Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).– En Guerrero no existen condiciones para ejercer el periodismo, de acuerdo con un informe realizado por diversas organizaciones de la sociedad civil y del gremio. Existe el riesgo que se convierta en “un estado de silencio total”, dicen.
Los profesionales de la información en la entidad se encuentran sitiados por varios frentes: por un lado, los gobiernos municipales y el estatal; por el otro, los dueños de los medios de comunicación, el crimen organizado y los actores sociales, como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Y esto pone en riesgo la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión, documentaron.
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Freedom House, Propuesta Cívica, Casa de los Derechos de Periodistas, entre otras organizaciones realizaron una misión de observación en el estado de Guerrero donde registraron que parte de la crisis proviene de los mismo dueños de comunicación al no brindar derechos laborales, ni garantías de libertad de expresión para sus trabajadores.
Sumado a los problemas que ya se arrastraban desde hace varios años, los hechos ocurridos en el municipio de Iguala en septiembre de 2014, donde fueron asesinadas seis personas y desaparecidos 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, destapó la ola de censura y violencia en contra de los reporteros.
“Durante 2014 encontramos un registro de diversas agresiones a 46 periodistas en el estado de Guerrero. […] Las agresiones registradas van desde amenazas, hostigamientos, robo a domicilios, agresiones físicas durante las coberturas informativas, secuestro, extorsiones telefónicas y el homicidio de dos periodistas”, dice el “Informe sobre la situación del ejercicio del periodismo en Guerrero, obstáculos y carencias”.
En el estado de Guerrero han sido asesinados 12 periodistas entres los años 2002-2014. Dos ocurrieron en 2014: Jorge Torres Palacios y Miguel Ángel Guzmán. El periodista Marco Antonio López del periódico Novedades de Acapulco se encuentra desaparecido desde 2011 y hasta la fecha se desconoce su paradero. La Fiscalía local informó que hasta el momento existen 20 averiguaciones previas; a estos hechos se suman las agresiones que no han sido registradas.
Durante la presentación, Pepe Jiménez de Periodistas de a Pie y observador para el informe dijo que “en Guerrero no hay condiciones para ejercer el periodismo” y advirtió que hay zonas, como en la sierra, en donde no se puede dar cobertura, por tanto se corre el riesgo que el estado se convierta en un lugar con un silenciamiento total “como en Tamaulipas”.
“Se esta cubriendo el estado de Guerrero aparentemente con normalidad, lo curioso al hacer este tipo de observaciones desde fuera, lo que podemos entender en que no se está haciendo un periodismo con la calidad que se tendría que hacer. Sin calificar si es buen o mal periodismo […]. Las condiciones no están. Por que hay una realidad, donde tú no puedes ir a Iguala, no se puede entrar a Cocula…”, informó Jiménez, y además detalló que las zonas más riesgosas son la montaña, Tierra Caliente y el puerto.
“De acuerdo con los testimonios recabados con periodistas de Chilpancingo se pudo corroborar que las agresiones de las cuales han sido objeto provienen en mayoría de los servidores públicos, destacando entre ellos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, empresas de seguridad privada, Policía Federal, Ejército mexicano, además de integrantes de la CETEG”, agrega el documento.
Durante la presentación del informe Jiménez detalló que en la entidad en gremio está “polarizado”, pues muchos reporteros son “alineados” y otros intentan hacer un periodismo crítico; sin embargo, dijo, a veces la libertad de expresión se ve coartada desde las redacciones, donde los directivos y editores deciden la línea editorial.
“Sólo en algunos casos cuentan con prestaciones sociales. Otros tienen contratos laborales temporales para evitar generar antigüedad laboral, no cuentan con capacitación en cuestiones legales o de riesgo, no cuentan con un seguro de vida, cubren horarios de 12 a 14 horas, las empresas no les proporcionan herramientas para su trabajo”, describe el informe.
Balbina Flores de Reporteros Sin Fronteras expuso que los comunicados “no cuentan con el apoyo de sus editores”. Otra problemática, dijo, se da cuando un actor político o social no está de acuerdo con una nota y ataca al periodista que sale a la calle a buscar la noticia.
En el informe se critican también los apoyos económicos por parte del gobierno local, la impunidad en las investigaciones, y la omisión por los Poderes del Estado ante la situación que atraviesa el ejercicio periodístico en Guerrero.
