Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– Miguel Ángel Mancera podría convertirse en el Jefe de Gobierno del Distrito Federal que logró lo que no consiguieron ni Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ni Andrés Manuel López Obrador ni Marcelo Ebrard Casaubón: darle a la Ciudad de México una Constitución política como cualquier entidad federativa, reconocen legisladores de izquierda. Sin embargo, para los grupos civiles, esa legislación estará incompleta porque nunca fue consultada por la sociedad civil.
Ayer, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia acusó que durante la discusión de la Ley que está próxima a ser aprobada por el Senado de la República no dieron la oportunidad “para que la ciudadanía participe en la reorganización de poder público en la capital”. En el discurso de su aprobación, legisladores han hecho del reconocimiento de derechos humanos su bandera; sin embargo, durante la discusión, la negación a los mismos ha sido constante, acusó.
“Al menos durante los dos últimos años, a pesar de reiteradas peticiones de organizaciones civiles para dialogar con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y con el Senado, no sucedió. El primero respondió que no se reuniría con las organizaciones civiles y en el caso del Senado, salvo alguna reunión con el Senador Delgado [Mario Delgado Carrillo] y la Senadora Gómez del Campo [Mariana], la tónica fue de cerrazón”.
El Instituto afirmó que la Reforma Política que se a probará quedará atrapada por los partidos políticos, el Congreso Federal y los Ejecutivos local y federal. “Terminará convertido en un acuerdo de élites políticas”, denunció.
La Reforma Política de la Ciudad de México ha sido durante décadas una demanda de los capitalinos por el reconocimiento a sus derechos políticos, un paso más en la vía de consolidar los derechos sociales y las libertades que ha conquistado la capital del país en los últimos años.
En palabras llanas, se trata de una reforma a diversos artículos constitucionales que permitirán modificar la estructura jurídica del Distrito Federal, que desde ahora se denominará Ciudad de México. Aunque ésta no tendrá carácter de “entidad federativa”, la capital del país sí tendrá más autonomía de la federación en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política administrativa.
De esta forma se podría poner fin a un debate que no es nuevo, a una discusión que ha durado más de 190 años desde que el Congreso del Constituyente de 1824 debatió sobre la conveniencia de otorgar a autonomía a la ciudad capital. Debate que se reabrió en 1997 con la reforma política que permitió la elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y de los jefes delegacionales.
El hecho de que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal lograra lo que ninguno de sus predecesores se debió en gran parte a su acercamiento con el Presidente Enrique Peña Nieto.
El binomio de una buena relación institucional y personal entre el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno es algo que no había podido concretarse en sexenios anteriores. Cabe recordar la animadversión entre López Obrador y Vicente Fox Quesada, o los conflictos postelectorales del 2006 que distanciaron a Marcelo Ebrard de Felipe Calderón.
La cercanía entre Mancera Espinosa y Peña Nieto se observó prácticamente desde el 1 de diciembre de 2012 y se hizo más que evidente durante el segundo informe presidencial, cuando el Gobierno del Distrito Federal permitió que el Zócalo capitalino fuera utilizado como un enorme estacionamiento público para las lujosas camionetas de los invitados al acto del mandatario federal.
Sin embargo, aunque Miguel Ángel Mancera intentará capitalizar como éxito suyo la reforma política del Distrito Federal los senadores le pusieron un freno inmediato.
“Yo creo que es un triunfo para los habitantes de la Ciudad de México”, afirmó el Senador Alejandro Encinas en entrevista para SinEmbargo.
“Le tocó al Jefe de Gobierno [Miguel Ángel Mancera] el promoverla, el impulsarla, el construir los acuerdos, sin lugar a dudas él ha desempeñado un papel muy importante, pero es un triunfo no sólo del gobierno, es un triunfo de los capitalinos en su conjunto”, precisó el legislador de izquierda.
Sostuvo que la reforma política de la Ciudad de México es resultado de la suma de muchos factores que afortunadamente concurrieron durante la gestión de Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno.
“Hubo una coyuntura política en donde se conjugaron distintos factores: la relación que estableció el jefe de gobierno con el Ejecutivo federal, la composición de las propias cámaras, una mayor madurez política de los legisladores de otras entidades de la República que asumieron que puede dotarse de autonomía a la Ciudad de México”.
Quien fuera Jefe de Gobierno en sustitución de Andrés Manuel López Obrador cuando éste solicitó licencia para buscar su primera candidatura presidencial sostuvo que el ahora líder moral de Morena también puede recibir mérito, en caso de que se avance la reforma política.
“Hay que recordar que la primera iniciativa consensada entre todos los órganos de gobierno en el Distrito Federal y en la Cámara de Diputados se realizó durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, eso todo lo mundo tiene que reconocerlo, es parte de la verdad histórica y por supuesto que él tiene méritos en este asunto”, destacó.
El Senador Encinas agregó que sin lugar a dudas también es un logro de los legisladores federales y locales del Distrito Federal, tanto de esta Legislatura como de legislaturas pasadas en donde aportaron su granito de arena para alcanzar la autonomía de la Ciudad de México respecto de la federación.
¿QUÉ GANAN LOS CAPITALINOS CON LA REFORMA?
Sin embargo, en medio del cabildeo político y del tironeo sobre los logros y alcances de esta reforma surgen varias dudas, la primera de ellas y quizá la más importante es: ¿qué gana el habitante de la Ciudad de México con esta reforma?
“Se fortalecerán las facultades de los ciudadanos para tener un mejor control y fiscalización sobre las autoridades locales”, explicó el Senador Alejandro Encinas a pregunta directa.
“Los ciudadanos dejaremos de ser de segunda, y tendremos la posibilidad de organizarnos mejor y ofrecer, de forma más eficaz y oportuna, servicios públicos de calidad, mejor respuesta a temas como seguridad pública, mantenimiento de vialidades, agua potable, drenaje, movilidad, transporte público y recolección de basura, que es lo que más importa a la gente”, precisó el Senador Mario Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Sin embargo existen también dudas respecto a que la propuesta que por fin se discutirá este martes en el Senado de la República, luego de dos años y dos intentos por presentarla al Pleno de la cámara alta, se trata más de una reforma administrativa que una reforma social.
La propuesta acaba siendo una reforma más administrativa que política, advirtió a SinEmbargo la Senadora Gabriela Cuevas Barrón. Se trata de una reforma entre políticos que no genera un cambio real para darle mayores potestades a la ciudadanía, dijo.
“No hay nada aquí para los ciudadanos. Se habla mucho de una reforma ara que no seamos ciudadanos de segunda, etcétera. Pero la realidad es que no hay ningún nuevo poder para el ciudadano. Ni le dan más voz ni le dan más voto, ni le dan más nada”, precisó la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN).
LA REFORMA POLÍTICA
Para entender los alcances de la reforma política que se discutirá este martes en el Senado es importante entender sus bases y sus orígenes.
El pasado 14 de diciembre de 2014 en el Senado de la República se dio trámite de primera lectura al dictamen por el cual se reforman diversos artículos de la Constitución para modificar aquello en donde se hacía distinción entre entidades federativas y Distrito Federal, para dejar solamente “entidades federativas”.
Además se cambia la denominación “Distrito Federal” por “ciudad de México” o “ciudad Capital”.
El dictamen señala que el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y ya no Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Y especifica que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura o Congreso de la Ciudad de México, el cual dejará de ser Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Por problemas políticos y coyunturales, el dictamen se quedó en el tintero al finalizar el periodo ordinario de diciembre del año pasado. Aunque diversas voces ya cantaban su inminente aprobación, en el último día de sesiones ordinarias los panistas reventaron el quorum, acusando acuerdos fuera de comisiones entre priistas y perredistas con los cuales no estaban de acuerdo.
Cuatro meses después, los perredistas cedieron a varios puntos del articulado original con la intención de alcanzar “el mayor nivel de acuerdo en muchos años”, que permitiera que por fin transite este tema en el Senado de la República.
¿QUÉ CAMBIÓ?
Consultado por SinEmbargo el Senador Alejandro Encinas enumeró tres cambios fundamentales en la reforma política que se discutirá este martes respecto a la que se dio trámite de primera lectura en diciembre pasado.
En primer lugar que la Asamblea Legislativa no podrá constituirse en la Asamblea Constituyente que redactará la Constitución Política de la Ciudad de México.
Este es uno de los asuntos más polémicos en el dictamen aprobado en la Comisión del Distrito Federal el pasado 14 de diciembre.
El artículo séptimo transitorio decía:
“La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se compondrá por 66 integrantes, 40 de ellos se elegirán según el principio de votación por mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 26 electos según el principio de representación proporcional”.
Luego de cuatro meses de negociaciones, los senadores habrían llegado al acuerdo de que habrá dos asambleas: la ordinaria electa el 7 de junio de 2015 y la Constituyente, que se encargará de elaborar la primera constitución política del Distrito Federal, la cual se elegirá mediante una fórmula 60-40.
Esto significa que el Constituyente estará formado por 60 ciudadanos electos por el voto directo y 40 designados por el Presidente de la República, el jefe del gobierno del Distrito Federal y el Congreso de la Unión.
Asimismo se agregó un párrafo para establecer que “es facultad exclusiva del Jefe de Gobierno del Distrito Federal elaborar y remitir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que será discutido, en su caso modificado, y votado por la Asamblea Constituyente. El Jefe de Gobierno deberá remitir el proyecto de la Constitución Política de la Ciudad de México a la Asamblea Constituyente a más tardar el día en el que ésta célebre su sesión de instalación”.
En segundo lugar, las alcaldías no podrán tener funciones menores a las que gozaban o ejercían hasta diciembre de 2006.
De forma textual se lee en el artículo décimo séptimo transitorio:
“Dentro de las funciones que correspondan a las Alcaldías, la Constitución de la Ciudad de México y las leyes locales contemplarán, al menos, aquéllas que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente a la entrada en vigor del presente Decreto, señala para los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con base en el modelo de asignación de funciones entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno de las Alcaldías que se establece en el artículo 122 constitucional.
Las competencias de las Alcaldías a que se refiere el presente transitorio, deberán distribuirse entre el Alcalde y el Concejo de la Alcaldía, en atención a lo dispuesto en la Base VI del Apartado A del artículo 122 constitucional, reformado mediante el presente Decreto”.
El tercer punto se refiere a la forma en que se integrarán los órganos de gobierno en la Asamblea Constituyente en donde se aplicará el mismo criterio que en el Congreso de la Unión.
RECHAZAN INTROMISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS
El Senador perredista Mario Delgado se pronunció en contra de que las fuerzas políticas y de gobierno se apropien de la reforma política de la Ciudad de México. Para ello, demandó que saquen las manos del proceso de selección y elección de los constituyentes, quienes serán los responsables de redacta la Constitución de la Ciudad de México.
El también presidente de la Comisión del Distrito Federal reiteró que permitir que partidos políticos y gobiernos intervengan en este proceso va en contra del espíritu ciudadano que se pretende otorgar a la propia Constitución.
Enfatizó que el Constituyente debe de conformarse por académicos, juristas, integrantes de organizaciones no gubernamentales interesadas en la defensa de los derechos humanos, y ciudadanos dispuestos a colaborar de manera honoraria.
«Todos deberán ser ciudadanos mexicanos, originarios del Distrito Federal o bien, con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de la elección”, destacó el legislador capitalino.
“Estos nombramientos deberán recaer entre aquellas personas de reconocido prestigio en los sectores empresarial, de la academia, de la sociedad Civil, del sector educativo, de las organizaciones defensoras de derechos humanos, del sector sindical y organizaciones de profesionistas especializados, de forma que se garantice la participación ciudadana y la equidad de género», precisó.
Por otra parte, Mauricio Tabe Echartea, presidente del Partido Acción Nacional en la capital solicitó, mediante una carta dirigida a la Junta de Coordinación Política del Senado, que el voto popular sea el único mecanismo para integrar al Constituyente.
Señaló que de esta forma se evitará que la Asamblea sea rehén de intereses particulares y/o acuerdos coyunturales, como pretende aprobarse al condicionarse a la designación del Poder Legislativo, así como de los titulares del Ejecutivo Federal y local.
El dirigente capitalino señaló que aprobar el dictamen en estas condiciones atenta contra el principio de representación popular que da sostén a nuestra democracia, por lo que debe recaer su integración en el voto popular, sin que pueda delegarse a otros poderes.
