En la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, el viento corre como en pocos lugares en el mundo, por ello es el objetivo de grandes empresas que buscan generar energía alternativa como la eólica, que es la que se obtiene a partir del efecto provocado por las corrientes de aire a través de aerogeneradores de 78 metros de altura.
Este tipo de energía, que además de tener índices muy bajos de producción de Gases de Efecto Invernadero, es también una opción para que las economías petrolizadas, como la de México, dispongan de una alternativa a la extracción de combustibles fósiles.
Sin embargo, para las comunidades oaxaqueñas la implementación de estos megaproyectos ha significado, de acuerdo con sus propias palabras, «una etapa de reconquista»: las empresas, en su mayoría españolas, requieren de grandes extensiones de tierra y mar para realizar sus actividades. Los comunitarios afirman que, en «coalición» con autoridades municipales, estatales y federales, han «despojado a la gente de sus tierras», y modificado sus tradiciones, creencias y actividades económicas.
Actualmente en Juchitán se realiza un proceso de consulta para construir un parque eólico financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que desarrollaría la española Mareña Renovables. El proyecto se canceló en 2013 debido a un amparo que interpuso la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec. Hoy, bajo el nombre de la empresa Eólica del Sur, la Secretaría de Energía busca ponerlo en marcha en la comunidad de San Dionisio del Mar.
Luego de enfrentamientos entre pobladores, policías y grupos paramilitares, esta comunidad ha optado por declararse autónoma, tras haber expulsado a las autoridades municipales de la zona e implementar una policía comunitaria. Y ahora, después de que en diciembre de 2014 no permitieron que se realizaran las primeras elecciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral, afirman que el escenario podría volver a repetirse para los comicios de junio.
Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– Desde 1994, en la zona del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, se comenzó a registrar la llegada de parques eólicos en la comunidad de La Venta, municipio de Juchitán, pues de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Energía Renovable de Estados Unidos en ese año la calidad de viento de la zona era de nivel 7, cuando en el resto del mundo la tecnología sólo trabaja con nivel 5.
A partir de entonces, el Gobierno mexicano comenzó a atraer capitales que quisieran desarrollar proyectos de energía por medio del viento. Sin embargo fue hasta 2006 en que la instauración de estos proyectos comenzó a crecer de manera exponencial a otras comunidades de la región.
Actualmente, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica, en la zona existen 21 parques en funcionamiento y se espera que para 2016 haya dos más en la región.
Sin embargo, a lo largo de estos 21 años las comunidades, en su mayoría indígenas, han quedado atrás del discurso gubernamental y empresarial sobre la generación de energía verde, que pueda disminuir la dependencia económica que México tiene con los combustibles fósiles, donde el petróleo aporta 30 por ciento de los ingresos del gobierno federal.
Para las comunidades, este proceso ha representado el despojo de sus tierras, la pérdida de la comunidad, de sus formas de subsistencia, de sus costumbres y de sus creencias, por lo que han optado por una organización independiente a partidos y poderes políticos que, acusan, han recibido dinero por parte de las empresas para garantizar la entrega de las tierras.
Bettina Cruz Velázquez, vocera de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, ha señalado en diferentes ocasiones que ese es el modo de actuar de las empresas: llegan con el Gobierno –sea federal, estatal y municipal– y éste les da permisos para entrar a los territorios, con lo que las empresas compran gente, ya sean autoridades agrarias y civiles.
Además, otro escenario recurrente es que las autoridades y las empresas “sacan ventaja” de la necesidad económica de los habitantes de la zona y de las consecuencias de la marginación a la que éstos han sido sometidos durante años; “Las empresas entran, firman contratos y todo es con gente que no sabe hablar español, que no saben leer ni escribir. Esos contratos son de 30 años, que se renuevan automáticamente por otros 30 años y con la posibilidad de renovarse otros 30. Para ese periodo de tiempo esas tierras ya son de ellos, se las apropian”, denunció Cruz Velázquez.
Los 21 parques eólicos en funcionamiento están ubicados en las localidades de Juchitán, Ingenio Santo Domingo, El Espinal, Ixtaltepec, Unión Hidalgo, Ixhuatán, Tehuantepec y Salina Cruz, que actualmente albergan mil 608 aerogeneradores. Estos proyectos representan inversiones por 5 mil millones de pesos.
En entrevista para SinEmbargo, Bettina Cruz planteó que durante este periodo de expansión de los parques, la Asamblea venía interponiendo recursos legales que pudieran detener los proyectos y que se tomara en cuenta la opinión de la gente de las comunidades. Aunque la mayoría no tuvieron resultados a su favor, en 2013 se logró echar para atrás la construcción de un parque que sería construido por la empresa española Mareña Renovable que contaba con dinero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Tras la aprobación de la Reforma Energética, y ya con Pedro Joaquín Coldwell al frente de la Secretaría de Economía (Sener), el proyecto parece retomar fuerza, ahora bajo el nombre de la empresa Eólica del Sur, pero con el mismo registro del financiamiento del BID.
La Asamblea interpuso una demanda ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, ya que en sus cláusulas normativas para otorgar crédito, debe verificarse que el proyecto respeta los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta previa, la promoción del desarrollo de los pueblos y cerciorarse de que no se provocarán afectaciones a las comunidades.
CONSULTA EN APARIENCIA
De acuerdo con el Marco Internacional de Derechos de Pueblos Indígenas, las comunidades tienen el derecho a ser consultadas sobre proyectos que serán implementados en sus comunidades, pero Edmundo del Pozo del Centro de Investigación Fundar, y James Anaya, ex Relator de Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el proceso ha estado plagado de irregularidades y no ha cumplido con un objetivo básico: no ha sido culturalmente incluyente.
“Este proceso de consulta en el Istmo de Tehuantepec, se desarrolla dentro de un contexto de imposición […] No solo se está violando el derecho a la consulta, también el del derecho al territorio, a usar sus recursos naturales, su derecho a decidir sus prioridades de desarrollo. Esa gama se ha violentado por la exposición desenfrenada de estos parques que se venden con el título de energía alternativa, pero que detrás se mueve un gran negocio de quienes financian los proyectos”, comentó en entrevista el investigador de Fundar.
En noviembre de 2014, el titular de la Sener escribió para el periódico El Financiero que tras la aprobación de la Reforma Energética quedaron establecidos el respeto, la garantía y protección del derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas: “En la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de la Industria Eléctrica se plasmó la obligación que tiene la Secretaría de Energía de llevar a cabo los procedimientos de consulta previa observando de forma irrestricta los estándares internacionales en la materia, al tiempo que asegura que se realicen conforme a los principios de libertad, información, pertinencia cultural, transparencia, buena fe, acomodo y razonabilidad”, expuso.
El proceso que inició el 20 de octubre pasado quedó a cargo del Ayuntamiento de Juchitán, la Secretaría General del Gobierno de Oaxaca, la Sener, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
De acuerdo con Cruz Velázquez, en la fase informativa de la consulta no se brindó información sustancial sobre el proyecto, las ganancias económicas, los beneficios para la comunidad o sobre los impactos negativos, “en las reuniones nos hablaron sobre sus prácticas de campo y sobre la metodología de su trabajo […] no fue culturalmente apropiada; el gobierno tiene la obligación de hacerla a modo de que toda la gente entienda la información y no sólo por la lengua, sino por los términos que utilicen y la forma en que la den”.
Incluso, las reuniones a las que asistían poco más de 400 personas –de casi 100 mil habitantes en la región– se realizaron en las mismas fechas que sus festividades. Además, de acuerdo con Bettina, las fechas de las reuniones fueron anunciadas en el portal de Internet de la Semarnat: “¿Quiénes van a ir? Se supone que es una consulta dirigida a pueblos indígenas […] es una consulta sin pertinencia cultural. Incluso hay mucha gente que no sabe que se está realizando una consulta en estos momentos”.
El pasado miércoles, el comité encargado de la consulta cerró la fase informativa y pasó a la fase deliberativa, para pasar a la de toma de acuerdos, lo que representa para las comunidades que el proyecto se realizará tal y como lo presentó la empresa.
“Parece que la consulta es un mero trámite para validar o legalizar ese despojo, porque no es un proceso que pueda alterar o modificar el proyecto”, comentó Edmundo del Pozo.
El ex Relator de la ONU observó la misma situación, “otro factor que dificulta el proceso de consulta es el hecho que el proceso se trata de un proyecto cuyas características ya están definidas”.
“Llama la atención que en medio de una crisis de derechos humanos y del Estado de derecho, y ante los señalamientos internacionales de organismos como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), México diga que está tomando medidas que no han sido contempladas por estas instancias y que tienen una visión parcializada. [México] busca apaciguar con el discurso la realidad de las cosas, la exclusión social. Esto es la discriminación permanente, donde el representante de los derechos está coludido con las empresas que pueden pasar por encima todo, porque la gente parece no tener valor alguno para ellos”, enfatizó Edmundo del Pozo.
EL ISTMO CON LOS PARQUES EÓLICOS
Bettina, al hablar sobre su región antes del despojo del territorio, recordó con una sonrisa en el rostro que la región vivía en fiesta, hermandad y reciprocidad. “Antes de que llegaran los parques eólicos, Juchitán era un pueblo sumamente orgulloso de su origen indígena, de hablar nuestra lengua, de nuestra vestimenta, de nuestras fiestas, ¡somos muy fiesteros! Estos proyectos llegaron a romper la unión. Empezamos a pelearnos entre hermanos, de pueblo y de familias.
«En nuestro pueblo comíamos tamalitos de elote, iguana. Hoy, con el desplazamiento de las áreas de agricultura y ahora que quieren acabar también con la pesca, ya no existe nada. Nuestros alimentos que son parte de nuestra cultura se van perdiendo, se van encareciendo porque ya no hay donde sembrarlos, dónde recolectarlos, dónde pescarlos”, dijo la activista.
Alfredo Bravo Olivares, académico de Economía Política de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que en la región se vive un proceso de descomposición social que está generando una pugna entre los mismos pobladores, “a través de la educación moderna, las políticas neoliberales han transformado la forma en que la gente piensa, le quitan su forma de concebir sus tradiciones, su cultura y su forma de vida, sobre todo a los más jóvenes, que ya tienen una idea de vida distinta a lo que tienen sus padres y los ancianos en el campo y en el mar, que es de lo que viven. En las escuelas, muchos jóvenes están a favor de los parques eólicos, sin darse cuenta que atentan contra la forma de vida de sus padres y de las generaciones que vienen”.
Los parques eólicos tampoco han significado una fuente de empleo para la población. De acuerdo con las fuentes consultadas, este es sólo temporal y los puestos son en su mayoría, sólo para peón.
Además, la gente que es contratada es la que está afiliada a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), organizaciones apegadas a las acciones políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“La gente no tiene la preparación para darle mantenimiento a las aspas eólicas, y estas ni siquiera se fabrican en México, las compran a España, Alemania, China u Holanda”, expuso el académico de la UNAM.
Ante este panorama, resultó inminente la llegada de extranjeros a la zona, lo que ha traído como consecuencia, que los niveles de prostitución hayan tenido un aumento considerable.
“Están inundando nuestro pueblo y por lo mismo se han generado situaciones como la prostitución. Todos los extranjeros se meten con las mujeres de nuestra región, lo que es terrible. Estos hombres deslumbran a las muchachas con sus celulares, sus carros y sus laptops. No hay respeto a las mujeres”, dijo la activista.
TENSIÓN POR LA BARRA SANTA TERESA
De acuerdo con los testimonios de las fuentes consultadas, actualmente la tensión está en dos comunidades: San Dionisio del Mar y San Mateo del Mar, que son los dos únicos accesos a la barra Santa Teresa, uno de los principales objetivos de Mareña Renovable. Si una de las dos zonas cede el territorio, la maquinaria entrará sin dificultad alguna.
Ante la situación que la región vive, San Dionisio del Mar es una localidad que desde hace año y medio se ha declarado autónoma y ha declarado desconocer a toda figura política hasta que no se entable un diálogo y una consulta referente a la construcción de parques eólicos.
Erick Gil, activista y defensor de los derechos de las comunidades oaxaqueñas en resistencia, comentó que la gente, tras enterarse que la autoridad local había recibido 5 millones a cambio de las tierras, lo expulsó del pueblo y tomaron la Presidencia Municipal.
Esta comunidad en diciembre de 2014 impidió con barricadas y zanjas en una distancia de dos kilómetros la entrada del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que las primeras elecciones organizadas por la nueva figura no se llevaron a cabo. La comunidad ha planteado que el escenario de boicot se repetirá en los comicios de este año, al no estar solución a ninguno de los problemas que han planteado a las autoridades.
“En la gente hay inseguridad, no tienen una certeza de qué hacer, sin embargo, están convencidos totalmente de que este tipo de proyectos megaeólicos, no les van a beneficiar; por el contrario, saben que les quitarán su forma de vida, como lo es la pesca, porque no podrán pasar porque habrá generadores eólicos, ya dijeron que no habrá derecho de paso, ahora tendrán que caminar dos horas de trayecto para llegar a una zona en que les permitan realizar sus actividades”, comentó Gil al respecto.
Aunado a esta situación, la presencia policíaca ha aumentado, tanto de elementos que resguardan los parques, hasta presencia de grupos paramilitares. Esto se ha evidenciado ya que dentro de las comunidades que se encuentran en resistencia, han brotado pequeños focos de gente que se dice dispuesta a vender sus tierras, pero que están siendo financiadas por las autoridades con los recursos que San Dionisio del Mar dejó de recibir tras declararse autónomos.
De acuerdo con declaraciones de gente de la comunidad, el gobierno está armando a personas a las que «de un día para otro» convierte en policías, pero que carecen de preparación y entrenamiento. «En la zona hay retenes de grupos paramilitares y policíacos, todos están armados. Es una situación grave, es un choque de grupos armados e impedir las elecciones es un riesgo muy grande para la gente», concluyen los comunicados de la comunidad de San Dionisio.
