos de tráfico de influencias, peculado, cohecho, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso de recursos obtenidos de fuentes ajenas al financiamiento público de las campañas electorales.
El delegado del CEN del PAN en Sonora, Humberto Aguilar Coronado, indicó que el gobierno federal debe acelerar las investigaciones para fincar responsabilidades en contra de la candidata del PRI a la gubernatura de Sonora, Claudia Pavlovich, quien hasta hoy acumula ya siete denuncias en su contra por distintos delitos.
El primer recurso fue interpuesto el 10 de marzo de 2015 derivado de una grabación entre Gerardo Rubio Romero, secretario del Ayuntamiento de Nogales y Alan Echeverría Tobié, delegado del Instituto Nacional de Migración de Sonora , este último promete entregar “dos maletas” de dinero para apoyar la campaña electoral de Claudia Pavlovich.
El PAN presentó una nueva denuncia penal contra Pavlovich por presunto tráfico de influencias el 20 de abril. Mediante una grabación se exhibió a la Senadora priísta cuando utilizaba sus influencias para que empresarios amigos ganaran contratos de obras carreteras de la SCT con valor de 442 millones de pesos. Posteriormente, los empresarios beneficiarios le facilitaron una avioneta para trasladarse en sus actos de campaña.
El blanquiazul exigió la destitución del subsecretario de Infraestructura de la SCT, Raúl Murrieta Cummings, y el director general de carreteras de la SCT, Óscar Raúl Callejo Silva, por apoyar las licitaciones a favor de los empresarios sonorenses.
Las denuncias presentadas ante la PGR y la SPF se extienden contra funcionarios del Gobierno federal, del gobierno estatal y empresarios sonorenses por presunta corrupción, ejercicio indebido de servicio público, ejercicio abusivo de funciones, peculado, tráfico de influencias y cohecho.
Entre los funcionarios denunciados se encuentra además de los ya citados Francisco Javier Hernández Armenta, director del Centro SCT Sonora; Juan Manuel Carrillo Bahena, subdirector de Contratos y Costos del Centro SCT Sonora; Ricardo Olvera González, jefe de Departamento de Costos del Centro SCT Sonora; Isidro Naranjo Ramírez, subdirector de Obras región del Centro SCT Sonora; y Eduardo Parra Saavedra, residente General del Centro SCT del estado.
Asimismo, contra propietarios y representantes legales de las empresas Grupo Construcciones Planificadas ¨CONSTRUPLAN, Exploraciones Mineras del Desierto, MIRAMAR, Compañía Constructora MAS y Grupo Construcciones Planificadas.
Finalmente, el 30 de abril Humberto Aguilar, delegado del CEN del PAN en Sonora, anunció que el PAN presentaría dos nuevas denuncias contra Claudia Pavlovich, luego de que se dieran a conocer nuevas grabaciones de la candidata priista cuando antes de su designación le pide al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Gilberto Aguilar Sánchez, que la apoye en una gestión de un poco de siete millones de pesos.
Posteriormente, ella misma llama a su secretario particular, Luis Carlos Soto, quien también se desempeña como subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social, para que le diga al beneficiario de esa gestión, de nombre Carlos Gallegos, que “se ponga guapo”, presuntamente para preparar su campaña electoral.
“Nosotros creemos que en esta conversación hay varios delitos que pueden ser señalados: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, tráfico de influencias, es probable que cohecho e incluso hasta peculado porque ella, recordémoslo, es Senadora con licencia, y en ese tiempo estaba en el ejercicio de la Senaduría de la República”, explicó Aguilar Coronado.
Los panistas exigieron que el gobierno federal deje de usar las instituciones gubernamentales destinadas para las causas sociales como Conapesca y Sedesol como instrumentos electorales.
“El PAN cumple con creces al estar dando la cara y presentar este tipo de denuncias para que se aclare no solo por qué se hizo esa gestión, sino qué prestación recibió la candidata del PRI por esa gestión, y en el caso del INE por qué al que se benefició con contratos le presta o le renta una avioneta”, dijo el ex Senador del PAN.
Debido a que Claudia Pavlovich ha negado que se trate de su voz en las grabaciones, el PAN exigió a la PGR que realice un peritaje para constatar que es la voz de la candidata y llevar la investigación a sus últimas consecuencias.
Para Acción Nacional hay tiempo suficiente para que la autoridad investigue, se integren las averiguaciones, se deslinden responsabilidades y se impongan las sanciones que corresponden.
“En el caso de la candidata si ha violentado los ordenamientos electorales y por su puesto incurrido en el uso indebido de recursos públicos, puede llegar hasta a la cancelación de la candidatura o suspensión del registro del partido [del PRI], y en el caso de los funcionarios públicos, inhabilitación del cargo si se encuentra responsabilidad en ellos, eso lo determina la ley”; apuntó el delegado del CEN del PAN en Sonora.
VERACRUZ: OTRA VEZ RECUROS DE PROGRAMAS SOCIALES
En Veracruz, Acción Nacional presentó dos denuncias penales en contra de funcionarios públicos de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social por el presunto desvío de recursos por aproximadamente 800 millones de pesos.
La información llegó de forma anónima a la oficina del Diputado Juan Bueno Torio en donde se expone que funcionarios de la delegación a cargo de Marcelo Montiel Montiel han sustraído mediante un sistemático “robo hormiga” cerca de 800 millones de pesos de los programas públicos de Sedesol.
Los panistas suponen que ese dinero se ha usado para financiar las campañas electorales de los candidatos priistas a una diputación federal o como dice un testimonio recabado por el blanquiazul, podría servir para que el propio Montiel prepare su campaña a la gubernatura estatal.
La denuncia anónima señala que por instrucciones de Marcelo Montiel, 10 trabajadores de la dependencia y 15 externos cobraron cheques y sacaron dinero de cajeros electrónicos en lugar de los beneficiarios, a quienes solo se le entregó parte de los recursos que les correspondían.
El pasado lunes, el Senador de izquierda Alejandro Encinas Rodríguez informó que había recibido una carta dirigida a su persona, suscrito por “Funcionarios Honestos de la Sedesol de Veracruz”, con información, documentos y testimonios de los que se presume el desvío de recursos públicos por un monto de 500 millones de pesos en la misma Sedesol.
Cuestionado por SinEmbargo, el Diputado veracruzano Juan Bueno Torio, explicó que el senador Encinas divulgó sólo una parte del entramado de corrupción, “nosotros tenemos toda la película completa: empleo temporal, obras en los municipios que no están hechas y que falsificaron firmas y cobraron los cheques como si los hubieran concluido”, detalló el panista.
Aclaró que la información la recibió de forma anónima hace tres semanas, pero no fue dada a conocer de inmediato a fin de poder corroborar los datos para presentar y sustentar la denuncia penal.
“Parte de la gente que tenemos en Veracruz, haciendo operación política, los mandamos a visitar a esas personas a quienes salen en el video y a muchas otras más, hay más de 500, 600, mil, dos mil personas en los padrones de beneficiarios que no recibieron los recursos y que consta en la documentación de la Sedesol que firmaron de haber recibido”, precisó.
Ante estos hechos, el PAN decidió interponer dos denuncias. La primera ante el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que averigue si estos recursos se están empleando en las campañas de los diputados federales del PRI.
La segunda ante el Titular de la Unidad Especializada para Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos en caso de que los 800 millones de pesos no se hayan empleado en las campañas, sino para el enriquecimiento de Marcelo Montiel y de otros funcionarios públicos.
“Esperemos que en esta ocasión sí verdaderamente se haga la investigación y se castigue, se sancione a los responsables. Y en este caso debe ser con cárcel, porque estar lucrando contra la Cruzada o la famosa Cruzada contra el Hambre es ruin y es un delito innombrable”, dijo el Diputado Juan Bueno Torio.
