Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– El mayor impedimento para que haya justicia en el caso Tlatlaya es la falta de información por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila Villegas, dijo la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre el caso, en su informe final.
También se queja de que el gobierno de Edomex, como Sedena y la PGR no proporcionaron información suficiente.
El documento presentado esta tarde, da cuenta de las reservas de información, inconsistencias, contradicciones y deficiencias por parte de dependencias y el gobierno del Estado de México.
“[La comisión] Considera notoriamente insuficiente la información aportada a este Grupo de Trabajo por parte de la Sedena, la PGR y el Gobierno del Estado de México, por lo que considera necesario hacer un respetuoso llamado a dichas instituciones para que faciliten la rendición de cuentas hacia el Poder Legislativo y atiendan sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública para la ciudadanía, en especial, a partir de la consideración de que en el caso Tlatlaya se configura un caso de violaciones graves a los derechos humanos”, dice el informe.
También dice que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “los mayores impedimentos para determinar las circunstancias de los hechos se encuentra en: la alteración de vestigios y del lugar de los delitos, presuntamente por parte de elementos de la Sedena; la tortura e intimidaciones en agravio de las víctimas sobrevivientes presuntamente por funcionarios del gobierno del Estado de México, y las deficiencias en la recolección de las pruebas, preservación de la escena, cadena de custodia, análisis pericial y otras actuaciones en las cuales presuntamente incurrieron servidores públicos del gobierno del Estado de México”.
Desde el pasado mes de marzo los legisladores habían denunciado que sólo pudieron trabajar con la información pública disponible –incluyendo investigaciones periodísticas–, lo cual, su labor, que intentaba dar justicia a las víctimas directas e indirectas en la ejecución de 22 personas el 30 de junio de 2014, queda incompleta.
“Qué puede esperar la población si nosotros como parte del Estado mexicano no tenemos derecho a la información”, dijo la Diputada y presidente da la Comisión, la perredista Elena Tapia Fonllem en una mesa de trabajo previa a la presentación de hoy.
Junto a Tapia Fonllem, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Loretta Ortiz Ahlf y Ricardo Fidel Pacheco, acusaron el 12 de marzo a la Procuraduría General de Justicia del Edomex y a la Sedena de mantener un discurso de transparencia, pero quedó entredicho a la hora presentar documentos.
“Es increíble que nosotros como servidores públicos y que estamos trabajando en el caso tengamos que recurrir al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos [IFAI] “, expresó la Diputada Loretta Ortíz Ahlf.
Luego de los hechos de aquel 30 de junio, organizaciones civiles y testigos acusaron a los militares de haber realizado ejecuciones sumarias, entre ellas las de una menor de edad.
En septiembre del año pasado la PGR consignó por homicidio calificado a tres de los ocho militares que participaron en el enfrentamiento.
De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) existen 25 víctimas de violaciones a derechos humanos en el caso de Tlatlaya; a 15 de ellas les fue violado su derecho a la vida; otros al derecho a la verdad y a la debida procuración de justicia; derecho a la integridad; seguridad personal y a la libertad sexual, derecho a la verdad, acceso a la justicia y derecho al acceso a la impartición de justicia y acceso a los derechos que les corresponden a las víctimas y ofendidos del delito. Sólo hay tres sobrevivientes.
En sus conclusiones, la comisión consideró que ni la Sedena, ni las instituciones y el gobierno local pueden sólo rendir cuentas al Ejecutivo, pues para esclarecer el caso, deben sujetarse a los demás poderes del Estado y a la ciudadanía.
Afirmaron que los elementos de la Sedena involucrados sí hicieron un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza, lo que llevó a la ejecución extrajudicial de las 12 personase ejecuciones extrajudiciales.
Los legisladores también consideran que «se esclarezcan, con estricto apego a lo establecido en la ley, las responsabilidades correspondientes en el ámbito penal, administrativo y de la disciplina militar, de los elementos que integraron la cadena de mando de la SEDENA más allá de aquellos que se encuentran bajo proceso en la jurisdicción civil, extendiéndose a aquellos mandos jerárquicos y elementos que estuvieron presentes en el lugar de los hechos del Caso Tlatlaya o que, sin haber estado físicamente presentes, tenían responsabilidad respecto a la supervisión de la actuación de estos elementos».
Además, exhortan a la PGR a que aclare públicamente, en términos de ley, «si ha iniciado las denuncias, las investigaciones penales o los procedimientos o recursos administrativos contra quienes resulten responsables por la afectación a los derechos humanos derivada de la dilación de 11 semanas para comenzar las averiguaciones previas por el asesinato de 22 personas».
La Comisión afirma que es «fundamental que el gobierno del Estado de México atienda con una perspectiva de género los presuntos actos de tortura y contra la libertad sexual de las víctimas» y que aclare las razones por las que la PGJEM no investigó acerca de la alteración de elementos y de la escena de los hechos y el desplazamiento de los cadáveres fuera de su posición original, ni se estudió la posibilidad de que pudieron haberse cometido actos de homicidio en agravio de los civiles mientras el caso continuaba siendo de su competencia.
Piden que el gobierno de Eruviel Ávila esclarezca públicamente las razones por las cuales los agentes y peritos de la PGJEM llegaron a la bodega del municipio de Tlatlaya más de seis horas después de que concluyeron los hechos, y las consecuencias de dicha dilación.
