Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– O México no entiende de derecho internacional o su propósito es desinformar y desacreditar la labor de Juan E. Méndez, Relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y así cerrar el tema de tortura en el país, informó Amnistía Internacional (AI). La organización advirtió que las respuestas del Estado mexicano sobre el informe en la materia han sido una excusa, que podrían animar a otros países a descalificar las investigaciones de instancias internacionales.
Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, criticó que el Gobierno mexicano, por medio de su Cancillería, confunda el término “sistemático” con “generalizado”, o con la expresión “ataque generalizado y/o sistemático». El activista expuso también que el Relator Méndez tuvo mucho cuidado al no usar mal los términos y que la forma en que se refirió a la «tortura generalizada» fue adecuada porque bajo el derecho internacional hace referencia a la magnitud y a la escala de los casos en México.
“Los comentarios que ha dado la cancillería están plagados de deficiencias técnicas: en el mejor de los casos se trata de mala información, en el peor de los casos de una manipulación de la información”, dijo.
Y agregó: «Ellos están interpretando. Lo pretenden hacer técnico pero están fallando incluso en sus respuestas. Lo cual hace pensar que «se trata de un pretexto».
«Lo que intenta hacer la cancillería no es cerrar el conflicto con el Relator, sino intentar cerrar el tema de la tortura en México», afirmó.
Si el Relator –dijo Quiroz– hubiese empleado el adjetivo «sistemático», bajo derecho internacional, atendería a patrones y a una política de Estado, pero no la empleó. «O no saben o intentan confundir», expresó el director de AI.
«A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque», dice el inicio del Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
Algunos expertos consultados por la agencia de noticias española EFE, informaron que el término «generalizado» causó polémica porque el caso podría ser atraído por la Fiscalía de la CPI y abrir así una investigación contra el Estado mexicano.
EL ORIGEN DEL PROBLEMA
El pasado fin de semana, Meade Kuribreña sostuvo que al igual que México, otros países no han estado de acuerdo con los señalamientos del Relator Juan E. Méndez, como es el caso de Australia y Estados Unidos. No obstante, Amnistía Internacional aseguró que no es que rechacen el trabajo de Méndez, sino que son naciones que se han empeñado en no reconocer sus violaciones a derechos humanos y han rechazado las recomendaciones de varias instancias y organizaciones civiles.
«Los argumentos que se han intentado utilizar para desvirtuar el carácter o la legitimidad del relator son inexactos. Se comparó a México con Estados Unidos y con Australia, países que no han aceptado las recomendaciones de Juan E. Méndez, pero son naciones que no cuentan con un récord bueno en materia de derechos humanos. En Estados Unidos basta ver el último reporte que publicó su Congreso respecto a lo que sucedió en cuanto a tortura […], pero tuvo que ser el Congreso quien sacó el informe especial porque Estados Unidos ha intentado descalificar y ha intentado rechazar el trabajo de muchas organizaciones y de la propia ONU […]. Australia también tiene récord en violaciones de derechos humanos, sobre todo con migrantes y refugiados […] no sólo han rechazado la labor del relator, como México lo hace», explicó Perseo Quiroz.
Y enfatizó: «Si un actor importante como México comienza a atacarlo [al Relator], otros países se van sentir con la legitimidad de hacerlo y descalificar las observaciones de la ONU».
El pasado 9 de marzo, Juan E. Méndez presentó su informe el el que destacó que en México la tortura es “generalizada” y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un “aliciente para su repetición y agravamiento”.
“El tema es ‘generalizado’ en violaciones a derechos humanos tan específicas como la tortura”, por la forma en que lo describe el relator en su informe, “parece indicar o da elementos suficientes para poder caracterizar lo que él describe como crímenes de lesa humanidad”.
El Gobierno mexicano rechazó el informe e incluso, en voz de Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo el pasado 26 de marzo que el Relator de la ONU no fue “profesional y ético”.
Un día después, el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, secundó las palabras de su subsecretario. “Suscribo todos y cada uno de sus términos”, dijo.
En respuesta, el relator envió una carta en la que afirmó que nunca esperaba una acusación “de México en ese sentido”.
Afirmó que fue “con mucho pesar” que llegó a la conclusión de que la tortura en México es generalizada. “Pero lo he hecho bajo el entendimiento de que su Gobierno me invitó a conducir una visita para realizar una evaluación sincera de la situación, no para minimizarla o presentarla bajo la mejor luz posible”, expuso.
“Hubiera sido una falta de ética de mi parte haber sucumbido a las presiones para que cambiara mi parecer (…) cuando toda la evidencia que tengo a disposición ratifica mi evaluación”, abundó.
Finalmente, el sábado pasado, la SRE emitió un comunicado donde reconoció que en el país, la tortura aún no está erradicada, aunque tampoco está extendida como aseguró el Relator de la ONU.
“Se reconoce que la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada. Esta forma parte de los retos que el Estado asume y enfrenta a diario para una pronta solución”, dijo.
