Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).– Los padres de los 43 normalistas desaparecidos están desesperados y posiblemente cometieron un error al pedirle ayuda a un narcotraficante, pero es difícil juzgarlos porque no creen en las instituciones de procuración de justicia mexicana; no les convence la verdad de la Procuraduría General de la República (PGR), dijeron expertos consultados por SinEmbargo.
El martes pasado un grupo de familiares de los estudiantes de Ayotzinapa solicitó ayuda al presunto llíder narcotraficante del cartel de "Los Rojos", Santiago Mazari Hernández, para que les explique lo que sepa sobre el paradero de sus hijos.
A través de una pancarta colocada en la ciudad de Iguala, de donde desaparecieron los jóvenes el pasado 26 de septiembre, los padres de familia le dijeron al presunto delincuente, sobre el que pesa una orden de aprehensión, que están dispuestos a encontrarse con él.
“Le pedimos de favor ayúdenos a dar con el paradero de nuestros hijos porque este mal Gobierno no ha sido serio con nosotros. Al contrario, nos ha lastimado con sus mentiras. Nosotros somos gente pobre y han pisoteado nuestra dignidad”, apunta la pancarta que colocaron los padres. “Háganos saber de alguna manera cómo puede ayudarnos. Gracias por su comprensión y esperamos que le llegue este mensaje”, añade la manta.
Los padres respondieron así a varias narcomantas en las que Mazarí se deslindó a través de narcomantas colocadas en diversos puntos de Morelos, de cualquier responsabilidad en la desaparición de los jóvenes, y acusó de ello a Federico Figueroa, hermano del cantante Joan Sebastian. Ambos provienen, según fuentes policiacas, de una escisión del cártel de los hermanos Beltrán.
Según dijo en aquellas mantas, el gobierno federal buscaba implicarlo y asesinarlo para que no se conociera la verdad en el caso de la desaparición de los jóvenes.
Martín Gabriel Barrón Cruz, profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), indicó que la solicitud de los padres de los normalistas, puede ser “muy controvertida”, pero es producto de la desesperación por no localizar a sus hijos después de seis meses de los hechos.
“Muchos podrán pensar que es un error, al final de cuentas lo que están buscando es encontrar a sus hijos. Si ellos consideran que esa es la solución ante los nulos resultados, puede ser muy controvertida esta situación, porque, ¿cómo le van a pedir a quien presumiblemente mató a los jóvenes, que les digan dónde están? Es una medida quizás desesperada, porque llevan seis meses sin saber nada”, dijo.
A pesar de que la PGR emitió su “verdad histórica” sobre los sucedido: los jóvenes fueron secuestrados, asesinados, calcinados en el basurero de Cocula y sus restos echados al río San Juan, los familiares de los muchachos no creen que esa sea la última palabra en el caso.
“No podemos juzgar lo que están haciendo los padres: podemos calificarlo como un error o no, al final ellos saben porqué lo hacen. Quieren saber qué pasó con los muchachos. No hay credibilidad por parte de los padres de familia en la investigación de la PGR”, dijo.
Barrón de la Cruz explicó que la actitud de los familiares de los normalistas, es consecuencia de la falta de credibilidad en las autoridades y en la investigación del caso. Sin embargo, los papás no son los únicos mexicanos que no creen en la instituciones.
“Uno de los grandes y terribles problemas de este país, es la falta de confianza que existe en las policías. La Encuesta Nacional de Victimización demuestra que a quienes entrevistaron no creen en el sistema de justicia del país: en primero lugar están los agentes de tránsito, luego la policía municipal, luego las procuradurías, los jueces. Esto es grave porque no hay certeza en la investigación del delito”, detalló.
LOS PADRES ESTÁN MANIPULADOS DICEN
Para José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal y abogado del Arzobispado de Guadalajara en el caso del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, los padres de los normalistas son manipulados por sus abogados.
“Están manipulados por grupos guerrilleros, realmente los están manipulado y empujando a lo imposible. Sus hijos están muertos, están incinerados, arrojados al río. Ellos pueden albergar la esperanza en el corazón, pero los están orillando con fines políticos de esta izquierda radical, que pretende desestabilizar al país y que en Guerrero no haya elecciones”, dijo.
Ortega afirmó que son los “abogados de Tlachinolla [Centro de Derechos Humanos que lleva el caso]” quienes apoyan a los familiares en su decisión de pedirle ayuda al narcotraficante.
SinEmbargo intentó comunicarse con el abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra, vía telefónica sin éxito.
“Este último hecho de buscar en 'Los Rojos' una respuesta, es una decisión lamentable. No van a encontrar nada y lo único que sucede es que cada vez se amargan más la vida. Todos sabemos que sus hijos están muertos, vivos se los llevaron y muertos están. Hay más de 92 detenidos, investigaciones en curso, si ellos quisieran buscar la vedad y justicia que presionen en la averiguación previa, no fuera de las vías legales”, indicó.
José Antonio Ortega recordó que él en el caso Posadas, se ha entrevistado con 20 narcotraficantes presos, entre ellos el Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, pero siempre frente a un Ministerio Público.
“Pueden hablar con quien quieran, pero mientras se haga fuera de las instituciones, les van a decir mentiras y todo lo que les digan, se va a quedar ahí. Los van a marear más y enredar más para seguir con sus acciones ineficaces que no los van a llevar a la justicia”, afirmó.
Martín Gabriel Barrón Cruz opinó que es poco probable que los padres estén manipulados, porque hay varias organizaciones apoyando el caso, entre ellas internacionales.
“Quizás es más el producto de un cansancio o que se esté dividendo o fraccionando el movimiento. No sabemos si los papás de los 43 están buscando Los Rojos o sólo una parte”, detalló.
Para el criminólogo de la Universidad Iberoamericana (UIA) Pablo Monzalvo Pérez en Guerrero el crimen organizado está inmerso en las actividades productivas y en la cultura de los guerrerenses.
“El estado de Guerrero es un estado donde se cultiva la amapola, los cárteles están metidos hasta en los partos de las mujeres del pueblo.Todo lo que pasó es producto de la violencia entre grupos.Muchas veces el Estado se mezcla y de ahí vienen los problemas”, explicó.
Monzalvo indicó que se trata de una “contaminación social y cultural”, que data de varias décadas atrás.
Por ello, la manta que colocaron los padres para comunicarse con el presunto líder de Los Rojos, es producto de una “ausencia de cultura, preparación y una ausencia de Estado”.
“Es muy obvio lo que está pasando. Esto de la manta es puro cuento. Hay una penetración de los grupos criminales en la sociedad y la cultura. Esto no es nada nuevo, sólo que se hace cada vez más evidente”, dijo.
